He elaborado un largo artículo (26 páginas) sobre la reciente reforma de las pensiones realizada en el marco del cumplimiento del componente 30 (Sostenibilidad del sistema de pensiones), para la percepción de recursos financieros de la Unión Europea recogidos en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.. En el artículo se analiza la situación actual del sistema de pensiones y su posible futuro con las medidas adoptadas en 2022 y 2023 contando con la valoración realizada por diversas fuentes entre las que se incluye la AIreF.
El artículo ha sido ha sido publicado por el Instituto Santa Lucía (aquí)
La reforma ha cambiado drásticamente la línea de actuación mantenida hasta la fecha en el desarrollo del Pacto de Toledo (1995) de buscar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones con un compromiso equilibrado entre suficiencia de las prestaciones y un trato igual de las personas y de las generaciones, que además ayudara o, como mínimo no limitara, el crecimiento de la actividad económica.
La reforma de 2013 permitía un equilibrio entre ingresos y gastos siguiendo la preferencia de la sociedad; en ningún caso obligaba a revalorizaciones del 0,25% anual y tampoco a mantener el gasto en torno al 12% del PIB dado que se podía conseguir el equilibrio tanto elevando los ingresos (cotizaciones o impuestos) como reduciendo los gastos.
Solo una interpretación malintencionada con claro sesgo partidista puede llegar aotra conclusión. Pensar que la única opción que se iba a adoptar con la legislación derogada era reducir el gasto muestra una calra falta de confianza en el sistema democrático (y en especial en los partidos que apoyan)
Las nuevas decisiones adoptadas por tan solo por una parte de los agentes sociales, los sindicatos, y una mayoría parlamentaria suficiente pero apabullante (179 votos a favor) se dirigen a mantener la más alta tasa de reposición de la zona euro (un 66% superior) y su posterior actualización con el IPC durante la vida del pensionista. Un loable objetivo para que sin embargo, sacrifican una parte importante de la necesaria equidad en la distribución entre generaciones de las ventajas y esfuerzos de las políticas públicas, a la vez que comprometen la sostenibilidad del propio sistema público de pensiones.
Las poca y muy deficiente información facilitada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre la metodología utilizada para realizar los cálculos y las proyecciones, permite, no obstante, cuestionar muy seriamente sus resultados al haber utilizado algunas hipótesis (casi deseos) de muy improbable cumplimiento:
- una reducción del gasto en pensiones en 1,5 puntos del PIB en 2050 por un cambio de comportamiento del 55% de los pensionistas que lo accederán voluntariamente a la jubilación 3 años después (68 años)
- una tasa anual de crecimiento del PIB del 2% real en promedio durnate el periodo 2023-2050, muy alejada de la utilizada por la AIReF en su escenario base del 1,3%, e incluso del 1,6% que incorpora como límite máximo si se realizarán reformas estructurales en el mercado laboral y en materia de migraciones.
Hay un riesgo muy alto de que el MISSYM haya infraestimado la ratio gasto en prensiones sobre PIB, la representación del esfuerzo de la sociedad mediante la transferencia que realiza a la población pensionista, que como suma de ambas hipótesis oscila entre 2,8 y 4 puntos del PIB. Da la impresión que el Ministerio ha elegido un nivel de gasto, 15% del PIB en 2050, que le era funcional a su discurso: el esfuerzo es muy pequeño y lo pagarán las rentas más elevadas.
Existen motivos sólidos para pensar que ese relato no se ajusta a la realidad, mantener con la actual estructura el sistema público de pensiones necesitará de muchos más recursos (un mínimo de 3 puntos del PIB adicionales añadidos al actual déficit en torno a 1,8 puntos de PIB), y con su fórmula los tendremos que pagar todos los trabajadores, no solo quienes tienen rentas superiores a 55.000 euros, con muy posibles repercusiones en una menor renta disponible y menos empleo.
La Comisión Europea no se ha creído las cifras del MISSYM y ha impuesto una cláusula de cierre en caso de menores ingresos o mayor gasto, que se aplicará con toda seguridad en 2025 (traslada problema hacia adelante). La norma permite aumentar ingresos y reducir gasto, pero si no se hace nada aumenta automáticamente el tipo de cotización (desequilibrio en el poder negociador de las partes)
Un aumento de las cotizaciones sociales de 2,6 pp PIB (muy posible) aumenta el coste laboral de la empresa en un 20%. Este incremento cabe considerarlo una transferencia de renta a los asalariados que limita los excesivos beneficios de las empresas. Pero si no fuera así, posibilidad cierta a la vista de tasa de desempleo y número de empresas, podría finalizar en una reducción del salario bruto (más a las tareas de menor valor añadido) y empleo, disminuyendo la remuneración de asalariados.
La reforma recae sobre todos los trabajadores, no solo sobre los ricos. Un (posible) aumento del 20 por ciento de cotizaciones sociales reduce la equidad del sistema, al pagar más para acceder a una prestación igual a la actual. Un recorte superior al cuantificada por el MISSYM al factor de sostenibilidad.
En mi opinión el sistema público de pensiones tiene que mantenerse como principal fuente de ingresos de las personas que han finalizado su vida profesional, pero se mantienen varias preguntas sin respuesta ¿cuánto dinero quiere transferir la sociedad española a los pensionistas? ¿cómo se paga y quién lo paga? ¿se conoce la distribución de beneficios y esfuerzos en toda la población? ¿hay alternativas de gasto de una parte de ese dinero mas favorables para toda la sociedad y no solo para una parte?
El analisis realizado en el documento publicado se extiende a una larga relación de variables, por este motivo es recomendable la lectura íntegra del documento, pero si no se dispone del tiempo necesaro o no se considera conveniente, a continuación se acompañan las conclusiones:
El sistema público de pensiones español se enfrenta a un reto mayúsculo derivado del intenso proceso de envejecimiento provocado por la mayor esperanza de vida y la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom.
El objetivo de cualquier sistema de pensiones es facilitar prestaciones
suficientes para afrontar las necesidades cotidianas de las personas y, por
tanto, es deseable conseguir el mayor nivel posible. Centrar, no obstante, el
debate en conceptos vagos e imprecisos como pensiones dignas y suficientes, puede
tener mucho enganche en la opinión pública, pero olvida que el sistema debe
conseguir también la imprescindible sostenibilidad financiera con un nivel
adecuado de equidad en el trato de las personas y de una justa distribución de
las ventajas y los esfuerzos en toda la población y entre las distintas
generaciones. Además, de ser funcional a la mejora de la productividad y de la
riqueza creada por una economía.
En España ha hecho fortuna entre la sociedad la idea de considerar las
pensiones como insuficientes y muy reducidas en relación con las aportaciones
realizadas. Una conclusión no ajustada a la realidad de un sistema contributivo
de reparto como el español, que paga prestaciones muy superiores al resultado
de aumentar las aportaciones realizadas con la tasa de crecimiento de la renta
en las últimas décadas, el límite que determina su sostenibilidad financiera en
el tiempo.
El acercamiento a un tema tan importante y delicado, afirmando que sin
hacer demasiados esfuerzos, el sistema es viable con su estructura actual e
incluso tiene la posibilidad de incorporar algunas mejoras en gasto; y que,
además, se puede trasladar únicamente el coste a las rentas más elevadas, ha creado
unas expectativas muy difíciles de cumplir que pueden generar consecuencias no
deseadas.
La reforma de 2013 contaba con estabilizadores automáticos que permitían
configurar un sistema público de pensiones sostenible financieramente mediante una
combinación equilibrada de suficiencia de las prestaciones y equidad personal y
entre generaciones. El equilibrio se podía lograr de forma transparente con
diferentes combinaciones de medidas de ingresos y de gasto, acomodadas a las
preferencias elegidas por la sociedad.
La derogación de la reforma de 2013 y las medidas adoptadas desde 2019 implican
un cambio drástico del planteamiento aplicado desde la firma del Pacto de
Toledo (1995), asumiendo un muy importante aumento del gasto (desde 12,3% en
2019 a uno en torno al 16,5% del PIB en 2050) para mantener la tasa de
reposición más alta de la Unión Europea en la pensión de entrada, y garantizar
su poder adquisitivo durante la vida del perceptor, buscando para ello los
ingresos necesarios para sostenerlo.
El actual episodio inflacionario está demostrando el fuerte impacto que
tiene sobre el gasto presente y futuro (15.000 millones iniciales en 2023 que
crecen exponencialmente con el tiempo), además de la injusta distribución de
los esfuerzos entre la población al proteger exclusivamente al colectivo de
pensionistas de un choque generado desde el exterior y que va a empobrecer al
resto de la sociedad.
La opción elegida implica que las pensiones absorberán cada vez más
presupuesto, reduciendo cuando no eliminando, la posibilidad de utilizar
recursos públicos en otras políticas de gasto, incluso las dirigidas al mismo
colectivo de personas mayores (sanidad, dependencia o vivienda). Una situación de
las cuentas públicas ya complicada a la vista del déficit estructural de
partida del 3,3% del PIB en 2022, que podría llegar al 7% en 2050 según la
AIReF, si no se aplican medidas correctoras.
La reforma aprobada, por otra parte, ha sido aplicada sin publicar el
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración ningún análisis
detallado de la metodología utilizada para calcular la evolución de los
ingresos y los gastos del sistema en el futuro, el potencial de crecimiento de
la economía y el efecto de una parte de las medidas adoptadas. Se trata de una
grave deficiencia en términos de transparencia que limita la credibilidad de
las decisiones adoptadas, al no ser posible replicar los cálculos supuestamente
realizados.
De hecho, hay dos parámetros, la reducción del gasto en pensiones derivada de
la jubilación demorada y la elevada tasa potencial de crecimiento del PIB, con
un riesgo cierto de infraestimar la ratio gasto en pensiones sobre PIB hasta
2050 (entre 2,8 y 4 puntos de PIB) que en última instancia, define el esfuerzo
realizado por la sociedad con el sistema público de pensiones.
La elevación inicial de las cotizaciones derivada de las diferentes medidas
aprobadas (0,9 puntos de PIB) es insuficiente para cubrir el mayor aumento de
gasto, de manera que la aplicación de la cláusula de cierre del MEI (nuevos
ingresos inferiores a 1,7 puntos del PIB y gasto superior al 15% del PIB en
promedio en el periodo 2022-2050) obligará a nuevas subidas de cotizaciones a
todos los trabajadores, no sólo a los de mayor renta. Una fórmula de cierre
incompleta sin justificación de los límites cuantitativos escogidos, que no
cubre el déficit actual y una parte de los futuros, que pueden superar
holgadamente el 3% del PIB en su punto máximo. El supuesto de cubrir un déficit
de 2,7 puntos de PIB necesitaría una elevación en torno al veinte por ciento
del tipo de cotización de 2022, cuando la cuota del empleador pagada en España
es ya muy superior a la media de la Zona Euro, y, si bien es cierto que los
costes laborales nominales españoles son inferiores a la media de estos países
(71%), también lo es la productividad por ocupado (77,6%)
Los defensores de la reforma apelan que la opción elegida de fuerte
incremento del gasto en pensiones es una opción política, ciertamente legítima
para defender el estatus quo de los pensionistas, y destacan su efecto positivo
sobre el consumo y la acumulación de la carga sobre las rentas más altas. Este ejercicio
de equilibrio parcial en términos económicos elude el posible efecto negativo
de aumentar en exceso las cotizaciones sociales, y en especial los costes
laborales de las empresas, al concentrarse mayoritariamente en la cuota del
empleador, como fórmula para compensar el aumento del gasto. Una opción que
tendrá efectos negativos sobre el empleo, muy posiblemente más en los de menor
valor añadido, el potencial de crecimiento de la economía española y la renta
disponible de las futuras cohortes de trabajadores ocupados.
El sistema de pensiones pierde contributividad al incluir cada vez mayores
transferencias de la Administración General del Estado sin contar con una
mínima metodología que permita objetivar los conceptos a considerar como gastos
impropios. El sistema si bien reduce el actual exceso actuarial, pierde en
equidad personal con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, al exigir a los
trabajadores una mayor aportación para conseguir, en el mejor de los casos, una
prestación anual como la actual.
La equidad individual empeora también con el nuevo sistema de cotización de
los trabajadores autónomos al mantener un mejor trato sobre los trabajadores
asalariados con los mismos ingresos. La equidad entre generaciones se ve
comprometida severamente al asumir un nivel de gasto significativamente
superior, que obligará ineludiblemente a mayores cotizaciones, impuestos o
emisión de deuda pública.
La
reciente Opinión de la AIReF cuestionando la sostenibilidad de las finanzas
públicas con la estructura actual, entre otras cuestiones por la posible
evolución del saldo del sistema público de pensiones, podría poner en duda el
cumplimiento del componente 30 titulado “Sostenibilidad a largo plazo del
sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo”, incluido como
hito en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia presentado ante
la Comisión Europea para percibir una importante suma de recursos
financieros.
En síntesis, la reforma aprobada apuesta por la suficiencia de las
prestaciones a costa de empeorar la equidad personal y entre generaciones. A
pesar de ello, es incompleta al necesitar de medidas adicionales en un plazo
corto de tiempo que deberán adoptar los siguientes gobiernos. Lo más nocivo, sin
embargo, es la utilización de previsiones extraordinariamente optimistas de
gasto e ingresos, muy difíciles de cumplir, que han hecho perder un tiempo muy
valioso para aplicar de forma progresiva medidas correctoras equilibradas que
distribuyan de forma más justa las ventajas y los esfuerzos necesarios entre la
población que permitan afrontar con garantías la llegada de la generación del
baby boom a la edad de jubilación a partir de 2024. Con la información
disponible sobre las cuentas públicas españolas y el peso de las pensiones en ellas,
desafortunadamente, el riesgo de asistir a un ajuste brusco y abrupto en el
sistema de pensiones no queda descartado con la actual reforma.
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