sábado, 25 de febrero de 2017

Pensiones en España desde el inicio de la crisis (2008-2016)

La actual población pensionista española supera ampliamente los diez millones de personas cuando se suman las prestaciones de la Seguridad Social y las de clases pasivas que reciben los que fueron funcionarios de las Administraciones Públicas. Así, uno de cada cuatro españoles percibe una pensión pública, que compone un porcentaje superior sobre la población con derecho a voto.

Es habitual leer y escuchar en medios de comunicación, redes sociales e, incluso en algunas intervenciones en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, valoraciones sobre la renta percibida por la población pensionista en España. Estos comentarios se localizan, sobre todo, en la evolución de las pensiones desde el inicio de la severa crisis económica iniciada en 2008. Es este, por tanto, un asunto espinoso por el elevado número de personas afectadas (beneficiarias) y la relativamente fácil capacidad de lanzar mensajes apoyados en información parcial o sesgada.


Una forma de medir la situación de los pensionistas dentro de la sociedad española es analizar su renta en relación con la renta mediana obtenida en el país, a partir de la información facilitada por la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. En ella se puede observar que en 2014, el último año disponible, las personas mayores de 65 años es el grupo de población con menor porcentaje de población por debajo del umbral de pobreza relativa, determinado por el 60% de la renta mediana del país. Tan sólo un 12,3% de los mayores de 65 años frente al 22,1% del total de la sociedad española, tienen renta por debajo de ese umbral. El porcentaje de personas mayores de 65 años con rentas inferiores a ese límite se reduce drásticamente cuando se utiliza el criterio de alquiler imputado, es decir, se tiene en cuenta la vivienda en propiedad. Bajo ese criterio, mucho más homologable para realizar comparaciones con los países de la Unión Europea, el porcentaje de mayores de 65 años por debajo de este umbral que marca la pobreza relativa, baja hasta el 6,3%, cuando el del total de la población española solo disminuye hasta el 19,5%.





Como se puede observar en los gráficos adjuntos, el porcentaje de personas mayores de 65 años por debajo del umbral de pobreza relativa, se ha reducido significativamente desde 2008 bajo cualquiera de los dos criterios de medida: 13,2 puntos y 5,7 puntos respectivamente.
La crisis ha generado consecuencias muy negativas en la sociedad española debido fundamentalmente a la destrucción de empleo, pero la población pensionista no se ha visto afectado por ella e, incluso ha mejorado su situación medida en valores absolutos y relativos.

El cambio de la renta de la población pensionista en un determinado periodo es suma de dos efectos: la evolución anual de las cuantías de las pensiones vigentes –el más utilizado habitualmente- y de las nuevas prestaciones con entrada en el Sistema que, en media se mantendrán en torno a 19 años.
Las pensiones vigentes han perdido ligeramente poder adquisitivo en el periodo 2008-2016, más en términos porcentuales (-0,94 puntos) que absolutos (-377,58 millones de euros acumulados). El resultado es consecuencia de una disminución en el periodo 2008-2012 (-2,69 puntos) y una mejora en el delimitado por 2013 y 2016 (1,75 puntos). Además, las pensiones en vigor han ganado poder adquisitivo desde 2014, momento en el que comienza a aplicar el Índice de Revalorización de las pensiones (1,65 puntos).

Evolución pensiones e IPC (tasa media anual)
ganancia/pérdida poder adquisitivo
En %
Pensiones
(% anual)
IPC tasa media anual
En %
millones de euros
2008
2,40
4,09
-1,69
-2.190,00
2009
2,00
-0,28
2,28
2.813,25
2010
2,30
1,80
0,50
989,47
2011
0,40
3,20
-2,80
-2.689,52
2012
1,41
2,40
-0,99
-1.291,28
2013
1,50
1,40
0,10
108,57
2014
0,25
-0,20
0,45
499,06
2015
0,25
-0,50
0,75
854,69
2016
0,25
-0,20
0,45
528,18
2008-2016
-0,94
-377,58
2008-2012
-2,69
-2.368,08
2013-2016
1,75
1.990,50
2014-2016


1,65
1.881,93
IPC tasa media anual: media de la tasa anual de cada uno de los 12 meses

Esta evolución del poder adquisitivo de las pensiones en vigor hay que ubicarlao en un contexto extraordinariamente difícil marcado por una caída de la actividad económica que llegó al -6,6%, una muy severa destrucción de empleo del 16,7% (3,5 millones de personas) y un elevado déficit público que llegó  a superar el 10% del PIB en 2009.
Las cosas, sin embargo, han ido todavía mejor para las pensiones cuando se incluye las entradas en el Sistema desde 2008. El Sistema de Seguridad Social paga bastantes más pensiones (+13,7%; 1,15 millones adicionales) y la cuantía media de las nuevas pensiones en 2016 también ha aumentado significativamente (+34,2% sobre la de 2008 en términos nominales; +19,6% superior en términos reales).

La suma de la favorable evolución de las nuevas pensiones y el casi mantenimiento de poder adquisitivo de las vigentes, ha implicado un aumento del gasto de la Seguridad Social de casi un 50 por ciento sobre el existente en 2008 (+49,1% nominal), cuando la renta nacional española ha crecido tan sólo el 4% en el mismo periodo. Obviamente, esta diferencia ha incrementado en +3,4 puntos la relación gasto en pensiones sobre PIB (del 8,5 al 11,9%) que mide en última instancia, el esfuerzo de la sociedad española dirigido a este grupo de población. No se puede negar, por tanto, el aumento de la transferencia de renta de la sociedad española hacia este grupo de personas. De igual forma, conocidos estos parámetros tampoco es de extrañar la aparición de un déficit dentro del componente contributivo de la Seguridad Social en el que se ubican la mayor parte de las pensiones.
La posición de la cuantía del stock de pensiones cuando se compara con los salarios medios españoles también muestra una significativa mejora de +9,6 puntos en esta etapa, hasta situarse en el 59,2% del salario medio. La mejora aumenta hasta los +12,3 puntos para las de jubilación hasta alcanzar el 68,3% del salario medio y la proporción es todavía superior para las pensiones de jubilación con origen en el Régimen General de Asalariados (77,8%) el único que aporta de acuerdo a sus ingresos reales.

Los ratios de la tasa de sustitución, así es como se denomina la relación entre la pensión media y el salario medio, son todavía mejores para las nuevas pensiones de entrada en el Sistema de la Seguridad Social porque el total de clases de pensión han mejorado 11,4 puntos hasta alcanzar el 69% del salario medio, con un avance de 14,2 puntos para las de jubilación hasta situarse en el 86,6% del salario medio. Posición aún más ventajosa todavía han alcanzado todavía las nuevas pensiones de jubilación del Régimen General de Asalariados con una tasa de sustitución equivalente al 94,3% del salario medio neto.



Alguien puede argumentar que una parte de ese avance se debe a la ralentización de los salarios. Su afirmación es cierta porque el salario medio de acuerdo a la Encuesta de costes Laborales del INE ha crecido un 11,9% nominal, pero aún así, la cuantía media de las pensiones con entrada en el Sistema han mejorado un 34,2% nominal en la etapa analizada. Por otra parte, no hay que olvidar que en un sistema de reparto como el español, son esos salarios son los que sustentan en buena parte el pago de las pensiones y, por tanto, es una relación muy a tener en cuenta. 


Como elemento de comparación internacional, conviene recordar que la tasa de sustitución de las pensiones españolas se sitúa entre las más altas de toda la Unión Europea, superando en 10 puntos la media de los países de la Zona Euro, lo que significa ser un 20% mayor en términos porcentuales. La distancia a favor de la tasa de sustitución de las pensiones españolas es todavía mayor con Alemania, ya que alcanza los 15 puntos, lo que significa que es una tercera parte superior a la existente en uno de los países más ricos de la Unión Europea (+33%).

Este repaso de cifras, totalmente por quien esté interesado en hacerlo, permite alcanzar una conclusión y una reflexión. 


La conclusión es evidente, la posición de las pensiones en España ha mejorado significativamente desde el inicio de la crisis. Una evolución que hay que valorar más positivamente si cabe a la vista de las dramáticas circunstancias en las que se ha desenvuelto la economía española desde el segundo trimestre de 2008. No es cierto, por tanto, que las pensiones españolas hayan sufrido pérdidas o maltrato sino todo lo contrario han recibido un trato muy favorable.


Como reflexión, el planteamiento a futuro en un escenario de envejecimiento de la población debería encontrar un equilibrio en el que la suficiencia de la cuantía de las pensiones no condicione la del resto de las rentas, porque si a éstos últimos se les exige una cantidad excesiva de su renta para financiar las pensiones, se incurriría en un grave problema de pérdida de equidad (solidaridad) entre generaciones incumpliendo otro de los objetivos marcados en nuestra Constitución cuando se habla de pensiones.



[1] Tasa media anual del IPC.

martes, 27 de septiembre de 2016

Desigualdad en el mercado laboral español en un escenario global

He participado recientemente en el Encuentro internacional de políticas de desarrollo organizado por la Fundación Mujeres por África y la Fundación Areces (27 y 28 de septiembre) en el que se trataron asuntos relacionados con la desigualdad.

La excesiva desigualdad es un elemento que no solo pone en peligro la convivencia de las personas, cuestión suficiente para tenerlo muy en cuenta, sino que además limita las posibilidades de crecimiento de las economía y el desarrollo de las sociedades.

Mi (corta) intervención versó sobre la desigualdad en el mercado laboral español y en ella intenté en primer lugar elegir alguna de las muchas perspectivas de análisis. A continuación describí la grave situación española marcada por la destrucción de 4 millones de empleos por la crisis, pero también por la excesiva temporalidad y rotación, para después señalar algunas de las causas que la han provocado.

Es muy habitual identificar el proceso de intensa globalización como una de las principales causas que explican el incremento de desigualdad, al haber perjudicado a los antiguos trabajadores industriales de los países ricos y aquellos puestos de trabajo menos cualificados. El mayor uso de la tecnología ha profundizado el problema de éstos últimos. El famoso gráfico del elefante de Milanovic puede ser un resumen de esta perspectiva. No hay que olvidar, sin embargo que este proceso de globalización ha tenido millones de beneficiarios en los denominados países emergentes, sobre todo, de Asia y América Latina. Una consecuencia que ha reducido drásticamente la desigualdad a nivel mundial. El reparto de poder decidido en Bretton Woods (1945) ha saltado por los aires desde la legítima posición de querer mejorar de la mayor parte de la población mundial.

Por otra parte, tampoco hay que olvidar que a pesar del empeoramiento en el reparto de la nueva renta, los ciudadanos de los países ricos están situados en su mayoría en la decila de mayor renta a nivel mundial (posiblemente más cerca del 5% de los más ricos), al igual que en los países desarrollados también ha habido beneficiados, más allá del 1% más rico del país, por la mayor remuneración del trabajo más cualificado.

El problema estriba que la sociedad de los países avanzados (ricos) no han metabolizado este cambio y mantiene el planteamiento de que es posible acceder a bienes y servicios muy baratos mientras que se remunera mucho y bien su trabajo (y beneficio de la empresa). Una ecuación muy difícil de mantener.

Hay consenso en señalar el elevado desempleo como la causa principal del aumento de la desigualdas en España, de manera que la solución pasa por crear empleo en un escenario de mayor competencia global. La relación de medidas es extensa pero en la intervención me centré en las deficiencias del mercado de trabajo.

El mercado laboral español tiene sus propias deficiencias históricas que se han abordado de manera muy incompleta al manejar un diagnostico erróneo. Las decisiones tienen un déficit de hecho económico (sostenibilidad del aparato productivo) y un exceso de garantismo jurídico, que a diferencia de lo que pretenden sus defensores perjudica la estabilidad en el empleo de los trabajadores y el reparto más equilibrado de la renta. El marco laboral español tiene demasiadas normas generales (que no se cumplen) y un grave déficit de negociación colectiva, para conseguir más flexibilidad interna que permita la sostenibilidad de la empresa, mayor estabilidad en el empleo y una distribución de la renta más equilibrada.

En este terreno se echa de menos una mayor implicación de sindicatos y Patronal concentrando todos su recursos en esta materia.

Por otra parte, la falta de definición de una causa económica creíble para las partes, es decir que no derive casi obligatoriamente en el uso de los despidos improcedentes, es una limitación muy grave que por lo menos explica parcialmente, el abuso de la temporalidad.

La composición de un salario variable suficiente que fluctúe con el ciclo económico y de inversiones permitiría conseguir un elemento de ajuste casi automático de los costes laborales, para evitar la habitual reducción de empleos a la que asiste la sociedad española con la llegada de las crisis. La relación obviamente debe ser simétrica en los momentos malos y buenos del ciclo y, el agotamiento de ese colchón podría considerarse la causa económica antes de aplicar un despido.

La pregunta sobre un potencial desequilibrio en la distribución de la renta a favor de los beneficios empresariales está continuamente en la cabeza de los trabajadores, por eso la negociación colectiva al aumentar la transparencia en la información y la participación de los asalariados en la empresa puede reducir el conflicto que siempre subyace en el proceso de asignación de la renta.

Estos cambios en la negociación colectiva junto con las debidas inversiones en aquellos factores son más influencia sobre el valor añadido de los productos, pueden y deben estar acompañados por aportaciones de la sociedad (vía impuestos) para asegurar unos ingresos mínimos a los trabajadores.
Algunas ocupaciones de bajo valor añadido no generan suficientes ingresos para pagar una cantidad mínima de salario y permitir la supervivencia de la empresa. Si queremos que existan esos trabajos habrá que buscar la solución, desde la consciencia del peligro que supone una medida como esa en una sociedad como la española en la que todavía hay demasiada picaresca.

El reto de reducir la desigualdad es enorme porque es muy complejo. Se trata de preservar y potenciar los avances en la reducción de la desigualdad a nivel mundial a la vez que se limita la brecha a nivel personal. Desafortunadamente (o puede que sea por el mal desempeño de la política), falta mucha pedagogía para afrontarlo desde una visión global construida desde la coherencia. Como tema complejo no puede tener soluciones sencillas. Sí tiene, desgraciadamente, soluciones simples que invaden cada vez el terreno de la política. Son soluciones populistas que, de una forma u otra, se sustentan en la vuelta al proteccionismo apoyándose en economías cerradas que no son solución a medio plazo para nuestros países pero además, limitaría el fenómeno redistributivo a nivel mundial. En este sentido es curioso observar que posiciones de izquierda radical conviven con las más de derechas para reclamar escenarios parecidos.  

Aquí podéis encontrar mi presentación en power point del citado Encuentro sobre un tema básico para determinar la primera distribución de la renta: las desigualdades en el mercado laboral.


jueves, 21 de julio de 2016

La financiación del sistema público de pensiones español ante el reto del envejecimiento

Las pensiones son un tema objeto de continuo debate en la mayor parte de las sociedades avanzadas (en el resto no lo son porque no tienen pensiones o son muy reducidas en cobertura y cuantía). El progresivo agotamiento del Fondo de Reserva desde los 66.814 millones de euros disponibles en 2011 a los 23.000 actuales, sirve de enganche para escuchar en España muchas opiniones en los medios de comunicación y en la redes sociales sobre este tema, aunque siendo estrictos, la mayor parte de ellas suelen manejar conceptos muy simples y tienen un claro sesgo ideológico del opinador o, más bien, están muy condicionadas por la cercanía a uno u otro partido político.

Los recursos del actual Fondo de Reserva difícilmente superarán diciembre de 2017, porque para que fuera de otra manera habría que reducir las actuales pensiones o conseguir bastantes ingresos en poco tiempo. El déficit en el presente año, 2016, se situará alrededor del 1,5% del PIB, pero lo que es más importante la recuperación del ciclo económico difícilmente lo reducirá por debajo del 1,1% del PIB. Se lee en algunos foros que si recuperamos el nivel de empleo anterior a la crisis, se conseguirá enjugar el déficit. La realidad dice que a corto plazo, la respuesta es negativa por varias causas. 

En primer lugar, la producción potencial española no va a permitir alcanzar el nivel de empleo de 2008 porque como es conocido estaba apoyado en una burbuja que nos lleno de deuda a familias y empresas. Lo lógico es no ser capaces de crear una estructura productiva alternativa en tan poco tiempo. Los cálculos de los expertos (recomiendo seguir los trabajos de la AIReF) sitúan el cierre del output gap en 2018, es decir en ese momento la economía española alcanzará su nivel potencial de producción (renta) ajustado a sus posibilidades reales. De manera que a partir de este momento será mucho más complicado incluso mantener una tasa de crecimiento anual del 2% real si no se introducen cambios significativos en la forma de funcionar de la economía española. En este escenario se puede aspirar a crear un máximo de 2 millones de nuevos empleos en 4 años, pero teniendo en cuenta una cosa importante: como el crecimiento del PIB está limitado, a mayor cantidad de empleo menos productividad y, por tanto, menor capacidad de asignar renta a los factores productivos (explicación más detallada aquí). La relación entre ambas variables nos dirige a la segunda causa ¿se puede crear el mismo empleo con salarios más altos? Puede que en alguna empresa la respuesta sea afirmativa, al suponer que la asignación al excedente empresarial es excesivamente alta, pero se abre una seria duda sobre la generalización de esta afirmación. Aunque solo sea porque si se reduce el excedente empresarial, se limita también la posibilidad de realizar las inversiones necesarias para mejorar la empresa y crear más empleo de más valor añadido. De esta forma, es bastante complicado esperar un fuerte crecimiento de los nuevos salarios que les puedan situar en el nivel pre-crisis (recordar que en 2008 teníamos un déficit de balanza de pagos del 10% del PIB).

La suma de ambas causas permite pensar que los ingresos por cotizaciones no van a crecer al ritmo suficiente para cerrar a corto plazo el actual déficit del sistema contributivo de pensiones. Entre otras cuestiones, porque el gasto de éstas va a crecer como mínimo al 3% anual por el doble efecto del mayor número de pensionistas y la más alta cuantía de las entradas sobre las que se dan de baja por fallecimiento. Es decir, que la recaudación por cuotas debería crecer a una tasa anual superior a ese 3%, algo difícil de conseguir con las sendas de crecimiento del PIB mencionadas, para recuperar el terreno perdido. Se puede apelar a la inflación para conseguirlo, pero hay que ser conscientes que esa posibilidad implica más gasto en pensiones o una pérdida de capacidad adquisitivo de las ya existentes.

El sistema de pensiones ha incorporado recientemente dos amplias y profundas reformas (2011 y 2013) que combinaban cambios paramétricos para fortalecer su contributividad aunque tendrán su efecto pleno cuando finalice el largo periodo transitorio aprobado (2023), con cambios estructurales en su funcionamiento (Índice de Revalorización anual de las pensiones). Estas reformas, en mi opinión son básicas para reforzar el sistema público de pensiones, en especial para garantizar su sostenibilidad financiera a largo plazo y porqué no decirlo, fueron centrales para evitar un posible default generado por la pérdida de confianza del sector público español ante terceros. Con la actual normativa, la preocupación por cobrar la pensión debería ser mucho menor, pero queda pendiente dar solución estable al grado de suficiencia de las prestaciones (con un muy alta tasa de reposición en la actualidad en comparación con los países avanzados de Europa) y la eficiencia del sistema de pensiones dentro de la economía española (hay que conseguir una senda de crecimiento sano sin trasladar al futuro cargas excesivas).  

De esta forma, el actual déficit del sistema de pensiones obliga a completar las reformas con más medidas que se deberían plantear en un horizonte a corto, medio y largo plazo. La ponencia que he presentado recientemente en el II workshop sobre pensiones y aseguramiento organizado por la Universidad de Barcelona (ver aquí) analiza con detalle la actual situación, la influencia de las últimas reformas aplicadas y, por último, plantea un abanico de posibles soluciones con sus ventajas e inconvenientes.  

El reto no es fácil porque como planteo en el documento, la sociedad española se enfrenta a una circunstancia excepcional de carácter coyuntural en el tiempo: la llegada de la generación del baby boom a la jubilación, cuando las cuentas públicas españolas no han alcanzado todavía la necesaria consolidación estructural (el déficit puede finalizar el año en torno al 4,1% del PIB). La importancia del asunto, al afectar a millones de personas, obliga a disponer de toda la información para poder planificar el futuro, por eso buscar una solución estable en el tiempo debería ser un tema de obligado consenso en el marco del Pacto de Toledo.

Una última cuestión, los sistemas de capitalización no son ajenos al reto del envejecimiento y un hipotético escenario de bajo crecimiento económico, más al contrario, deben añadir un riesgo adicional a los ya conocidos (más detalle en los dos primeros capítulos de este libro).    






jueves, 12 de mayo de 2016

Influencia de las pensiones públicas en la desigualdad en la distribución de la renta (participación en el 2º Informe sobre desigualdad de la Fundación Alternativas)


La severa crisis económica iniciada el segundo trimestre de 2008 ha tenido consecuencias graves en términos de desigualdad en la distribución de la renta entre la población española. Una parte fundamental ha sido originada por el aumento del desempleo, pero también es interesante conocer hasta que punto las políticas públicas han sido capaz de influir en su evolución mediante la redistribución de la renta primaria realizada por el mercado. 

Con fecha reciente la Fundación Alternativas ha publicado su 2º Informe sobre desigualdad en España en el que se continua la línea de trabajo iniciada con el Primer Informe publicado en 2013. En el presente Informe se recoge un análisis pormenorizado la evolución de las diferentes políticas públicas. Tal y como recoge el Prefacio del Informe: 

"Para ofrecer una visión comprehensiva de los problemas de equidad en cada política se encargó a diferentes especialistas, buenos conocedores de las distintas parcelas abordadas, distintos tipos de análisis. Cada política se analiza combinando las aproximaciones técnicas especializadas con visiones más sociopolíticas, ofrecidas por diversos expertos del mundo académico y de la sociedad civil. Por esa razón el Informe incluye, en cada política analizada, una perspectiva más técnica y otra más propositiva y de carácter político. Se trata de aproximaciones plurales, no siempre coincidentes, que pretenden abarcar diferentes tipos de juicios sobre la viabilidad y deseabilidad de las políticas analizadas. El Informe no aspira, por tanto, a dejar cerrada la discusión sobre los efectos de las políticas y sus posibles reformas sino a ofrecer una amplia panorámica de los elementos en juego desde la visión crítica de algunos de los principales especialistas en el análisis económico de las políticas de gastos e impuestos."

Me satisface mucho haber podido participar en este trabajo con la elaboración del apartado 1.1. Influencia de las pensiones públicas en la desigualdad en la distribución de la renta en España. En este capítulo, después de realizar algunas precisiones metodológicas importantes, alcanzó algunas conclusiones sobre la influencia del sistema español de pensiones sobre el grado de desigualdad de los ingresos.

Una cuestión de suma importancia recogida en el capítulo que he escrito tiene que ver con la forma de medir la incidencia de las pensiones sobre la redistribución de la renta. Se pueden utilizar dos métodos. El más más habitual parte del hecho que el beneficiario de la pensión no tiene ninguna renta y, por tanto, todo el gasto público dirigido a esta política modifica la asignación inicial de recursos. El gasto anual en pensiones se considerada un aumento neto de la renta de los preceptores fruto de una transferencia de los trabajadores ocupados. Este enfoque teórico, le atribuye a las pensiones un intenso efecto redistributivo sobre la renta inicial de la población, posterior a la primera asignación realizada por el mercado y que modifica el mayor o menor grado de desigualdad generado en este estadio. Esta forma de ver las pensiones les confiere el mayor protagonismo en el proceso de redistribución de la renta en España, por su gran magnitud (12% del PIB en 2014) y su gran peso dentro del gasto público dentro del presupuesto público español (27% del total). 

La conclusión, sin embargo, cambia cuando se adopta un enfoque distinto que asocia el origen de la pensión con el pago de la aportación del trabajador durante toda la vida profesional (cuota por contingencias comunes). Este enfoque concuerda con la práctica de incluir la aportación vía cuotas, tanto el componente del trabajador como del empleador, dentro de la remuneración de asalariados en la distribución factorial de la renta calculada con el criterio de Contabilidad Nacional. Desde esta perspectiva, la pensión es el retorno del ahorro individual canalizado en un sistema de gestión colectiva (salario diferido) que, permitirá al trabajador mantener durante la jubilación de un porcentaje de la renta percibida durante la vida profesional activa, mayor o menor, según sea la tasa de reposición (prestación definida en cada momento temporal). La pensión total recibida en los años de percepción representa en última instancia la suma de las aportaciones realizadas y una tasa de rentabilidad determinada por el crecimiento de la renta del conjunto de la sociedad.

Desde esta perspectiva, los recursos dirigidos a las pensiones contributivas del sistema público de reparto no deberían en un sentido estricto considerarse parte del proceso de redistribución personal de la renta en cada ejercicio y, por tanto, tampoco cabría considerar su influencia en un hipotético cambio en el grado de desigualdad dentro de esa distribución, sino de un ejercicio de solidaridad entre generaciones (proceso intertemporal). En este orden de ideas, la mayoría de las teoría de la Hacienda Pública reconoce la diferencia entre cuotas sociales e impuestos. De no reconocerles el carácter de salario diferido a las cuotas sociales, se da por válida la calificación alternativa de impuestos sobre el trabajo otorgada desde algunos sectores de opinión, con lo que se olvidaría su carácter de renta individual no consumida, con un destino específico en el futuro. 

De acuerdo a esta última forma de medición, la función redistribuidora de las pensiones públicas españolas estaría limitada al efecto de los complementos por mínimos y de las pensiones no contributivas.

Espero que el contenido del capítulo pueda ser útil en el obligado debate que se debe realizar sobre el futuro de este importante instrumento del Estado del Bienestar.




martes, 3 de mayo de 2016

Para valorar evolución ingresos y gastos de las AAPP desde la crisis, mejor utilizar 2007-2015

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado recientemente los datos consolidados de ingresos y gastos del conjunto de las Administraciones Públicas para el ejercicio 2015. Entre otras cuestiones interesantes, nos permite saber que los ingresos crecieron más que los gastos (2,9% vs 1,2% nominal) y que la evolución de ambos fue inferior al crecimiento de la actividad económica, es decir, del PIB (3,8% nominal). Como consecuencia de esta diferente evolución, los gastos fueron equivalentes al 43,3% del PIB (perdiendo 0,8 pp sobre la relación del año anterior), mientras que los ingresos se quedaron en el 38,2% del PIB (perdiendo 0,4 pp sobre la relación del año anterior). 

El crecimiento de los ingresos se apoyó en los impuestos sobre la renta (4%) y en los que giran sobre la producción y las ventas (4,7%), mientras que la recaudación vía cuotas presenta un peor resultado (1,7%) debido fundamentalmente al descenso de las cuotas pagadas por los beneficiarios de las prestaciones por desempleo (-14%) y en menor proporción por la reducción de pago sobre los primeros 500 euros de base de cotización en los nuevos contratos de carácter indefinido. Se nota también el impacto de los inferiores salarios de los nuevos contratos pero es inferior al de los factores anteriores.

La evolución del gasto en 2015 se apoya en un crecimiento del consumo público, es decir, de la remuneración a los empleados públicos (3,3% nominal) y los consumos intermedios (2,6% nominal) y de las inversiones (5,8%). En contrapartida se gastó menos en intereses (-6,1%) y en prestaciones por desempleo, de ahí el descenso del gasto en prestaciones sociales en dinero (-0,2%) a pesar del crecimiento del gasto en pensiones (3%).

La evolución del gasto público en 2015 no se puede tildar de restrictiva y la de los ingresos tampoco, de manera que se puede decir que ha mantenido una posición neutral tirando a ligeramente expansiva.

El menor volumen de ingresos obtenido sobre los gastos ejecutados, ha significado incurrir en 2015 en un déficit equivalente al 5% del PIB (-54.965 millones de euros), sin tener en cuenta las ayudas financieras contabilizadas (0,1% del PIB) al considerar como incobrables una parte de los recursos dirigidos a sostener a las cajas de ahorros. 



El saldo negativo fue inferior al del año anterior (en 0,8 pp del PIB) pero fue superior en el mismo porcentaje sobre el objetivo marcado por el Gobierno y pactado con la Comisión Europea (4,2% del PIB). La  desviación se puede limitar en 0,2 pp del PIB si se tienen en cuenta unos gastos considerados extraordinarios y que por tanto, no se deberían repetir el próximo año.La Administración Central concentra el mayor porcentaje de déficit (-2,6% del PIB), seguida de las Comunidades Autónomas (-1,7% del PIB) y de la Seguridad Social (-1,3%), mientras que las Entidades Locales alcanzaron un superávit por cuarto año consecutivo (+0,4% del PIB).


A la vista del resultado en el saldo presupuestario, se echa de menos la pérdida de recaudación incurrida por la bajada del IRPF e Impuesto de Sociedades, que probablemente ha incentivado el ritmo de actividad pero también posiblemente no era una medida necesaria a la vista de los factores favorables que impulsan la demanda interna y, sin embargo, hubiera permitido avanzar en el proceso de consolidación fiscal.




La información disponible en el Ministerio de Hacienda nos permite conocer lo sucedido el año pasado en los grandes epígrafes que componen los recursos y los empleos de las administraciones públicas, pero además, permite comparar el resultado con algún otro momento histórico que nos pueda resultar interesante

En esta elección se apuntan diferencias que dan como resultado conclusiones muy distintas. Como ejemplo la evolución del gasto en el periodo 2009-2015 refleja una importante caída en el nivel de gasto cualquiera que sea la fórmula utilizada, de forma que permite obtener la conclusión de que se ha procedido a un recorte muy importante de los recursos públicos en la economía española. 

Cabe, sin embargo, no compartir por varios motivos el uso de 2009 como punto de referencia para la comparación de la evolución, sobre todo del gasto público:


Por estos motivos es más útil en mi opinión analizar la evolución de los ingresos y gastos públicos desde 2007, porque fue en ese ejercicio cuando la economía alcanzó su punto más elevado de actividad y, por tanto, era capaz de generar más renta (aunque como hemos comprobado posteriormente una parte se correspondía a una inmensa burbuja de crédito). De hecho si se quiere comprobar la evolución del sector público desde el inicio de la crisis la etapa elegida debe ser 2007-2015. De hecho, en ese momento las críticas sobre la dimensión y funcionamiento del sector público eran moderadas.


El gasto del conjunto de las administraciones públicas ha aumentado en 4,3 puntos del PIB desde 2007 a 2015. Para alcanzar este resultado hay comportamientos dispares de los grandes epígrafes que lo componen. Las prestaciones sociales percibidas en dinero han aumentado sensiblemente su gasto (+4,3 pp del PIB fundamentalmente debido a las pensiones aunque un parte corresponde a las prestaciones por desempleo), al igual que los intereses pagados para financiar la deuda pública en circulación (1,5 pp del PIB) y la remuneración de los empleados públicos (+1 pp del PIB). En contrapartida, la inversión han caído mucho (-3 pp del PIB). 

Las cifras en euros constantes de 2015, es decir, después de deducir el efecto de la inflación, muestran que las inversiones han sido el epígrafe donde se ha concentrado la disminución del gasto en la etapa 2007-2015 (-39.124 millones de euros;-54,8% sobre 2007). El segundo epígrafe más afectado han sido los consumo intermedios (-4.575 millones de euros; 7,5% sobre 2007) y la remuneración de los empleados públicos le sigue con un descenso bastante inferior (-2.097 millones de euros; -1,7% sobre 2007). 

Los datos muestran que el gasto dirigido al pago de salarios de los empleados públicos ha permanecido casi constante en la etapa 2007-2015, otras cuestión bien distinta es si la distribución entre empleo y salarios es la más adecuada y, sobre todo, si se han introducido cambios entre administraciones y sectores de actividad.


El gasto público real computado como valor añadido ha disminuido un 8,1% desde el inicio de la crisis, pero el 85,4% se ha concentrado en las inversiones. Las prestaciones sociales percibidas en dinero han mejorado significativamente sus recursos (+31.173 millones de euros; +22,4% sobre 2007), al igual que el pago de intereses (+14.131 millones de euros; +74,4% sobre 2007).

Los ingresos, sin embargo, han caído 2,7 pp del PIB en el etapa 2007-2015. La mayor parte se concentra en los impuestos que giran sobre la renta de las personas y las empresas (-2,6 pp del PIB) con una menor aportación de las cotizaciones sociales (-0,4 pp del PIB). En sentido contrario, los impuestos sobre las ventas y la producción han aumentado su recaudación (+0,5 pp del PIB) como consecuencia de las abultadas subidas en los tipos de gravamen del IVA e Impuestos Especiales (el aumento en el IRF ha sido revertido en 2015). 

Una perspectiva mejor para valorar el impacto de los cambios sobre la población es observar el gasto por habitante después de deducir el impacto de la inflación, que si bien en los últimos años es nulo, no fue así en los primeros de la crisis, entre otras cuestiones como consecuencia de las subidas de los impuestos indirectos. 

El gasto público por habitante en 2015 fue muy similar al de 2007 medidos ambos en euros de 2015 (11.795,40 vs 11.931,30; -1,1% real) (Nota 1). El gasto por habitante en 2015 es por tanto similar al de 2007 aunque se dirige a cosas diferentes. A la vista de los datos por epígrafes, el gasto en inversión por habitante es mucho menor que en 2007 (Nota 2), se gasta más o menos lo mismo en remuneración de los empleados públicos y, sobre todo, se gasta más en pensiones. 


El gasto por habitante medido en euros constantes, por tanto, es similar al de 2007 pero esta comprobación estadística no significa que se gaste de forma eficiente y tampoco que se haga con la suficiente equidad. De igual forma, conviene no olvidar que la comparación de los ingresos públicos españoles con la media de la Zona Euro muestra una muy sensible diferencia a la baja en contra de España (en torno a 8 pp del PIB).

Cada persona tiene su modelo social y económico que incluye el grado de presencia del sector público y el patrón redistributivo de la renta y los esfuerzos. El debate público debe colaborar a la elección de uno concreto que sea apoyado por la mayoría, si es posible apoyado en la mejora de la eficiencia con un grado de equidad determinado y medible en la práctica. Pero para realizar este necesario proceso sería importante partir de un diagnostico adecuado de la situación. Elegir la comparación con el año 2009 para valorar la actual situación de los ingresos y gastos públicos no creo que sea la mejor elección.



NOTAS
Nota 1. La comparación de los importes nominales daría un incremento bastante abultado (+11,1%)

nota 2. La inversión en 2007 parece excesiva al ser muy superior a la media de la Zona Euro y probablemente la actual es demasiado pequeña.



domingo, 27 de marzo de 2016

Por qué es muy difícil que la tasa de desempleo española baje del 15% en 2019

El fuerte aumento del desempleo hasta alcanzar los 6,3 millones de personas sin trabajo remunerado en el 1t de 2013, ha sido el principal peaje que ha pagado la sociedad española por la gravísima crisis iniciada en 2008 como consecuencia de la burbuja inmobiliaria y de crédito generada desde 2000 a 2008.
La creación de 678,2 miles de empleos en el último año (EPA) ha sido una buena noticia, pero el número de personas sin empleo sigue siendo aterrador: casi 4,8 millones, el 20,9% de la población activa buscaba pero no tenía ocupación remunerada. Por eso, el desempleo sigue siendo el principal problema de la economía y de la sociedad española y, es lógico que ocupe el frontispicio de los programas de los partidos políticos que quieren gobernar el país en los próximos cuatro años.

Lo ideal sería pensar que es posible crear tantos puestos de trabajo cómo sean necesarios para acabar con esa lacra, pero en la práctica existen límites, siempre y cuando no se modifiquen condiciones estructurales en nuestra economía o, se incurra en inconvenientes no deseados. Por eso hay que evaluar con cuidado las promesas electorales.

Un sencillo repaso a la teoría económica nos puede ayudar en este ejercicio. La mejora de la actividad económica, es decir, el aumento del PIB de un país, se distribuye entre el nuevo empleo y la productividad. No es una imposición o capricho de quien escribe esta entrada, es así porque:

La productividad por ocupado = Valor de la producción (PIB) / nº de trabajadores.

Despejando, el PIB = Nº de trabajadores * productividad por ocupado

Como queremos saber qué pasa con un incremento anual del PIB, lo que está multiplicando pasa a ser una suma y nos encontramos con:

∆PIB = ∆Empleo +  ∆productividad del trabajo

De esta forma, como había comentado antes, un aumento de la actividad económica, del PIB, se distribuye entre el nuevo empleo y la mejora de la productividad de la economía. Como ejemplo, el crecimiento del PIB de 2015 en términos reales (3,2%) se ha dirigido mayoritariamente al empleo (3%) y muy poco a la productividad (0,2%). Estamos, por tanto, ante una noticia buena, se ha creado bastante empleo (521,9 miles equivalentes a tiempo completo) reduciendo la tasa de de paro en 2,4 puntos, pero como contrapartida, ha el proceso ha estado acompañado de una baja productividad. Así, después de pagar el nuevo empleo queda muy poca renta para remunerar a los factores productivos existentes, es decir, para pagar más a las personas que ya tenían empleo y al capital utilizado para generar la renta. El aumento de su renta en 2015 se debería haber limitado a ese 0,2% (la inflación fue el 0%), siempre que no se modifique la distribución de la renta existente hasta ese momento. Un conflicto eterno, el de la distribución de la renta, que trataré después.

Retomemos antes la pregunta inicial sobre cuanto empleo se puede crear. La primera cuestión a dilucidar es cuánto puede crecer la economía española en los próximos años. Bueno, siempre cabe apostar por la cifra más alta posible, como por ejemplo volver a las tasas de crecimiento la última etapa expansiva (tasa anual del 3,5% anual medido en términos reales, es decir, después de deducir el deflactor). En la práctica, sin embargo hay restricciones derivadas de nuestra oferta productiva. Tus La capacidad de las empresas de producir y de vender los productos (privadas o públicas) determinan tu crecimiento. De este modo, la mayor parte de los expertos coinciden en no esperar un crecimiento superior al 2% anual real sin incurrir en graves desequilibrios (crecimiento potencial), tal y como como, desgraciadamente hemos comprobado en nuestras carnes con la actual crisis (deuda y paro). No se trata solo de crecer, sino de hacerlo de forma sana y equilibrada. De este modo cuando se acabe la recuperación cíclica en la que estamos inmersos, aproximadamente en 2018, es bastante difícil asistir a un crecimiento superior al 2% mencionado (real), salvo si se pudieran acumular muchas inversiones productivas o se aplicaran cambios drásticos en el funcionamiento de la economía española. Ambas cosas difíciles de conseguir a corto plazo, porque en la práctica es más difícil hacerlo, que repetir como un mantra, la necesidad de cambiar el tejido productivo hacia un modelo de mayor valor añadido. En este caso, repetir un deseo no lo convierte en realidad, hay que tomar muchas decisiones difíciles y, además, asumir el tiempo necesario.



Un escenario optimista a nivel nacional e internacional -no fácil a la vista de los principales factores que dominan la actual situación- permitiría a la economía española un crecimiento medio anual del PIB en torno al 2,6% real en la etapa 2016-2019. Caben infinitas distribuciones entre empleo y productividad, pero con una tasa de desempleo tan elevada, sería lógico elegir la opción intensiva en empleo. Una creación anual de la ocupación del 2,3% permitiría crear aproximadamente 1,7 millones de nuevos empleos en los próximos cuatro años, rebajando la tasa de desempleo hasta el 15%. Esta opción, no obstante, significa que 3,3 millones de personas todavía no tendrían ocupación dentro de cuatro años. 

La otra cara de la moneda, obviamente, de esta opción es asumir un bajo crecimiento de la productividad por ocupado (0,3% anual real a la que se debe añadir el correspondiente deflactor) y, por tanto, disponer de poca renta nueva para repartir entre los factores de producción: trabajadores y capital. Algunos dirán que esa restricción se puede salvar a favor de los primeros y, que los salarios pueden crecer más modificando la actual distribución porque el capital, según su opinión, se queda con demasiada parte de la renta. Puede que tengan razón en algunos casos, pero antes de tomar la decisión deberían tener en cuenta que la parte de renta dirigida al capital, denominada excedente bruto de explotación, debe servir en primer lugar para reponer la maquinaria e instalaciones gastadas en el proceso de producción y también para realizar las nuevas inversiones, imprescindibles para aumentar la productividad en el futuro próximo. No todo, por tanto, son beneficios distribuidos a los propietarios del capital. Esta retribución, por otra parte, es también necesaria siempre que se haga con un criterio razonable, no sólo porque es un premio al ahorro previo realizado (y no todos los accionistas son personas ricas de solemnidad) sino porque de no existir una rentabilidad, la continuidad de la empresa estaría en peligro al no disponer de suficientes inversiones.


La opción de utilizar el sector público para mejorar los resultados, es decir para crear millones de empleos como proponen algunas formaciones políticas, no modifican los anteriores resultados. Dada una restricción en el crecimiento de la actividad, cierta aunque se puedan discutir algunas décimas, lo que ocupa el empleo lo pierde la productividad. Por supuesto que esta puede ser negativa, pero entonces es preciso echar mano de la renta anterior y cambiar su distribución en los factores productivos.
   
Varias conclusiones. En primer lugar es muy complicado reducir la tasa de desempleo a niveles europeos (inferiores al 10%) en los próximos cuatro años por lo que es conveniente pensar en que tipo de cobertura y formación se les asigna a las personas en desempleo. Una segunda conclusión no menos importante, dado que a corto plazo es complicado mejorar el PIB potencial de la economía española, priorizar el empleo reduce la posibilidad de avanzar en productividad con las consecuencias que tiene ese resultado. Desafortunadamente, no se puede sorber y soplar a la vez. Por último, si se marca la creación de empleo como objetivo central, los agentes sociales y económicos deben ser coherentes para articular una distribución factorial de la renta que permita combinar ese objetivo con la ejecución de inversiones que amplíen y mejoren el tejido productivo español. En este último terreno, una mejora sustancial en la negociación colectiva sigue siendo la mejor política posible para fortalecer la oferta productiva de la economía española.