sábado, 14 de julio de 2018

Sobre la relajación en los objetivos de déficit (publicado en agenda pública.el periódico)

La recientemente nombrada Ministra de Economía, Nadia Calviño, ha comunicado antes de ayer las Cortes Generales la decisión de relajar la senda de consolidación fiscal situando el objetivo de déficit en el 2,7% del PIB en 2018, cinco décimas superior al inicial (2,2% inicial). El objetivo en en 2019 se eleva al 1,8 por ciento del PIB, también cinco décimas superior al inicial (1,3 por ciento).

Esta decisión puede tener consecuencias en diferentes ámbitos sociales y económicos, que desarrollo en el artículo amablemente publicado por el blog Agenda Pública (14 de julio de julio 2018).


El último párrafo del artículo recoge una advertencia no menor que debería ser tomada en cuenta por quienes gobiernan o aspiran a gobernar en España "El calendario en la toma de decisiones en política fiscal para sanear las cuentas públicas es muy importante, porque la hipótesis de la llegada de una nueva crisis económica dejaría a España en una posición muy complicada, al disponer de un reducido espacio para aplicar la política fiscal como herramienta anticíclica. De ser así, a diferencia de la anterior crisis, sería bastante más difícil mantener algunas políticas (desempleo y pensiones) que permitieron reducir sensiblemente el daño soportado por muchos españoles".

jueves, 5 de julio de 2018

La gran avería que todavía hace sufrir a la economía española

La economía española después de un largo e intenso periodo de caída en su actividad, comenzó su recuperación en 2014. En los últimos cuatro años, el promedio de la tasa anual de crecimiento ha sido el 2,5% y se han creado 1,7 millones de empleos equivalentes a tiempo completo. 



A pesar del cambio de tendencia hay muchas referencias a la elevada desigualdad que se ha instalado en la población española. Una situación cierta a la vista de algunos indicadores (salarios y condiciones de trabajo especialmente los puestos menos cualificados) que no obstante, no se confirma tanto cuando se observa en el gráfico que recoge el porcentaje de personas por debajo del umbral de pobreza, no era tampoco especialmente bueno durante la anterior etapa expansiva.


Eludiendo el interesante debate sobre cual es el mejor estadístico para medir la desigualdad (diferente de pobreza), considero que la todavía elevada tasa de desempleo es suficiente para darse cuenta de la gravedad de la situación, a pesar de su reducción en diez puntos desde el inicio de la recuperación económica (del 26% al 16,5%).

Para entender la situación actual merece la pena mirar un poco hacia atrás y analizar la situación de partida y algunas de las políticas que, con mayor o menor éxito, se aplicaron desde el inicio de la crisis en el segundo trimestre de 2008.

En economía como en otros aspectos de la vida, las causas son importantes pero también lo es la magnitud de las cifras que acompañan a esas causas. En el gráfico siguiente se puede observar que la economía española acumuló durante la anterior etapa expansiva un doble déficit en dos aspectos clave: comercial y fiscal.



En 2007 la balanza de pagos por cuenta corriente finalizó con un déficit del 9,9% del PIB, lo que implica que uno de cada diez euros de actividad de la economía española en ese año estaba apoyada en la creación de deuda con el exterior. El proceso de deterioro se inicia en 1994, pero como se aprecia en el gráfico se acelera bastante desde 2002 hasta alcanzar su máximo en 2007.

El deterioro de la balanza de pagos corrió en paralelo con el endeudamiento de los agentes económicos españoles que se incrementó en 90 puntos del PIB desde 2002 a 2008, de los que casi 60 puntos se correspondieron con préstamos hipotecarios concedidos por la banca española.

La posición alcanzada demostraba inequívocamente que la oferta productiva española era incapaz de adecuarse a una demanda interna inflada artificialmente con una deuda enorme del sector privado (1,9 veces el PIB anual).

Dos años después, en 2009, en tan solo dos años, se pasa de un superávit (1,7% del PIB) a un abultado déficit en las cuentas públicas (-11% del PIB). Este rápido y abrupto cambio, sin duda era reflejo de la extrema debilidad estructural de un sistema tributario construido para funcionar en una burbuja inmobiliaria y financiera, pero incapaz de sostenerse por sí mismo en otras condiciones.

El hundimiento del crédito y con él de la actividad económica, fue el detonante de un severo castigo sobre la ocupación. El gráfico siguiente que recoge la evolución del número de ocupados y la tasa de desempleo es bastante trágico, no solo por la pérdida de 3,3 millones de empleo sino porque además muestra que ni siquiera una súper burbuja de una década de duración había permitido en su punto más álgido que España alcanzara el pleno empleo.


El lector puede pensar que todo lo contado hasta a aquí todo es conocido. No le falta razón y por eso le pido paciencia, pero para comprender el relato actual es conveniente recordar la magnitud de la avería producida por un comportamiento muy poco maduro de la sociedad española, pero en especial de quienes tuvieron la oportunidad de por lo menos frenar la magnitud del problema como son los que aplicaron una política fiscal expansiva cuando la demanda privada estaba recalentada y quien debía controlar la generación de crédito bancario en un contexto de creación de dinero superior al 10 por ciento anual acumulativo.

Es cierto que ayudó una política monetaria europea con bajos tipos de interés y la buena disposición de terceros a financiar la deuda española. También es cierto que Alemania se ha aprovechado más de su participación en el euro al eludir una posible revaluación de su moneda por sus altos superávits comerciales, pero en última instancia fueron los agentes económicos española los que aceptaron los préstamos y los que decidieron su destino.

El paso de los años ha demostrado que la situación en 2009 era dramática aunque costó mucho aceptarlo (se llegaron a utilizar términos como desaceleración acelerada). El retraso en la asunción del problema fue clave para no adoptar decisiones que podrían haber reducido los daños. Por ejemplo, haber recapitalizado el sector financiero -Cajas de Ahorro- cuando los mercados estaban abiertos y con un precio razonable o, haber alcanzado un sólido pacto de rentas.

Como es conocido la decisión también fue la contraria. En el capítulo de empleo porque siendo cierto que había actividades sobredimensionadas directamente relacionadas con la construcción sin mucha solución de futuro al pincharse la burbuja, no ayudó nada a frenar la destrucción de empleo el elevado aumento salarial aplicado en el periodo 2008-2010, incoherente con la pésima situación económica. Cuando más necesaria era la flexibilidad interna no se presentó en el escenario y las consecuencias han sido muy negativas para muchas personas (trabajadores y empresarios).

Tampoco ayudó nada limitar la destrucción de empleo una legislación que en la práctica no reconocía el despido por causas económicas y que por tanto, encareció las salidas a las empresas.

No es descabellado pensar que haber alcanzado en 2008 un acuerdo de moderación salarial como el suscrito en 2011 junto con una más flexible interpretación del despido por causas económicas hubiera permitido limitar mucho la destrucción de empleo en España. Una ayuda a la que se podría haber sumado una rápida recapitalización bancaria que hubiera limitado el corte de crédito dirigido a dotar de liquidez a las empresas.

La economía española estaba colapsada sin financiación para afrontar un desmesurado nivel de deuda privada –una buena parte de la misma con el exterior por valor de 1,7 veces su PIB- y sin margen en política fiscal al haber alcanzado un saldo anual de dos dígitos del PIB.

Sin esa financiación, era imprescindible cerrar el déficit comercial con el exterior. Al formar parte de una moneda compartida con otros países, el euro, no se disponía de la posibilidad de devaluar tu moneda para mejorar tu posición aumentando tus exportaciones gracias a su menor precio comparado. Claro que el éxito de esta herramienta además de implicar la salida de la Zona Euro, un asunto nada menor, depende del grado de dependencia del país de las importaciones. Si es elevado, como es el caso de España con los productos energéticos y algunos otros, es necesario absorber el impacto del mayor coste de las importaciones sobre los precios internos porque de no ser así, en un breve plazo se pierde la ventaja conseguida con la devaluación de la moneda. 

Es decir, se necesita un pacto de rentas que garantice que no se producirá ese traslado de los mayores costes a los precios de las exportaciones. En definitiva, los mismos requisitos de una devaluación interna, la política aplicada en España.

Se critica que esta devaluación ha recaído más sobre los salarios que sobre los excedentes empresariales. Es bastante posible que haya sido así y que los mayores excedentes se hayan utilizado más para reducir deuda de las empresas que para aumentar los beneficios repartidos por las empresas. También puede ser cierto que un mayor interés por el consenso de los agentes sociales y económicos desde el inicio de la crisis podría haber cambiado este resultado, pero en última instancia ha conseguido revertir una situación insostenible y la economía española acumula seis años seguidos de superávit en la balanza de pagos. Una posición no alcanzada en la historia moderna de la economía española que cuando utilizó la devaluación se limitaba a un máximo de 2 años y, además, se quedaba de forma permanente con el incremento de precios.


El gráfico adjunto muestra que la evolución de las exportaciones españolas en relación con el PIB ha mantenido la tendencia anterior una vez superado lo más álgido de la crisis, pero también recoge un descenso de las importaciones que han permitido una mejor acomodación entre oferta y demanda nacional.

Siguiendo algunas de las definiciones al uso, la evolución de las exportaciones podría interpretarse como que con la política aplicada en España no ha ayudado a ganar competitividad, pero en desde una perspectiva más amplia de ese concepto como puede ser la capacidd de vender más productos propios de los que compras a la vez que aumentas tu PIB, la economía española ha mejorado sensiblemente su competitividad al conseguir revertir su saldo de balanza de pagos manteniendo un superávit de forma estable.  

Pasado lo peor de la crisis, se trata ahora de aplicar políticas que mantengan los avances conseguidos y mejoren las deficiencias de nuestra oferta productiva. Algo nada fácil de lograr porque todavía se sufren severas restricciones entre las que destaca la elevada tasa de desempleo estructural que puede estar situada en torno al 13% del PIB, es decir, el tejido productivo español no tiene la capacidad de utilizar toda la oferta de trabajo con marco de relaciones laborales en el que tampoco parece haber avanzado lo suficiente la flexibilidad interna en el mercado de trabajo.

La creación de empleo estable debe ser uno de los objetivos prioritarios de la sociedad española cuando se tiene todavía una tasa de desempleo del 16,5% de la población activa. En este trance se puede apelar a expandir la demanda interna en sus componentes de consumo e inversión. Puede ser una buena idea siempre y cuando se tengan en cuenta algunos límites básicos:   
  •     Los aumentos salariales deben acomodarse a las mejoras de productividad de las empresas porque de otra manera, los trabajadores pueden acabar dirigiendo una parte demasiado grande de su mayor consumo a productos del exterior favoreciendo el crecimiento de la renta en otros países y generando más deuda a la sociedad española.
  •      Las inversiones deben estar dirigidas a mejorar el potencial de crecimiento de la economía española, alejadas de criterios aparentes y/o clientelares como los utilizados en la anterior fase expansiva del ciclo económico.
  • Las cuentas públicas deben proseguir la senda de saneamiento para conseguir un nivel de deuda sostenible a medio y largo plazo.
Un último apunte. La economía española mantiene todavía una elevada deuda, tanto a nivel privado como público, de la que una parte importante está financiada desde el exterior. La hipotética (y no deseada pero posible) llegada de una crisis económica le sorprendería en una muy incómoda situación al no disponer de espacio para desarrollar una política fiscal activa y estar reducidos los márgenes de aplicación de una política monetaria expansiva. De ser así, el mantenimiento de algunas políticas públicas claves sería mucho más difícil de conseguir que en la anterior crisis. Es el caso de las pensiones que pudieron mantenerse e incluso reforzarse jugando un papel importante proyegiendo a una parte de la población no solo pensionistas, porque la deuda pública era tan sólo el 35 por ciento del PIB y se disponía de un Fondo de Reserva equivalente al 6,3 por ciento del PIB. Ahora no se dispone de esa protección, por este motivo es importante incorporar las reformas necesarias para combinar suficiencia con su sostenibilidad financiera.


jueves, 28 de junio de 2018

Consecuencias del "destope de la base máxima de cotización" (y muchas no son positivas)

El sistema de Seguridad Social cerró 2017 con un déficit de 18.512 millones de euros, el equivalente al 1,6% del PIB. Este elevado saldo negativo, asociado  solo a las pensiones, en realidad corresponde a todo el componente contributivo del sistema (pensiones, incapacidad temporal, maternidad, paternidad y riesgo por embarazo y otras prestaciones con menor coste), explica más o menos la mitad de todo el déficit de las cuentas públicas en ese ejercicio (3,1% del PIB).

El saldo negativo posiblemente empeorará algo en 2018 después de la última decisión incorporada en el presupuesto de revalorizar las pensiones el 1,6%, salvo que se incorporen nuevos ingresos no recogidos en el presupuesto actualmente en tramitación.

Ante esta situación algunas organizacionses sociales y políticas -sindicatos representativos, PSOE y Unidos Podemos- proponen que los trabajadores coticen a la Seguridad Social por todo su salario eliminando el actual tope que existe como máximo en la base de cotización. 

En la actualidad los trabajadores, en realidad solo los de cuenta ajena porque los de cuenta propia deciden en su mayoría cotizar por la base mínima, tienen un tope de salario a partir del cual no cotizan a la Seguridad Social (3.751,26 euros al mes; 45.012,12 euros al año).

Los proponentes de la medida consideran esta situación injusta porque los trabajadores que superan esa renta (algo más de un millón cien mil) están exentos de pagar a la Seguridad Social por su la parte del salario que supera la actual base máxima, es decir, en su opinión “los trabajadores ricos” no aportan lo suficiente al sistema. Así, siguiendo sus argumentos, el denominado “destope de la base máxima” permitiría recaudar casi 7.000 millones adicionales consiguiendo una distribución de renta más justa y mejoras a nivel presupuestario porque la medida no estaría acompañada de una mejora de la pensión máxima. 

Un pequeño inciso para decir que los datos aportados por el Ministerio de Empleo (ahora de Trabajo) y Seguridad Social a las dos Comisiones del Pacto de Toledo, parlamentaria y social, limitan los ingresos a 4.470 millones (como es conocido públicamente al haberse filtrado el documento a los medios de comunicación). Bueno, esta reducción de las expectativas no genera mucho problema porque aunque “solo” sean 4.470 millones, sigue siendo una buena aportación a un sistema que necesita dinero nuevo. 

En economía ninguna decisión se limita a conseguir una sola cosa sino que habitualmente suele tener bastantes más repercusiones al estar las variables relacionadas. Por este motivo, el sentido común nos lleva a pensar que las consecuencias de destopar la base de cotización no se limitará a mejorar la recaudación de la Seguridad Social (perspectiva parcial) sino que su influencia va más allá. Para ayudar al lector a que alcance sus propias conclusiones sobre esta medida, puede ser interesante aportar algunas reflexiones sobre algunas de las cuestiones que pueden estar asociadas a ella: 

1.- El sistema público de pensiones español es de reparto y tiene base contributiva, es decir, la prestación recibida por los trabajadores está relacionada con la aportación realizada por el trabajador durante su vida laboral activa. La actual relación entre la base máxima de cotización y la pensión máxima es del 80 por ciento (se cotiza por 45.012,12 euros y se puede recibir una pensión de 36.031,81 euros) su punto mínimo histórico mínimo (ver gráfico). Estos trabajadores, por tanto, ya colaboran con su solidaridad en el sistema, acompañando el importante efecto positivo de las pensiones mínimas. 

La desaparición de la base máxima incrementaría su contribución a la solidaridad hasta un punto que quebraría la contributividad en ese tramo de renta. La única forma de no incurrir en este efecto incoherente con la actual esencia del sistema (utilizando el criterio de considerar las cuotas como salario diferido y no como un impuesto), sería aumentar la pensión máxima. Pero claro, en ese caso, se perdería el objetivo de sanear financieramente el sistema de pensiones al aumentar a la vez y en un mismo grado, sus ingresos y gastos.     


2.- La cotización a la Seguridad Social en concepto de contingencias comunes es de un 28,3 por ciento de la base de cotización (hay cuotas adicionales en concepto de desempleo, formación y FOGASA hasta llegar al 35,35 por ciento), distribuida en un 23,6 por ciento como cuota del empleador y 4,7 por ciento como cuota del trabajador. El total de la cuota obtenida se considera remuneración del trabajador en términos de distribución factorial de la renta, es decir es propiedad del trabajador, pero la cuota del empleador forma parte del coste laboral asumido por la empresa por la contratación de sus empleados. El destope de la base máxima significa que las empresas verán encarecido en un 23,6 por ciento el coste de utilizar estos trabajadores, en teoría los que ocupan puestos de trabajo con mayor valor añadido, por cada euro que supere los 45.012,12 euros anuales.  A su vez el trabajador vería aumentada su aportación en un 4,7 por ciento, es decir, reducida su renta disponible en ese porcentaje, sin obtener ninguna mejora en la futura pensión a percibir.

La comparación con los países de la Zona Euro no lleva a pensar en la necesidad de hacer desaparecer la base máxima de cotización. Más allá de realizar la comparación de la cuantía de la cuantía en términos nominales en los diferentes países sin tener en cuenta las diferencias en los salarios generadas por la mayor productividad, con los datos publicados por Eurostat, el peso de la cuota del empleador en relación con el PIB en España es ligeramente superior a la media de la Zona Euro (0,3% del PIB) y, sin embargo, es en la cuota del trabajador donde se recauda bastante menos (-3% del PIB). El excesivo comparado del peso de la cuota del empleador es todavía mayor si se hace la cuenta en términos unitarios por la mayor tasa de desempleo española. 

A partir de esta situación, si España quisiera parecerse a esa referencia media debería bajar la primera y subir mucho la segunda con capacidad de cubrir con creces el actual déficit pero con la consiguiente pérdida de renta disponible de los trabajadores ocupados. 

Conocida esta situación comparada con los socios europeos con los que compartimos un buen porcentaje de las relaciones comerciales, es posible pensar que algunas empresas españolas tienen tantos beneficios que podrán absorber ese mayor coste, pero también hay que contar con que algunas o muchas de ellas, no puedan hacerlo, y entonces tengan que elegir entre las decisiones posibles para mantener sus costes laborales. Se me ocurren las siguientes:

  • Pactar con los trabajadores afectados una reducción de su salario monetario para compensar parcial o totalmente, con el consiguiente desincentivo de éstos al ver reducida su remuneración en nómina.
  • Trasladar a los trabajadores con menos cualificación ese mayor coste, parcial o totalmente, reduciendo sus salarios. Esta opción, posible porque estos trabajadores tienen menor poder dentro de la empresa debido al tipo de trabajo que realizan, echaría por tierra el objetivo redistributivo de la medida consiguiendo el objetivo contrario. 
  • Ajustar su plantilla reduciendo el empleo y reforzando si es posible la sustitución de trabajo por máquinas. De ser así, la recaudación por cuotas se reduciría en un porcentaje que podría ser incluso superior al incremento conseguido inicialmente.
3.- El hecho de considerar las cuotas salario diferido -la prestación se recibe  por el pago realizado- es coherente con su instrumentación proporcional, es decir, con un tipo único con independencia de la renta. Desde esta perspectiva no cabe atribuir un valor regresivo a las cotizaciones sociales, sobre todo cuando los salarios inferiores tienen una tasa de reposición más elevada. Por otra parte, la doctrina fiscal más contrastada señala a los impuestos como el instrumento más adecuado para conseguir redistribuir la renta, ya sea con su estructura o mediante las políticas de gasto que se financian con ellos.

A corto plazo, el sistema de Seguridad Social necesita equilibrar sus cuentas utilizando un periodo de tiempo adecuado a la magnitud del déficit y el proceso de saneamiento de las cuentas públicas. Para ello debería combinar un progresivo aumento de sus ingresos con una evolución del gasto acomodada a ese objetivo que recoja una distribución equilibrada de los esfuerzos entre los pensionistas. A la vista de las posibles consecuencias enumeradas en esta entrada utilizando una visión un poco más global de los posibles impactos en la economía española, la medida de “destopar la base de cotización” puede que no sea precisamente una buena idea y se puede convertir en un atajo que termine con más efectos negativos que positivos para el sistema de pensiones y la sociedad española.

El largo plazo es otra historia que merece futurras entradas en este blog.  


domingo, 24 de junio de 2018

Un titular sesgado puede confundir sobre la situación de los pensionistas en España

El INE acaba de publicar la Encuesta de Condiciones de Vida para España (ECV) con datos correspondientes a 2016. Dentro de esta encuesta se recoge el denominado umbral de probreza relativa, situado por convención en el 60 por ciento de la renta mediana de toda la población del país. Este umbral se puede considerar como una herramienta que refleja el grado de desigualdad en la distribución de la renta, al permitir comparar la posición de cualquier persona o colectivo respecto a la renta más habitual del mencionado 60 por ciento de la renat mediana. 


En ningún caso, a pesar de la reiteración año tras año en los medios de comunicación y redes sociales, se trata de una medida de pobreza porque cabe la posibilidad de estar por debajo de ese umbral y, sin embargo, tener una renta superior a la de la mayor parte de la población mundial. De hecho en la propia ECV existe otra referencia, el de carencia material calculado bajo el criterio AROPE de la Unión Europea, que evalua esa situación. 



Realizada esta aclaración, el porcentaje de personas por debajo del umbral de pobreza relativa en 2016 se mantiene alto en España (19,7%) aunque se ha reducido en una décima sobre el del año precedente. El descenso es un poco mayor en el tramo de población en edad de trabajar (18-64 años) al pasar del 21% al 20,4%.



Conocidos los resultados facilitados pro el INE, el Gabinete de Comunicación del Ministerio de Trabajo publicó ayer una nota titulada "La tasa de pobreza aumenta más de tres puntos entre los mayores de 65 años desde 2013". Hay que reconocer que el contenido en términos estrictos es cierto porque el porcentaje de personas mayores de 65 años situadas por debajo del umbral de pobreza se ha incrementado desde el 5,9% al 8,9% en el periodo 2013 bajo el método de alquiler imputado, es decir el que tiene en cuenta la propiedad de la vivienda. 






















La confusión puede aparecer cuando se analiza en detalle esa evolución y, sobre todo cuando se la incorpora en un contexto global. Para evitar esta confusión puede ser interesante para el lector disponer de un análisis temporal más amplio o que simplemente conozca la situación actual comparada de este colectivo coincidente en buen parte con el de jubilados y pensionistas. 


Como se puede observar en el gráfico, los mayores de 65 años han gozado desde 2006 de una renta muy favorable respecto a la media del país. La política de pensiones aplicada alejada de la cruda situación de la economía española (pensiones nuevas con cuantías crecientes y mantenimiento del poder adquisitivo de las existentes) les ha permitido en términos comparados mejorar su posición con el resto de la población. Así, el porcentaje por debajo del umbral de pobreza relativa ha disminuido significativamente hasta alcanzar el mínimo en 2013 (tan solo un 5,9% frente al 19,9% del conjunto de la población o un 20,9% de la población edad de trabajar).

Es cierto que ese trato favorable les ha permitido proteger a sus familiares en dificultades, pero en ningún caso han sido maltratados por la crisis, por lo menos en términos comparados con los millones de personas que perdieron su empleo y aquellas otras que han visto deteriorados sus salarios. 

La renta mediana ha mejorado porque el empleo ha mejorado bastante en España desde 2013 permitiendo reducir la tasa de desempleo desde el 26% al 16,5% de la población activa. Es cierto que una parte de los empleos creados pueden ser mejores en cuanto a su estabilidad y remuneración, pero en última instancia son personas y hogares que no tenían renta y ahora la tienen.

Este es uno de los motivos que explica que los mayores de 65 años hayan aumentado en 3 puntos su porcentaje por debajo de ese umbral de pobreza relativa que se observa en el periodo 2013 a 2016. Pero, además ese aumento ha sido compatible con una mejora de su renta incluso en términos reales (+3,8%). El resultado viene dado porque su incremento ha sido inferior al de la renta que marca el umbral de pobreza (+8%) y por eso los mayores de 65 años han perdido posición relativa. 

Cuando la cosas mejoran como consecuencia de la intensa creación de empleo que permite que 1,2 millones de personas sin ingresos mejoren su renta, un grupo de población puede empeorar relativamente, pero en mi opinión no debe ser objeto de preocupación cuando mantiene todavía una distancia de 11,5 puntos porcentuales con la población en edad de trabajar. De hecho esta es una de las principales lecturas de la ECV de 2016, la ventajosa posición de la que disfrutan los mayores de 65 años en comparación con el resto de la población y, sobre todo, con las personas más jóvenes.

El proceso no es el ideal porque el desempleo sigue siendo muy elevado, pero marca una senda deseable: que en un escenario de mejora continuada de la renta mediana en España, los diferentes colectivos de población por edades converjan en los porcentajes por debajo del umbral de pobreza. 

A falta de trabajar para conseguir ese objetivo, algún malpensado podría creer que la noticia mencionada más que informar pretende criticar a gobiernos anteriores y/o crear el caldo de cultivo necesario que justifique nuevas subidas de pensiones sin tener en cuenta la situación y necesidades presentes y futuras de todos los españoles.

miércoles, 27 de diciembre de 2017

Para ayudar a comprender la dimensión del problema catalán a quienes no viven en España

Opinión escrita el 2 de octubre de 2017 La visión de policías cargando contra personas indefensas constituye una situación dramática que repele siempre a las buenas personas y suele generar un posicionamiento con el más débil. Es obvio decir que la violencia siempre es rechazable y que se debe hacer todo por evitarla, más todavía cuando empaña la imagen de tu país. No obstante, no hay que quedarse en lo superficial y utilizando la prudencia no concluir que el lugar donde se han producido es una dictadura represiva o repartir el papel de buenos o malos sin antes dedicar el tiempo suficiente para conocer un poco más a fondo el contexto y si es posible el fondo de la cuestión. Cuando se llega a una situación así, las responsabilidades están muy repartidas por acciones activas o pasivas. En este reparto no se puede obviar la actuación continuada de un gobierno irresponsable, el de la Generalitat de Cataluña que ha convocado un referéndum de independencia sin tener en cuenta la opinión del resto de los españoles con los que llevan conviviendo cinco siglos. Violentando no solo la Constitución española sino la de su propio órgano legislativo de autogobierno al aprobar con mayoría simple esta grave decisión cuando necesita dos terceras partes para nombrar el director de la radiotelevisión. Se han cometido muchos errores, entre otros no desmontar en tiempo y forma las falsedades del “proces” (muchas y variadas) pero no se pueden obviar los intereses de los patrocinadores que en última instancia, no quieren compartir su riqueza con los territorios más pobres. Cataluña genera el 21% del PIB español con el 16% de la población. Por poner un ejemplo más cercano es como si el territorio más rico de tu país se quisiera secesionar del resto porque es más rico. Con un argumento adicional, no menor en calado. La comunidad autónoma de Cataluña tiene un nivel de autogobierno sin parangón en los estados federales del mundo. Entre otras tiene competencias exclusivas en sanidad, educación, servicios sociales y orden público. A ellas hay que sumar infraestructuras, medioambiente, empleo y un largo etcétera. España es un país muy democrático y muy descentralizado en el reparto de competencias en los distintos niveles de gobierno. Cataluña dispone, por tanto, de poderos instrumentos para determinar una buena parte de las políticas de gasto e ingresos y está en las antípodas de estar sojuzgada por el opresor estado español. Por último, la democracia no es solo votar o visto desde el otro lado, votar no significa siempre democracia. El mejor ejemplo son los referéndums de la dictadura franquista que tenían muchos votos (por miedo) y por supuesto un porcentaje desproporcionado de apoyo. La democracia significa dotarse de normas de convivencia asumidas mayoritariamente aplicadas bajo la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). Democracia no es hacer lo que quiera solo una parte por muy agraviada que se sienta sin contar con el resto porque se auto atribuya ser dueño de la verdad absoluta. Es más, esa conducta (encubierta bajo el derecho a votar) no solo no es democrática sino que se acerca mucho al totalitarismo, tal y como lo sufren muchos ciudadanos que viven en Cataluña y no comulgan con el independentismo. Estoy seguro que se pueden mejorar muchas cosas y reparar errores y daños del pasado, pero para dialogar hace falta transigencia por las dos partes y no asumir como cierto un cuento por el que fuera de un país, cuando seas independiente, vas a ser más alto, más guapo y más rico porque vas mantener inalterable tu estatus quo (imposible ante su segura salida de la UE y la consiguiente imposición de aranceles que reducirán sus exportaciones) y además vas a recuperar todo lo que te roban. Juntos somos más y sobre todo somos mejores, pero para solucionar los malentendidos, las aportaciones deben llegar de los dos lados.

Tabarnia, un constructo que da juego en el debate sobre la independencia de Cataluña

Es conocida la gran dimensión que ha cobrado la pretensión de una parte de la sociedad catalana de independizarse de España. La elaboración de un relato con algunas cosas ciertas, varias medias verdades y un gran número de falsedades, ha permitido a sus autores, con la inestimable colaboración de una casi total incomparecencia durante la última década de un relato alternativo por parte de los que tienen que defender las ventajas de pertenencer a España, conseguir un importante apoyo social para el denomiando procés. Un apoyo que ha desencadenado una serie de dramaticas e ilegales decisiones, que incluso, han llegado a la proclamación unilateral de independencia (DUI) por parte del anterior Gobern y la posterior aplicación del artículo 155 de la C.E. para garantizar la legalidad vigente y el respeto de los derechos de todos los redidentes en Cataluña. Las recientes elecciones autónomicas han mostrado una gran fractura de la sociedad catalana con una distribución casi simétrica del voto entre las propuestas secesionistas y las constitucionalistas. Pero además, la distribución territorial del voto en dos partes dentro de Cataluña, ha permitido crear una ficción que ha comenzado a dar juego, por lo menos en el debate mediático. El voto independendista está concentrado en el medio rural, mientras que el unionista, defensor de la constitución española, lo hace en los núcleos urbanos más poblados. De ahí, la aparición de Tabarnia como silogismo del territorio compuesto por buena parte de las provincias de Tarragona y Barcelona, donde no solo vive el mayor porcentaje de población sino que además y, esto es más importante, se genera el mayor porcentaje de renta en Cataluña. La aparición en las redes sociales de una solicitud de independencia de los habitantes deTabarnia ha agitado el calmado mar del mundo independista, que ve peligrar una parte de su (falso y contradictorio) relato. Tabarnia parece desubicarles mas que la fuga de más de 3.000 empresas o el rechazo de la Unión Europea a su pretendida integración. El núcleo independista muestra su incomodidad ante su propio retrato: la falta de apoyo de los habitantes de los núcleos urbanos -perdsonas habitualmente con mentalidad más abierta a otras culturas-, la defensa de un referendum capidisminuido democráticamente al no participar todos los afectados en la decisión de secesión, y la falta de interés en compartir la riqueza de una minoría más rica con otras personas menos favorecidas, con quienes sin embargo, han mantenido siglos de relaciones en todos los ámbitos y que han colaborado con su trabajo y esfuerzo a conseguir el actual nivel de renta de Cataluña (a veces sufriendo decisiones que les perjudicaban). El constructo de Tabarnia muestra la maldad de una posición construida a partir de un principio de supremacía étnica y económica y los independentistas, se han asustado al ver su propio retrato en el espejo de la realidad. Tabarnia ha nacido como una broma pero se puede convertir en una buena herramienta para mostrar que el rey (indepe) va desnudo.

sábado, 25 de febrero de 2017

Pensiones en España desde el inicio de la crisis (2008-2016)

La actual población pensionista española supera ampliamente los diez millones de personas cuando se suman las prestaciones de la Seguridad Social y las de clases pasivas que reciben los que fueron funcionarios de las Administraciones Públicas. Así, uno de cada cuatro españoles percibe una pensión pública, que compone un porcentaje superior sobre la población con derecho a voto.

Es habitual leer y escuchar en medios de comunicación, redes sociales e, incluso en algunas intervenciones en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, valoraciones sobre la renta percibida por la población pensionista en España. Estos comentarios se localizan, sobre todo, en la evolución de las pensiones desde el inicio de la severa crisis económica iniciada en 2008. Es este, por tanto, un asunto espinoso por el elevado número de personas afectadas (beneficiarias) y la relativamente fácil capacidad de lanzar mensajes apoyados en información parcial o sesgada.


Una forma de medir la situación de los pensionistas dentro de la sociedad española es analizar su renta en relación con la renta mediana obtenida en el país, a partir de la información facilitada por la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. En ella se puede observar que en 2014, el último año disponible, las personas mayores de 65 años es el grupo de población con menor porcentaje de población por debajo del umbral de pobreza relativa, determinado por el 60% de la renta mediana del país. Tan sólo un 12,3% de los mayores de 65 años frente al 22,1% del total de la sociedad española, tienen renta por debajo de ese umbral. El porcentaje de personas mayores de 65 años con rentas inferiores a ese límite se reduce drásticamente cuando se utiliza el criterio de alquiler imputado, es decir, se tiene en cuenta la vivienda en propiedad. Bajo ese criterio, mucho más homologable para realizar comparaciones con los países de la Unión Europea, el porcentaje de mayores de 65 años por debajo de este umbral que marca la pobreza relativa, baja hasta el 6,3%, cuando el del total de la población española solo disminuye hasta el 19,5%.





Como se puede observar en los gráficos adjuntos, el porcentaje de personas mayores de 65 años por debajo del umbral de pobreza relativa, se ha reducido significativamente desde 2008 bajo cualquiera de los dos criterios de medida: 13,2 puntos y 5,7 puntos respectivamente.
La crisis ha generado consecuencias muy negativas en la sociedad española debido fundamentalmente a la destrucción de empleo, pero la población pensionista no se ha visto afectado por ella e, incluso ha mejorado su situación medida en valores absolutos y relativos.

El cambio de la renta de la población pensionista en un determinado periodo es suma de dos efectos: la evolución anual de las cuantías de las pensiones vigentes –el más utilizado habitualmente- y de las nuevas prestaciones con entrada en el Sistema que, en media se mantendrán en torno a 19 años.
Las pensiones vigentes han perdido ligeramente poder adquisitivo en el periodo 2008-2016, más en términos porcentuales (-0,94 puntos) que absolutos (-377,58 millones de euros acumulados). El resultado es consecuencia de una disminución en el periodo 2008-2012 (-2,69 puntos) y una mejora en el delimitado por 2013 y 2016 (1,75 puntos). Además, las pensiones en vigor han ganado poder adquisitivo desde 2014, momento en el que comienza a aplicar el Índice de Revalorización de las pensiones (1,65 puntos).

Evolución pensiones e IPC (tasa media anual)
ganancia/pérdida poder adquisitivo
En %
Pensiones
(% anual)
IPC tasa media anual
En %
millones de euros
2008
2,40
4,09
-1,69
-2.190,00
2009
2,00
-0,28
2,28
2.813,25
2010
2,30
1,80
0,50
989,47
2011
0,40
3,20
-2,80
-2.689,52
2012
1,41
2,40
-0,99
-1.291,28
2013
1,50
1,40
0,10
108,57
2014
0,25
-0,20
0,45
499,06
2015
0,25
-0,50
0,75
854,69
2016
0,25
-0,20
0,45
528,18
2008-2016
-0,94
-377,58
2008-2012
-2,69
-2.368,08
2013-2016
1,75
1.990,50
2014-2016


1,65
1.881,93
IPC tasa media anual: media de la tasa anual de cada uno de los 12 meses

Esta evolución del poder adquisitivo de las pensiones en vigor hay que ubicarlao en un contexto extraordinariamente difícil marcado por una caída de la actividad económica que llegó al -6,6%, una muy severa destrucción de empleo del 16,7% (3,5 millones de personas) y un elevado déficit público que llegó  a superar el 10% del PIB en 2009.
Las cosas, sin embargo, han ido todavía mejor para las pensiones cuando se incluye las entradas en el Sistema desde 2008. El Sistema de Seguridad Social paga bastantes más pensiones (+13,7%; 1,15 millones adicionales) y la cuantía media de las nuevas pensiones en 2016 también ha aumentado significativamente (+34,2% sobre la de 2008 en términos nominales; +19,6% superior en términos reales).

La suma de la favorable evolución de las nuevas pensiones y el casi mantenimiento de poder adquisitivo de las vigentes, ha implicado un aumento del gasto de la Seguridad Social de casi un 50 por ciento sobre el existente en 2008 (+49,1% nominal), cuando la renta nacional española ha crecido tan sólo el 4% en el mismo periodo. Obviamente, esta diferencia ha incrementado en +3,4 puntos la relación gasto en pensiones sobre PIB (del 8,5 al 11,9%) que mide en última instancia, el esfuerzo de la sociedad española dirigido a este grupo de población. No se puede negar, por tanto, el aumento de la transferencia de renta de la sociedad española hacia este grupo de personas. De igual forma, conocidos estos parámetros tampoco es de extrañar la aparición de un déficit dentro del componente contributivo de la Seguridad Social en el que se ubican la mayor parte de las pensiones.
La posición de la cuantía del stock de pensiones cuando se compara con los salarios medios españoles también muestra una significativa mejora de +9,6 puntos en esta etapa, hasta situarse en el 59,2% del salario medio. La mejora aumenta hasta los +12,3 puntos para las de jubilación hasta alcanzar el 68,3% del salario medio y la proporción es todavía superior para las pensiones de jubilación con origen en el Régimen General de Asalariados (77,8%) el único que aporta de acuerdo a sus ingresos reales.

Los ratios de la tasa de sustitución, así es como se denomina la relación entre la pensión media y el salario medio, son todavía mejores para las nuevas pensiones de entrada en el Sistema de la Seguridad Social porque el total de clases de pensión han mejorado 11,4 puntos hasta alcanzar el 69% del salario medio, con un avance de 14,2 puntos para las de jubilación hasta situarse en el 86,6% del salario medio. Posición aún más ventajosa todavía han alcanzado todavía las nuevas pensiones de jubilación del Régimen General de Asalariados con una tasa de sustitución equivalente al 94,3% del salario medio neto.



Alguien puede argumentar que una parte de ese avance se debe a la ralentización de los salarios. Su afirmación es cierta porque el salario medio de acuerdo a la Encuesta de costes Laborales del INE ha crecido un 11,9% nominal, pero aún así, la cuantía media de las pensiones con entrada en el Sistema han mejorado un 34,2% nominal en la etapa analizada. Por otra parte, no hay que olvidar que en un sistema de reparto como el español, son esos salarios son los que sustentan en buena parte el pago de las pensiones y, por tanto, es una relación muy a tener en cuenta. 


Como elemento de comparación internacional, conviene recordar que la tasa de sustitución de las pensiones españolas se sitúa entre las más altas de toda la Unión Europea, superando en 10 puntos la media de los países de la Zona Euro, lo que significa ser un 20% mayor en términos porcentuales. La distancia a favor de la tasa de sustitución de las pensiones españolas es todavía mayor con Alemania, ya que alcanza los 15 puntos, lo que significa que es una tercera parte superior a la existente en uno de los países más ricos de la Unión Europea (+33%).

Este repaso de cifras, totalmente por quien esté interesado en hacerlo, permite alcanzar una conclusión y una reflexión. 


La conclusión es evidente, la posición de las pensiones en España ha mejorado significativamente desde el inicio de la crisis. Una evolución que hay que valorar más positivamente si cabe a la vista de las dramáticas circunstancias en las que se ha desenvuelto la economía española desde el segundo trimestre de 2008. No es cierto, por tanto, que las pensiones españolas hayan sufrido pérdidas o maltrato sino todo lo contrario han recibido un trato muy favorable.


Como reflexión, el planteamiento a futuro en un escenario de envejecimiento de la población debería encontrar un equilibrio en el que la suficiencia de la cuantía de las pensiones no condicione la del resto de las rentas, porque si a éstos últimos se les exige una cantidad excesiva de su renta para financiar las pensiones, se incurriría en un grave problema de pérdida de equidad (solidaridad) entre generaciones incumpliendo otro de los objetivos marcados en nuestra Constitución cuando se habla de pensiones.



[1] Tasa media anual del IPC.