El gasto en pensiones devora el presupuesto, en perjuicio de la equidad

Tribuna publicada en el diario El Mundo (6 de octubre de 2022) aquí

Los Presupuestos Generales del Estado son una parte importante de las cuentas públicas, si bien para conocer la foto global es necesario sumar los de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. En ellos están, entre otras políticas, la mayor parte del gasto en sanidad, educación y servicios sociales.

La economía española mantiene desde hace tiempo una deficiente productividad que incide en su producción potencial (previsión del 1,7% anual con demografía favorable), la remuneración de sus factores, y colabora a crear un indeseable nivel de desigualdad entre las personas, agravada por una excesiva tasa de desempleo. Después del importante esfuerzo realizado por el sector público durante la pandemia para cubrir la renta de una buena parte de la población, en especial con los ERTEs y la prestación por cese de actividad a los autónomos, los PGE de 2023, calificados por el Gobierno de España como los de la justicia social y la eficiencia económica, no parecen estar alineados con la solución de las deficiencias mencionadas. 

Todas las partidas son importantes, sin embargo, a falta de un análisis en profundidad, tres políticas de gasto destacan por su magnitud: las pensiones, los gastos financieros de la deuda y los salarios de los empleados públicos (aunque sean una pequeña parte del gasto total en este capítulo, al estar localizado en su mayoría en los presupuestos territoriales) al sumar casi el 60% del gasto total.

El gasto en pensiones alcanzará 190.687 millones de euros en 2023. Se necesitarán 19.547 millones adicionales para actualizar las pensiones con la tasa media anual del IPC (8,5%), pagar las más altas cuantías de las entradas respecto a las que salen del sistema (1,3%), el mayor número de pensiones (1,1%) y aplicar alguna mejora adicional (0,5%). El crecimiento del gasto en el próximo año (+11,4%), casi el doble de la previsión de aumento de los ingresos del Estado (+6%), implica dedicar 1,4 puntos del PIB adicionales a esta política hasta llegar al 13,9%. Es decir, el gasto sobre PIB en 2023 ya habrá absorbido el 38% del previsto por el Gobierno para 2050, sin haber llegado aún la generación del baby boom a la edad de jubilación, que aumentará en un 50 por ciento el número de pensionistas.

El contenido de las políticas de gasto de los PGE 2023 deja en entredicho el objetivo de mejorar la equidad en la distribución de los beneficios entre la población española, al comprobar que el aumento del gasto en pensiones absorbe el 60% del incremento total del gasto, un porcentaje que aumenta hasta el 70% del aplicado al gasto social. Como ejemplo, a falta de conocer en detalle el dirigido a los jóvenes, todo apunta a que va a ser significativamente inferior ¿300-500 millones? El factor electoral parece haber tenido mucha incidencia en la elección adoptada.

La sociedad española en su conjunto está sufriendo una pérdida de riqueza debido a un choque externo que ha derivado en una fuerte subida de los precios. En este contexto no parece muy sólido ni equitativo, justificar la total protección de tan solo un colectivo, los pensionistas, al considerar que no tienen margen de maniobra propio, cuando los empleados públicos deberán conformarse con una subida de su salario bastante inferior al IPC (3,5% en el mejor de los casos), y todo apunta que los trabajadores asalariados, los autónomos y una buena parte de las empresas, también deberán asumir esa realidad.

La economía española recuperará el próximo año el nivel de producción previo a la pandemia y, sin embargo, el déficit previsto por los autores del presupuesto, si se cumplen las previsiones de ingresos, es del 3,9% del PIB. Una evolución posible gracias a la suspensión de las reglas fiscales europeas, que no pudieron disfrutar gobiernos anteriores. La situación está lejos de estar controlada, como señalan tanto la AIReF como el Banco de España al cuantificar el déficit fiscal estructural entre el 4 y el 4,5% del PIB, dejando en una posición bastante frágil a un país con una deuda pública en circulación equivalente al 116% del PIB.

En esta delicada situación, la sociedad y la economía española necesitan, por su propio bien, un plan creíble de saneamiento de las cuentas públicas (más ingresos, menos gasto o una mezcla de ambos) aplicado en un periodo razonable, sin esperar a que tenga su origen en requerimientos y presiones de terceros países. Cualquier inconveniente sobrevenido puede disminuir la confianza de los inversores, incluido un cambio de posición del Banco Central Europeo que atesora en este momento más de 450.000 millones de euros de deuda pública española. De ser así, el ajuste fiscal deberá ser amplio y abrupto, acompañado muy posiblemente de una distribución desequilibrada de los esfuerzos. Una consecuencia negativa que se debería evitar al planificar las políticas públicas.