martes, 3 de mayo de 2016

Para valorar evolución ingresos y gastos de las AAPP desde la crisis, mejor utilizar 2007-2015

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado recientemente los datos consolidados de ingresos y gastos del conjunto de las Administraciones Públicas para el ejercicio 2015. Entre otras cuestiones interesantes, nos permite saber que los ingresos crecieron más que los gastos (2,9% vs 1,2% nominal) y que la evolución de ambos fue inferior al crecimiento de la actividad económica, es decir, del PIB (3,8% nominal). Como consecuencia de esta diferente evolución, los gastos fueron equivalentes al 43,3% del PIB (perdiendo 0,8 pp sobre la relación del año anterior), mientras que los ingresos se quedaron en el 38,2% del PIB (perdiendo 0,4 pp sobre la relación del año anterior). 

El crecimiento de los ingresos se apoyó en los impuestos sobre la renta (4%) y en los que giran sobre la producción y las ventas (4,7%), mientras que la recaudación vía cuotas presenta un peor resultado (1,7%) debido fundamentalmente al descenso de las cuotas pagadas por los beneficiarios de las prestaciones por desempleo (-14%) y en menor proporción por la reducción de pago sobre los primeros 500 euros de base de cotización en los nuevos contratos de carácter indefinido. Se nota también el impacto de los inferiores salarios de los nuevos contratos pero es inferior al de los factores anteriores.

La evolución del gasto en 2015 se apoya en un crecimiento del consumo público, es decir, de la remuneración a los empleados públicos (3,3% nominal) y los consumos intermedios (2,6% nominal) y de las inversiones (5,8%). En contrapartida se gastó menos en intereses (-6,1%) y en prestaciones por desempleo, de ahí el descenso del gasto en prestaciones sociales en dinero (-0,2%) a pesar del crecimiento del gasto en pensiones (3%).

La evolución del gasto público en 2015 no se puede tildar de restrictiva y la de los ingresos tampoco, de manera que se puede decir que ha mantenido una posición neutral tirando a ligeramente expansiva.

El menor volumen de ingresos obtenido sobre los gastos ejecutados, ha significado incurrir en 2015 en un déficit equivalente al 5% del PIB (-54.965 millones de euros), sin tener en cuenta las ayudas financieras contabilizadas (0,1% del PIB) al considerar como incobrables una parte de los recursos dirigidos a sostener a las cajas de ahorros. 



El saldo negativo fue inferior al del año anterior (en 0,8 pp del PIB) pero fue superior en el mismo porcentaje sobre el objetivo marcado por el Gobierno y pactado con la Comisión Europea (4,2% del PIB). La  desviación se puede limitar en 0,2 pp del PIB si se tienen en cuenta unos gastos considerados extraordinarios y que por tanto, no se deberían repetir el próximo año.La Administración Central concentra el mayor porcentaje de déficit (-2,6% del PIB), seguida de las Comunidades Autónomas (-1,7% del PIB) y de la Seguridad Social (-1,3%), mientras que las Entidades Locales alcanzaron un superávit por cuarto año consecutivo (+0,4% del PIB).


A la vista del resultado en el saldo presupuestario, se echa de menos la pérdida de recaudación incurrida por la bajada del IRPF e Impuesto de Sociedades, que probablemente ha incentivado el ritmo de actividad pero también posiblemente no era una medida necesaria a la vista de los factores favorables que impulsan la demanda interna y, sin embargo, hubiera permitido avanzar en el proceso de consolidación fiscal.




La información disponible en el Ministerio de Hacienda nos permite conocer lo sucedido el año pasado en los grandes epígrafes que componen los recursos y los empleos de las administraciones públicas, pero además, permite comparar el resultado con algún otro momento histórico que nos pueda resultar interesante

En esta elección se apuntan diferencias que dan como resultado conclusiones muy distintas. Como ejemplo la evolución del gasto en el periodo 2009-2015 refleja una importante caída en el nivel de gasto cualquiera que sea la fórmula utilizada, de forma que permite obtener la conclusión de que se ha procedido a un recorte muy importante de los recursos públicos en la economía española. 

Cabe, sin embargo, no compartir por varios motivos el uso de 2009 como punto de referencia para la comparación de la evolución, sobre todo del gasto público:


Por estos motivos es más útil en mi opinión analizar la evolución de los ingresos y gastos públicos desde 2007, porque fue en ese ejercicio cuando la economía alcanzó su punto más elevado de actividad y, por tanto, era capaz de generar más renta (aunque como hemos comprobado posteriormente una parte se correspondía a una inmensa burbuja de crédito). De hecho si se quiere comprobar la evolución del sector público desde el inicio de la crisis la etapa elegida debe ser 2007-2015. De hecho, en ese momento las críticas sobre la dimensión y funcionamiento del sector público eran moderadas.


El gasto del conjunto de las administraciones públicas ha aumentado en 4,3 puntos del PIB desde 2007 a 2015. Para alcanzar este resultado hay comportamientos dispares de los grandes epígrafes que lo componen. Las prestaciones sociales percibidas en dinero han aumentado sensiblemente su gasto (+4,3 pp del PIB fundamentalmente debido a las pensiones aunque un parte corresponde a las prestaciones por desempleo), al igual que los intereses pagados para financiar la deuda pública en circulación (1,5 pp del PIB) y la remuneración de los empleados públicos (+1 pp del PIB). En contrapartida, la inversión han caído mucho (-3 pp del PIB). 

Las cifras en euros constantes de 2015, es decir, después de deducir el efecto de la inflación, muestran que las inversiones han sido el epígrafe donde se ha concentrado la disminución del gasto en la etapa 2007-2015 (-39.124 millones de euros;-54,8% sobre 2007). El segundo epígrafe más afectado han sido los consumo intermedios (-4.575 millones de euros; 7,5% sobre 2007) y la remuneración de los empleados públicos le sigue con un descenso bastante inferior (-2.097 millones de euros; -1,7% sobre 2007). 

Los datos muestran que el gasto dirigido al pago de salarios de los empleados públicos ha permanecido casi constante en la etapa 2007-2015, otras cuestión bien distinta es si la distribución entre empleo y salarios es la más adecuada y, sobre todo, si se han introducido cambios entre administraciones y sectores de actividad.


El gasto público real computado como valor añadido ha disminuido un 8,1% desde el inicio de la crisis, pero el 85,4% se ha concentrado en las inversiones. Las prestaciones sociales percibidas en dinero han mejorado significativamente sus recursos (+31.173 millones de euros; +22,4% sobre 2007), al igual que el pago de intereses (+14.131 millones de euros; +74,4% sobre 2007).

Los ingresos, sin embargo, han caído 2,7 pp del PIB en el etapa 2007-2015. La mayor parte se concentra en los impuestos que giran sobre la renta de las personas y las empresas (-2,6 pp del PIB) con una menor aportación de las cotizaciones sociales (-0,4 pp del PIB). En sentido contrario, los impuestos sobre las ventas y la producción han aumentado su recaudación (+0,5 pp del PIB) como consecuencia de las abultadas subidas en los tipos de gravamen del IVA e Impuestos Especiales (el aumento en el IRF ha sido revertido en 2015). 

Una perspectiva mejor para valorar el impacto de los cambios sobre la población es observar el gasto por habitante después de deducir el impacto de la inflación, que si bien en los últimos años es nulo, no fue así en los primeros de la crisis, entre otras cuestiones como consecuencia de las subidas de los impuestos indirectos. 

El gasto público por habitante en 2015 fue muy similar al de 2007 medidos ambos en euros de 2015 (11.795,40 vs 11.931,30; -1,1% real) (Nota 1). El gasto por habitante en 2015 es por tanto similar al de 2007 aunque se dirige a cosas diferentes. A la vista de los datos por epígrafes, el gasto en inversión por habitante es mucho menor que en 2007 (Nota 2), se gasta más o menos lo mismo en remuneración de los empleados públicos y, sobre todo, se gasta más en pensiones. 


El gasto por habitante medido en euros constantes, por tanto, es similar al de 2007 pero esta comprobación estadística no significa que se gaste de forma eficiente y tampoco que se haga con la suficiente equidad. De igual forma, conviene no olvidar que la comparación de los ingresos públicos españoles con la media de la Zona Euro muestra una muy sensible diferencia a la baja en contra de España (en torno a 8 pp del PIB).

Cada persona tiene su modelo social y económico que incluye el grado de presencia del sector público y el patrón redistributivo de la renta y los esfuerzos. El debate público debe colaborar a la elección de uno concreto que sea apoyado por la mayoría, si es posible apoyado en la mejora de la eficiencia con un grado de equidad determinado y medible en la práctica. Pero para realizar este necesario proceso sería importante partir de un diagnostico adecuado de la situación. Elegir la comparación con el año 2009 para valorar la actual situación de los ingresos y gastos públicos no creo que sea la mejor elección.



NOTAS
Nota 1. La comparación de los importes nominales daría un incremento bastante abultado (+11,1%)

nota 2. La inversión en 2007 parece excesiva al ser muy superior a la media de la Zona Euro y probablemente la actual es demasiado pequeña.



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