La gran avería que todavía hace sufrir a la economía española

La economía española después de un largo e intenso periodo de caída en su actividad, comenzó su recuperación en 2014. En los últimos cuatro años, el promedio de la tasa anual de crecimiento ha sido el 2,5% y se han creado 1,7 millones de empleos equivalentes a tiempo completo. 

A pesar del cambio de tendencia hay muchas referencias a la elevada desigualdad que se ha instalado en la población española. Una situación cierta a la vista de algunos indicadores (salarios y condiciones de trabajo especialmente los puestos menos cualificados) que no obstante, no se confirma tanto cuando se observa en el gráfico que recoge el porcentaje de personas por debajo del umbral de pobreza, no era tampoco especialmente bueno durante la anterior etapa expansiva.

Eludiendo el interesante debate sobre cual es el mejor estadístico para medir la desigualdad (diferente de pobreza), considero que la todavía elevada tasa de desempleo es suficiente para darse cuenta de la gravedad de la situación, a pesar de su reducción en diez puntos desde el inicio de la recuperación económica (del 26% al 16,5%).

Para entender la situación actual merece la pena mirar un poco hacia atrás y analizar la situación de partida y algunas de las políticas que, con mayor o menor éxito, se aplicaron desde el inicio de la crisis en el segundo trimestre de 2008.

En economía como en otros aspectos de la vida, las causas son importantes pero también lo es la magnitud de las cifras que acompañan a esas causas. En el gráfico siguiente se puede observar que la economía española acumuló durante la anterior etapa expansiva un doble déficit en dos aspectos clave: comercial y fiscal.

En 2007 la balanza de pagos por cuenta corriente finalizó con un déficit del 9,9% del PIB, lo que implica que uno de cada diez euros de actividad de la economía española en ese año estaba apoyada en la creación de deuda con el exterior. El proceso de deterioro se inicia en 1994, pero como se aprecia en el gráfico se acelera bastante desde 2002 hasta alcanzar su máximo en 2007.

El deterioro de la balanza de pagos corrió en paralelo con el endeudamiento de los agentes económicos españoles que se incrementó en 90 puntos del PIB desde 2002 a 2008, de los que casi 60 puntos se correspondieron con préstamos hipotecarios concedidos por la banca española.

La posición alcanzada demostraba inequívocamente que la oferta productiva española era incapaz de adecuarse a una demanda interna inflada artificialmente con una deuda enorme del sector privado (1,9 veces el PIB anual).

Dos años después, en 2009, en tan solo dos años, se pasa de un superávit (1,7% del PIB) a un abultado déficit en las cuentas públicas (-11% del PIB). Este rápido y abrupto cambio, sin duda era reflejo de la extrema debilidad estructural de un sistema tributario construido para funcionar en una burbuja inmobiliaria y financiera, pero incapaz de sostenerse por sí mismo en otras condiciones.

El hundimiento del crédito y con él de la actividad económica, fue el detonante de un severo castigo sobre la ocupación. El gráfico siguiente que recoge la evolución del número de ocupados y la tasa de desempleo es bastante trágico, no solo por la pérdida de 3,3 millones de empleo sino porque además muestra que ni siquiera una súper burbuja de una década de duración había permitido en su punto más álgido que España alcanzara el pleno empleo.

El lector puede pensar que todo lo contado hasta a aquí todo es conocido. No le falta razón y por eso le pido paciencia, pero para comprender el relato actual es conveniente recordar la magnitud de la avería producida por un comportamiento muy poco maduro de la sociedad española, pero en especial de quienes tuvieron la oportunidad de por lo menos frenar la magnitud del problema como son los que aplicaron una política fiscal expansiva cuando la demanda privada estaba recalentada y quien debía controlar la generación de crédito bancario en un contexto de creación de dinero superior al 10 por ciento anual acumulativo.

Es cierto que ayudó una política monetaria europea con bajos tipos de interés y la buena disposición de terceros a financiar la deuda española. También es cierto que Alemania se ha aprovechado más de su participación en el euro al eludir una posible revaluación de su moneda por sus altos superávits comerciales, pero en última instancia fueron los agentes económicos española los que aceptaron los préstamos y los que decidieron su destino.

El paso de los años ha demostrado que la situación en 2009 era dramática aunque costó mucho aceptarlo (se llegaron a utilizar términos como desaceleración acelerada). El retraso en la asunción del problema fue clave para no adoptar decisiones que podrían haber reducido los daños. Por ejemplo, haber recapitalizado el sector financiero -Cajas de Ahorro- cuando los mercados estaban abiertos y con un precio razonable o, haber alcanzado un sólido pacto de rentas.

Como es conocido la decisión también fue la contraria. En el capítulo de empleo porque siendo cierto que había actividades sobredimensionadas directamente relacionadas con la construcción sin mucha solución de futuro al pincharse la burbuja, no ayudó nada a frenar la destrucción de empleo el elevado aumento salarial aplicado en el periodo 2008-2010, incoherente con la pésima situación económica. Cuando más necesaria era la flexibilidad interna no se presentó en el escenario y las consecuencias han sido muy negativas para muchas personas (trabajadores y empresarios).

Tampoco ayudó nada limitar la destrucción de empleo una legislación que en la práctica no reconocía el despido por causas económicas y que por tanto, encareció las salidas a las empresas.

No es descabellado pensar que haber alcanzado en 2008 un acuerdo de moderación salarial como el suscrito en 2011 junto con una más flexible interpretación del despido por causas económicas hubiera permitido limitar mucho la destrucción de empleo en España. Una ayuda a la que se podría haber sumado una rápida recapitalización bancaria que hubiera limitado el corte de crédito dirigido a dotar de liquidez a las empresas.

La economía española estaba colapsada sin financiación para afrontar un desmesurado nivel de deuda privada –una buena parte de la misma con el exterior por valor de 1,7 veces su PIB- y sin margen en política fiscal al haber alcanzado un saldo anual de dos dígitos del PIB.

Sin esa financiación, era imprescindible cerrar el déficit comercial con el exterior. Al formar parte de una moneda compartida con otros países, el euro, no se disponía de la posibilidad de devaluar tu moneda para mejorar tu posición aumentando tus exportaciones gracias a su menor precio comparado. Claro que el éxito de esta herramienta además de implicar la salida de la Zona Euro, un asunto nada menor, depende del grado de dependencia del país de las importaciones. Si es elevado, como es el caso de España con los productos energéticos y algunos otros, es necesario absorber el impacto del mayor coste de las importaciones sobre los precios internos porque de no ser así, en un breve plazo se pierde la ventaja conseguida con la devaluación de la moneda. 

Es decir, se necesita un pacto de rentas que garantice que no se producirá ese traslado de los mayores costes a los precios de las exportaciones. En definitiva, los mismos requisitos de una devaluación interna, la política aplicada en España.

Se critica que esta devaluación ha recaído más sobre los salarios que sobre los excedentes empresariales. Es bastante posible que haya sido así y que los mayores excedentes se hayan utilizado más para reducir deuda de las empresas que para aumentar los beneficios repartidos por las empresas. También puede ser cierto que un mayor interés por el consenso de los agentes sociales y económicos desde el inicio de la crisis podría haber cambiado este resultado, pero en última instancia ha conseguido revertir una situación insostenible y la economía española acumula seis años seguidos de superávit en la balanza de pagos. Una posición no alcanzada en la historia moderna de la economía española que cuando utilizó la devaluación se limitaba a un máximo de 2 años y, además, se quedaba de forma permanente con el incremento de precios.

El gráfico adjunto muestra que la evolución de las exportaciones españolas en relación con el PIB ha mantenido la tendencia anterior una vez superado lo más álgido de la crisis, pero también recoge un descenso de las importaciones que han permitido una mejor acomodación entre oferta y demanda nacional.

Siguiendo algunas de las definiciones al uso, la evolución de las exportaciones podría interpretarse como que con la política aplicada en España no ha ayudado a ganar competitividad, pero en desde una perspectiva más amplia de ese concepto como puede ser la capacidd de vender más productos propios de los que compras a la vez que aumentas tu PIB, la economía española ha mejorado sensiblemente su competitividad al conseguir revertir su saldo de balanza de pagos manteniendo un superávit de forma estable.  

Pasado lo peor de la crisis, se trata ahora de aplicar políticas que mantengan los avances conseguidos y mejoren las deficiencias de nuestra oferta productiva. Algo nada fácil de lograr porque todavía se sufren severas restricciones entre las que destaca la elevada tasa de desempleo estructural que puede estar situada en torno al 13% del PIB, es decir, el tejido productivo español no tiene la capacidad de utilizar toda la oferta de trabajo con marco de relaciones laborales en el que tampoco parece haber avanzado lo suficiente la flexibilidad interna en el mercado de trabajo.

La creación de empleo estable debe ser uno de los objetivos prioritarios de la sociedad española cuando se tiene todavía una tasa de desempleo del 16,5% de la población activa. En este trance se puede apelar a expandir la demanda interna en sus componentes de consumo e inversión. Puede ser una buena idea siempre y cuando se tengan en cuenta algunos límites básicos:   

•  Los aumentos salariales deben acomodarse a las mejoras de productividad de las empresas porque de otra manera, los trabajadores pueden acabar dirigiendo una parte demasiado grande de su mayor consumo a productos del exterior favoreciendo el crecimiento de la renta en otros países y generando más deuda a la sociedad española.
•  Las inversiones deben estar dirigidas a mejorar el potencial de crecimiento de la economía española, alejadas de criterios aparentes y/o clientelares como los utilizados en la anterior fase expansiva del ciclo económico.
• Las cuentas públicas deben proseguir la senda de saneamiento para conseguir un nivel de deuda sostenible a medio y largo plazo.

Un último apunte. La economía española mantiene todavía una elevada deuda, tanto a nivel privado como público, de la que una parte importante está financiada desde el exterior. La hipotética (y no deseada pero posible) llegada de una crisis económica le sorprendería en una muy incómoda situación al no disponer de espacio para desarrollar una política fiscal activa y estar reducidos los márgenes de aplicación de una política monetaria expansiva. De ser así, el mantenimiento de algunas políticas públicas claves sería mucho más difícil de conseguir que en la anterior crisis. Es el caso de las pensiones que pudieron mantenerse e incluso reforzarse jugando un papel importante proyegiendo a una parte de la población no solo pensionistas, porque la deuda pública era tan sólo el 35 por ciento del PIB y se disponía de un Fondo de Reserva equivalente al 6,3 por ciento del PIB. Ahora no se dispone de esa protección, por este motivo es importante incorporar las reformas necesarias para combinar suficiencia con su sostenibilidad financiera.