ESCRITO
dirigido por Miguel Ángel García Díaz a la Comisión del Pacto de Toledo del
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE ESPAÑA en relación con la comparecencia solicitada
sobre su participación en el Informe sobre el factor de sostenibilidad delsistema de pensiones
Madrid,
19 de junio 2013
Quiero
excusar no poder realizar personalmente esta comparecencia debido a tener que
cumplir con compromisos previos imposibles de cancelar. No obstante, envío este
escrito donde expongo mi punto de vista sobre el tema para el que he sido reclamado
por la Comisión del Pacto de Toledo.
El
Comité de expertos sobre el factor sostenibilidad del sistema de pensiones
finalizó sus trabajos el día 8 de junio de 2013 con un Informe final, al que concedí
mi voto favorable añadiendo un voto particular sobre la fecha de aplicación de
las dos fórmulas recomendadas.
La
orientación de mi voto se apoya en varias causas. La primera es que el Informe
defiende un sistema público de pensiones de reparto, es decir, con fuerte
solidaridad entre generaciones que además, puede desarrollar un cierto grado de
solidaridad a nivel personal, sectorial y territorial. Pero esta declaración no
sería motivo suficiente para mi apoyo, si considerara que el sistema de
pensiones propuesto no tuviera la posibilidad de proporcionar a los
trabajadores pensiones suficientes que les permitan mantener un bienestar
cercano al que disfrutaban cuando está trabajando.
El
Informe advierte de forma clara y completa de los retos a los que se debe dar
respuesta en el futuro próximo el sistema de pensiones que de no encontrarse la
solución adecuada pueden convertirse en riesgos. La mayor esperanza de vida
implica más años de percepción de la pensión. En la actualidad la vida media a
partir de los 65 años es aproximadamente de 20 años y parece que en el futuro
aumentará. Es, por tanto, una circunstancia a tener en cuenta para procurar un
nivel adecuado de solidaridad entre cohortes y generaciones. Por otra parte, un
sistema de reparto significa eso, repartir una parte de la renta creada por
quienes trabajan en un determinado momento a la población que ha finalizado su
vida laboral activa. Se trata de una transferencia de renta entre generaciones.
Mayor crecimiento económico implica más recursos pero una senda de inferior
aumento de la renta limita las posibilidades y, también esa posibilidad debe
ser tenida en cuenta.
Los
sistemas de pensiones de reparto pueden incurrir en déficits presupuestarios
circunstanciales, pero éstos no pueden ser eternos porque llega un momento en
el que no se dispondría de recursos para hacer frente a las obligaciones. Por
tanto, buscar su equilibrio presupuestario a largo plazo es un objetivo de toda
la sociedad, tal y como recogió desde su inicio el Pacto de Toledo. Un sistema
de pensiones debe ser viable hoy, pero también en el futuro porque quienes se
jubilen en cualquier momento del tiempo deben tener la seguridad de contar con
los ingresos precisos para cobrar su pensión. Esta debe ser una de las reglas
del juego.
Adicionalmente,
el sistema de pensiones español se enfrenta a un reto excepcional en su
historia, pagar las pensiones a la generación baby boom, es decir, asumir de forma progresiva el pago de un 70%
más de pensiones en 2046 (pasar de 9 a 15 millones). Un gran reto que debe ser
asumido como una obligación de la sociedad porque estas personas trabajan muy
duro ahora para asumir las actuales obligaciones del sistema de pensiones.
Las barras representan el número de pensiones vigentes en cada años (máximo en 2054 para después iniciar un ligero y lento descenso)
La línea refleja la tasa anual en la que evoluciona el número de pensiones (el periodo 2024-2042 concentra la mayor intensidad con tasas anuales superiores al 1,5%).
Con
los ingresos actuales (en ningún momento han superado el 10,2% del PIB), se
producirá un deterioro de la relación en pensión media y salario medio o, lo
que es lo mismo, la pensión puede crecer en términos reales pero se alejará del
objetivo de mantener un bienestar cercano al que tenía cuando el trabajador
estaba en activo (primer párrafo de la p.21 del Informe). La tasa de reposición
de esta generación disminuirá alarmantemente y, de esta forma, serán peor
tratados que la generación anterior y posterior.
(En la p.21 del Informe) “Las previsiones actuales apuntan a que la
tasa de dependencia aumentara de forma considerable en los próximos anos, como
consecuencia del baby boom, a no ser que se lleven a cabo reformas estructurales que den lugar
a un aumento importante del número de cotizantes.
De no ser ese el caso, a pesar de que la pensión media real
continuaría previsiblemente aumentando, La aplicación del Factor de Equidad
Intergeneracional y del Factor de Revalorización Anual darían lugar a una
disminución significativa de la pensión media sobre el salario medio. Esta
disminución podría dificultar la consecución de uno de los objetivos que la
Unión Europea recomienda para los sistemas de pensiones: mantener unos
estándares de bienestar económico de la población jubilada próximos a los que
mantenía en su etapa activa.”
El
Informe recoge y advierte de todos estos riesgos, también del último, el más
desconocido para la opinión pública pero también el más complicado acometer y
solucionar. Ante estas circunstancias, el Informe enumera las posibles salidas.
Asumir la pérdida en la calidad de vida o buscar otras soluciones. La más
evidente, aumentar los ingresos del sistema público de pensiones (no solo con
cuotas sociales sino también con impuestos como incorpora el Informe) para
hacer frente a esa circunstancia hasta alcanzar niveles similares a la media de
la Zona Euro. Aunque no lo concrete en números, significa pasar del 10,25% del
PIB actual en España al 13,5% del PIB. (2010) que ya gasta de media en la Zona
Euro porque allí se ha adelantado el fenómeno del baby boom.
Elegir
una u otra opción es competencia de los poderes públicos contando con la ayuda
del Pacto de Toledo. Mi opción individual no ofrece ningún género de dudas:
buscar esos ingresos adicionales para no dejar en la estacada a esa generación.
Pero no puedo imponer mi opinión a todo el mundo, aunque si se lee atentamente el
Informe se encuentra una referencia importante en el mismo sentido.
(En el segundo párrafo de la
p.6 del Informe)
“La segunda es que la clave está en que, para
que pensionistas y activos puedan sostener niveles de vida adecuados, con
pensiones medias en términos reales más elevadas, hace falta que los ingresos
del sistema de pensiones crezcan a una tasa superior al número de pensiones.
Esto es algo que el factor de sostenibilidad aflora, pero no crea. Es decir, si
no lo aplicamos, sigue estando ahí el problema básico: que los ingresos tienen
que crecer más que el número de beneficiarios si queremos que los pensionistas
sostengan niveles de vida relativos equivalentes a los actuales. A nuestro
entender esta es la mejor manera para garantizar el mandato del Articulo 50 de
la Constitución Española, por el que los poderes públicos garantizaran,
mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia
económica a los ciudadanos durante la tercera edad.”
Una
de mis aportaciones en el Comité ha sido colaborar a obtener una redacción en
el Informe que deje la puerta abierta a esa posibilidad de la acción de la
política. Entre otras cuestiones porque con el Informe en la mano, quien elija
deteriorar la relación pensión media y salario medio tendrá que explicar porque
no quiere mantener un nivel de gasto como el de la media de los países de la
Zona Euro y, para ello buscar los ingresos adicionales necesarios. No me parece
una cuestión menor incluir de manera nítida este importante problema y su
posible solución.
La
aplicación de las dos fórmulas incorporadas como factor de sostenibilidad no
condiciona el resultado de la pensión. La que contempla la evolución de la
esperanza de vida es un parámetro más añadido a los actuales (número de años
para calcular el porcentaje de la base reguladora, periodo utilizado para el
cálculo de la base reguladora y edad de acceso a la jubilación) que poco a poco
se está incorporando en los países de la Zona Euro. A legislación constante, el
aumento en la esperanza de vida significará una disminución de la pensión
inicial porque el pensionista la cobrará durante más tiempo (un concepto
similar a la actual jubilación anticipada), pero es preciso recordar que el
resultado final también es modulable, en caso de que los poderes públicos
quieran hacerlo por algún motivo.
La
fórmula de actualización anual de la pensión implica un cambio respecto al uso
del IPC para mantener el poder adquisitivo de la cuantía inicial (aunque ahora
no siempre se cumpla), pero en sí misma no determina ningún resultado, porque
está influida por el número de pensiones a pagar, el nivel de gasto total del sistema
y … los ingresos. Esta es una diferencia fundamental respecto a otras fórmulas
utilizadas en países europeos, por ejemplo Alemania. Nuevamente, aparecen los
ingresos del sistema y ¿quién decide sobre ellos al igual que del resto de los
parámetros utilizados para determinar la pensión? los órganos y canales de
decisión democrática, quienes son los únicos responsables del diseño y gestión
del sistema de pensiones. Ningún gobierno se puede apoyar en esta fórmula para
justificar un menor crecimiento de las pensiones.
La
fórmula es simétrica en solicitar esfuerzos y permitir el acceso a ventajas a
los pensionistas. La fórmula de actualización propuesta no es la más dura de la
Unión Europea, como ha afirmado maliciosamente algún medio de comunicación
convenientemente adiestrado, sino la más completa al recoger todas las
variables que afectan al desenvolvimiento del sistema de pensiones. Entre otras
cuestiones, es la única que permite inyectar dinero adicional al sistema. Si
cualquier formación política procura los ingresos suficientes para alcanzar
progresivamente el 14% del PIB de gasto (el previsto por la Unión Europea para
España en 2050), la fórmula de actualización anual puede generar crecimientos
anuales de la pensión superiores al IPC. Afirmar que la fórmula condena a los
pensionistas a congelaciones o disminuciones de su prestación, es simplemente
faltar a la verdad y quienes lo dicen deberían explicar cuáles son sus
argumentos.
La línea azul corresponde al gasto en pensiones posible con los ingresos actuales sin incurrir en déficit en el periodo 2014-2060
La línea roja corresponde a la previsión de gasto en pensiones enviado por el Gobierno español al Marco Abierto de Coordinación de la Unión Europea después de la reforma de 2011.
Las líneas reflejan la diferencia entre ingresos actuales y gasto previsto en ambas proyecciones (máximo 4,2 pp del PIB en 2050).
Las
dos fórmulas recomendadas que forman el factor de sostenibilidad son un instrumento que mantiene el sistema de
pensiones sobre los carriles que ha definido la política, el lugar donde reside
la soberanía popular. Un principio de jerarquía básico que el Informe deja
claro desde el principio.
(En la p. 4 del
Informe) “Esta Comisión de Expertos recibió el mandato de trabajar con esa
materia prima, y es lo que ha hecho. Aunque
el factor de sostenibilidad puede ser un elemento importante del sistema de
pensiones, conviene dejar claro que el diseño de este sistema es competencia de
los órganos de decisión democrática arbitrados por la sociedad española,
quienes han contado con una ayuda crucial del Pacto de Toledo desde su
creación.”
Eso
sí, alertan sobre problemas que pudieran no ser tomados en cuenta de manera
suficiente por los diseñadores de la política y que, si los dejan pudrir por
motivos electoralistas o de otro tipo, pueden generar graves consecuencias en
términos de equidad intergeneracional al exigir mucho más de los que deben a
unas cohortes que a otras.
Mi
diferencia con el Informe se sitúa en el momento de aplicación. He elegido 2019
porque es el momento en el que se agotaría el Fondo de Reserva de no
normalizarse en un tiempo razonable la situación económica de España y porque,
en mi opinión, un cambio como éste requiere del tiempo necesario para que la
población lo conozca en profundidad y, así evitar incertidumbres innecesarias en
un tiempo ya demasiado difícil.
Una
cuestión muy importante, los retos y riesgos del sistema de pensiones español
están ahí. Aunque no se aplique ningún factor de sostenibilidad, si no se dota
el sistema de más ingresos, se producirá en el futuro no muy lejano una
reducción significativa de la relación entre pensión y salario que, además, al
no contar con mecanismos de alerta pueden derivar en repentinos e intensos
recortes de la pensión cuando se considere insostenible el déficit. Entonces,
la distribución de los esfuerzos por cohortes y generaciones será muy
desequilibrada.
La
sociedad española ha trabajado muy duro desde el Pacto de Toledo en 1993 para
construir un sistema público de pensiones con prestaciones suficientes que se
puedan pagar ahora y en el futuro, es decir, que permita a todos los
trabajadores españoles vivir dignamente con la pensión que le facilita el
sistema público. No ayudaría a tan loable tarea que quienes tienen que tomar
las decisiones se guíen tan solo por tácticas electoralistas para conseguir
intereses distintos de los que necesita verdaderamente la población española.
Fdo:
Miguel Ángel García Díaz
Bona nit Miguel,
ResponderEliminarcomplejo el tema que se trata, gran responsabilidad en decir por lo qué se toma partido y necesariamente rigurosidad en el análisis que lo sustenta. Desafortunadamente CCOO no tiene el peso que quisiéramos muchos en el discurso político en esta sociedad y en este país, a pesar de equivocarnos y de acertar muchas más, entiendo y con toda humildad. ¿Cuántos intereses no generales, no? ¿y de manipular la opinión pública ...a costa de cuántos?
Que no nos quieren para influir es patente, pero que saben que nos tomamos muy en serio lo de nuestra dignidad y sustento en nuestra vejez, también. Aunque no nos den ese rango público, al menos abiertamente. Nos tendrán que echar (del discurso y la lucha).
Lo releeré varias veces como otros textos, y escucharé, como uno más de los compañeros.
C´est la vie, c´est la guèrre.