lunes, 15 de abril de 2013

Posibles consecuencias de una devaluación fiscal (intercambio de cuotas sociales por IVA)

Uno de los temas habituales objeto de debate en el ámbito económico es la excesiva dimensión de la cuota social pagada por el empleador por el uso del factor trabajo, al considerarla un elemento que incrementa en exceso los costes laborales y lastra la capacidad de competir de las empresas. Conocida la situación tan extrema en la que está situada España con mas de 5,8 millones de desempleados y el hecho de formar parte de una área monetaria única donde no hay posibilidad de utilizar el tipo de cambio para mejorar competitividad-precio, algunas voces están proponiendo la sustitución parcial de la cuota del empleador por un incremento en el Impuesto sobre Valor Añadido, lo que se denomina devaluación fiscal. El Comisario Europeo Oli Rhen, lo acaba de incluir entre las recomendaciones realizadas a España y todo apunta que también lo hará la Comisión de expertos creada para analizar la situación del sistema tributario. 

El correlato que manejan los defensores de la operación es, más o menos, el siguiente. La bajada de la cuota social del empleador reduce el coste laboral de la empresa y, por tanto, le permite a ésta bajar el precio final de sus productos con la consiguiente mejora de su cuota de mercado cuando su competencia se basa en el precio final del producto. Las mayores ventas aumentan el empleo incrementando la recaudación de los ingresos públicos, como suma de más cuotas sociales e impuestos. Por el otro lado, la elevación en el tipo de gravamen del IVA no entorpece la mejora de la cuota de mercado con el exterior al no operar en ese proceso dado que el precio de venta al exterior se calcula sin incluir el IVA en origen(el español) y, sin embargo a corto plazo, sirve para compensar la pérdida de ingresos públicos en la que se incurre por la baja de la cuota del empleador. Por último, la bajada de cuotas sociales compensada por una subida del IVA reduce el precio relativo de los bienes y servicios españoles (la bajada de la cuota afecta a precios internos y la subida del IVA a los externos) obteniendo un resultado similar a una devaluación del tipo de cambio al fomentar las exportaciones y penalizar las importaciones. El mayor precio final de las importaciones debido al mayor IVA podría, además, servir para conseguir un proceso de sustitución por productos nacionales.

Adicionalmente, el intercambio de cuotas por IVA abre la posibilidad de ampliar la base de financiación de las prestaciones sociales de carácter contributivo, en este momento muy concentrada en las cuotas sociales. Un cambio coherente con la pérdida de protagonismo del factor trabajo dentro del proceso productivo en las economías más avanzadas cada vez más inclinadas hacia el uso del capital físico y tecnológico para mejorar la productividad.

El trabajo elaborado por Bosca, Domenech y Ferri (2013) titulado "Fiscal devaluations in EMU" utliza argumentos similares para concluir que un incremento en el IVA de 2 puntos acompañado de una rebaja de la cuota social del empleados de 3,5 puntos obtiene resultados similares a una devaluación del tipo de cambio del 10% que en el caso español se concreta en un aumento medio del empleo del 1,3% en los dos años posteriores a la reforma (200.000 ocupados) y un aumento adicional del 0,74% en el PIB en un contexto de aumento del 0,9% de las exportaciones y un menor aumento de las importaciones del 0,4%. La opción de la devaluación fiscal frente a la alternativa del tipo de cambio significa para los autores, menos distorsiones sobre el ahorro, empleo inversión y acumulación de capital y, por tanto con efectos beneficiosos sobre el crecimiento y el bienestar.

Presentado de esta forma, todo son ventajas. Por tanto, porque no vamos a hacerlo. Sin embargo, cuando se analiza detenidamente la operación contiene algunos riesgos sobre lo que merece la pena reflexionar. Como elemento previo, el peso de la cuota social del empleador en España medido sobre PIB es ligeramente inferior a la media de la Zona Euro (11% frente a 11,5%). No es una prueba concluyente porque lo importante es la capacidad de vender tus productos y la productividad por hora trabajada, pero por lo menos nos sirve para conocer la situación de partida.

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Más importante es establecer la solidez del razonamiento antes de proceder a reducir un componente del salario del trabajador (salario en nómina + cuotas sociales como salario diferido). La traslación de la disminución de un coste, en este caso laboral, al precio final del producto necesita de un acto intermedio, no aumentar los beneficios distribuidos (el hecho de proceder a su reinversión sería inicialmente positivo). No vamos a suponer una conducta tan mezquina del empresario al considerar que prioriza la consolidación y ampliación de su proyecto empresarial, de forma que continuamos con el análisis. Conseguir aumentar la recaudación por IVA es imprescindible para compensar el menor ingreso por cuotas. Tampoco vamos a cuestionar este objetivo aunque un endeudamiento de los agentes económicos como el actual puede poner en peligro este objetivo. La elevación del IVA, sin embargo, sí suele finalizar en una subida de los precios nacionales (como hemos comprobado en 2012) que deteriora la capacidad adquisitiva de todos los ciudadanos, entre los que se encuentran los trabajadores.Para suplir la pérdida de capacidad adquisitiva puede suceder que aumenten la presión para elevar su salario monetario que, de conseguirlo, incrementa a su vez los costes laborales y absorbe la inicial mejora conseguida en competitividad-precio con la bajada de cuotas, además de anular la posibilidad de conseguir una sustitución de importaciones gracias a un precio más barato de los bienes y servicios españoles. Total que finalizado el proceso, en el mejor de los casos, se produce un efecto neutral en términos de competitividad con un empeoramiento de la inflación interna.

Parece claro que para que funcione el invento, se necesita una impecable compensación de ingresos entre la bajada de cuotas y subida de IVA (una hipótesis comprobada como no cierta en 1995 que, de volver a producirse pondría en riesgo el pago de las prestaciones sociales de carácter contributivo), pero, sobre todo, es imprescindible evitar una subida de precios nacionales que implica la asunción de los trabajadores de una pérdida de su poder adquisitivo al renunciar a la subida salarial posterior a la elevación del IVA. Un riesgo de incumplimiento en el encadenamiento de decisiones que también es reconocido en el apartado 4.3 del trabajo antes mencionado donde se enumeran las hipótesis que deben cumplirse para tener éxito.

No creo exagerado decir que la medida pretende, en última instancia, bajar los salarios reales sin que se note mucho ¿Por qué si no elegir la vía de las cuotas cuando lo importante es la dimensión de los costes laborales totales? Se me ocurre una explicación, la mayoría de la población no sabe que la cuota social del empleador es propiedad del trabajador al ser salario diferido que percibirá en el futuro (pensión y prestación por desempleo).

Ante la necesidad de mejorar la competitividad mediante el precio de los productos (imperiosa para España mientras no cambien las actuales circunstancias) parece más sólida la idea de utilizar una vía alternativa de la devaluación interna con reparto de los esfuerzos entre el factor trabajo y capital en la negociación colectiva, utilizando el salario monetario y los beneficios distribuidos.

La sociedad española ha sufrido mucho desde el inicio de la crisis, tal y como recoge la destrucción de empresas y empleo. La experiencia de la devaluación interna aplicada desde 2011 ha sido provechosa en algunos aspectos (mejora de las exportaciones y sustitución de importaciones) pero no lo ha sido tanto en la distribución de los esfuerzos debido a una inadecuada política de subida de los precios públicos y la ausencia de la necesaria colaboración de una parte de las empresas españolas. También soy consciente que una rebaja de la cuota del empleador es una forma rápida y generalizada de modificar el coste laboral en todo el país, pero aún así la fórmula de la negociación colectiva me parece más conveniente porque incluso en el supuesto de un desequilibrado reparto de los esfuerzos entre trabajadores y empresarios, por lo menos no se pone en peligro la financiación del sistema de pensiones que ya tiene bastante con afrontar las dificultades provocadas por un intenso proceso de destrucción de empleo (el peligro de no compensación de ingresos debido al fraude se suma a una recaudación por IVA más volátil que la de cuotas sociales). El uso de la negociación colectiva tiene otras ventajas. Se puede negociar de acuerdo a la situación real de sectores y empresas y se pueden hacer transparentes los esfuerzos para salir adelante en este momento crítico e, intentar reforzar el compromiso de todos los agentes con el futuro del tejido productivo español. Obviamente, los trabajadores querrán una contrapartida, mantener su empleo ahora y participar en los beneficios cuando las cosas vayan bien.

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