Artículo publicado en la web agenda pública-elperiodico.com serie contexto económico (aquí)
El Gobierno ha enviado a la Comisión Europea el Plan presupuestario 2019 del Reino de España con el objetivo explicitado de alcanzar el próximo año el nuevo objetivo de déficit del 1,8% del PIB; cinco décimas por encima al recogido en el Programa de Estabilidad presentado por el anterior Gobierno (1,3%).
El Gobierno ha enviado a la Comisión Europea el Plan presupuestario 2019 del Reino de España con el objetivo explicitado de alcanzar el próximo año el nuevo objetivo de déficit del 1,8% del PIB; cinco décimas por encima al recogido en el Programa de Estabilidad presentado por el anterior Gobierno (1,3%).
Este Plan, según sus autores,
recoge el acuerdo alcanzado con Unidos-Podemos en el que se incluían cambios
significativos en los capítulos de gastos e ingresos, de manera que “garantice la consolidación presupuestaria y la sostenibilidad de las
finanzas públicas y adopte las medidas necesarias para garantizar un
crecimiento inclusivo y reducir la desigualdad que se ha incrementado en España
de forma preocupante en los últimos años”.
La AIReF ha publicado un
documento titulado “Escenario macroeconómico y presupuestario 2018 y 2019 bajo criterio de políticas constantes” (26/07/201) (aquí) en el que incluye una previsión de liquidación de las cuentas públicas
españolas en 2018 con un déficit del 2,7% del PIB, es decir, cinco décimas
superior al inicial. No
obstante, parece que 0,2% puntos corresponderían a pagos extraordinarios (one
offs) que no se tendrían que repetir en ejercicios posteriores, de forma que el
saldo ordinario sería del -2,5% del PIB. El análisis incluye que un escenario “no
policy change”, es decir sin cambios normativos en las actuales políticas,
permitiría reducir el déficit hasta el -2,2% del PIB en 2019. Un simple cálculo
aritmético permite conocer que reducir el déficit hasta el 1,8% del PIB
necesitaría de modificaciones en ingresos y gastos por un saldo de 5.526,00
millones de euros en el conjunto de las administraciones públicas. Una
cantidad, por otra parte, la mitad de exigente que si se quisiera cumplir con
el objetivo de déficit oficial del -1,3% del PIB (11,352 millones de euros).
La presentación del Plan
presupuestario, como es habitual en todos los presentados por los distintos
gobiernos, no es un dechado de claridad y transparencia, dificultando su
análisis en aquellos apartados que pueden generar más debate. De su lectura, no
obstante, es posible alcanzar algunas conclusiones interesantes.
El Plan presupuestario 2019 presenta una tabla muy detallada y accesible
del impacto positivo esperado de las medidas de ingresos correspondientes a la
Administración Central (5.678 millones de euros) consecuencia de modificaciones
en algunas figuras ya existentes (Impuesto de Sociedades, IRPF, impuestos
especiales) y la creación de otras nuevas (Impuesto sobre transacciones
financieras e Impuesto sobre Servicios Digitales).
La previsión de los autores de ingresos adicionales añade la mayor
recaudación vía cuotas sociales por el incremento de las bases mínimas y
máximas de los cotizantes (1.500 millones de euros) sin detallar las cuantías y
los efectos para los trabajadores por cuenta propia y ajena (1).
Así, los ingresos potenciales de todas las medidas se cuantifican en el Plan en
7.178,00 millones de euros (0,57% del PIB).
Así, utilizando la información oficial recogida en el Plan
presupuestario de nuevos ingresos y gastos se podría reducir el déficit en 0,15%
del PIB en 2019, es decir, desde el 2,2% del PIB establecido en el escenario “no
policy change”, al 2,05% del PIB.
Antes de dar por buena esta previsión conviene enunciar algunas dudas
razonables que afectan a los ingresos y los gastos. Es posible que la capacidad
de las nuevas figuras tributarias sea insuficiente para cumplir con las expectativas de
recaudación de los autores del Plan. En el caso del nuevo impuesto de
transacciones por el riesgo de deslocalización de las bases imponibles. En el
nuevo impuesto sobre transacciones digitales porque no cuadra con las
previsiones de la Comisión Europea que en el mejor de los casos prevé una
recaudación de 4.800 millones brutos para todos los países de la Unión Europea; y dada su participación en la economía comunitaria, implicaría 360,00 millones
para España, es decir, poco más de una cuarta parte de lo incluido en el Plan
presupuestario.
Por otra parte, la reciente declaración sobre la no aplicación a los trabajadores autónomos del incremento de la base mínima consecuencia de la mejora del Salario Mínimo Interprofesional sustituyéndola por un sistema de cotización por rentas reales, limita también la recaudación (en torno a los 850 millones de euros); además de generar un grave problema de equidad (acceso a la pensión mínima con reducidas aportaciones) y posiblemente de suficiencia en el sistema de pensiones (incentivo a los falsos autónomos).
Por otra parte, la reciente declaración sobre la no aplicación a los trabajadores autónomos del incremento de la base mínima consecuencia de la mejora del Salario Mínimo Interprofesional sustituyéndola por un sistema de cotización por rentas reales, limita también la recaudación (en torno a los 850 millones de euros); además de generar un grave problema de equidad (acceso a la pensión mínima con reducidas aportaciones) y posiblemente de suficiencia en el sistema de pensiones (incentivo a los falsos autónomos).
También por varios motivos hay dudas razonables sobre la estabilidad
en el gasto de las comunidades autónomas y corporaciones locales que recoge el
Plan presupuestario, es decir, la no incorporación de nuevas políticas que se
desvíen del escenario “no policy change”. Dentro del Acuerdo con Unidos-Podemos
se incluye la reversión de medidas en sanidad como la desaparición del copago
sanitario para los pensionistas (mínimo de 900 millones de euros) y la
universalización de la asistencia (más recursos). También la reversión de
medidas en educación que obligan como mínimo a un mayor gasto en personal. Se
abre, además, la posibilidad de que las corporaciones locales afronten
inversiones sostenibles con el consiguiente impacto en el actual superávit.
Las dudas sobre la consistencia de los gastos del Plan presupuestario
aumentan cuando se observa que el incremento previsto del gasto en 2019 es
inferior al de 2018 (2),
tanto en valor nominal (18.911 vs 19,784 millones de euros) como porcentual
(3,8% vs 4,1%). Evolución que ayuda a reducir el protagonismo del gasto público
sobre el PIB (del 41% al 40,9%). Una evolución extraña cuando se está
anunciando a bombo y platillo un aumento adicional significativo de las
políticas de gasto en 2019.
Por estos motivos, un cálculo prudente del impacto presupuestario de las
dudas enumeradas en los capítulos de ingresos y gastos, aleja la posibilidad de
cumplir con el objetivo de déficit del 1,8% del PIB en 2019, abriendo un riesgo
importante de incumplir el nuevo objetivo por un margen no pequeño. Se podría
decir que hay serios visos de incompatibilidad en el Plan presupuestario
presentado entre cumplir con la relación de cambios planteados en las políticas
de gasto gasto y alcanzar el nuevo objetivo del déficit elegido.
Este pequeño artículo no cuestiona la necesidad de aumentar el gasto
público, aunque si tuviera que elegir posiblemente establecería otras
preferencias acompañadas de una mejora en la eficiencia en el uso de las
políticas públicas, trata de resaltar la responsabilidad de cumplir con el
necesario saneamiento de las cuentas públicas españolas. Una necesidad que no
viene de la imposición de los “hombres de negro de Bruselas” sino de necesitar
ese margen de política fiscal en los momentos peores del ciclo, porque aunque
los ciclos electorales lo ignoren, siempre llegan.
(1) La ley de autónomos desindexaba la base mínima de cotización de los
trabajadores autónomos con más de 10 trabajadores derivando a la ley de
presupuestos de cada año la fijación de la cuantía y la LGSS no obliga a seguir
la base mínima al SMI para el resto.
(2) Se excluyen los one-offs en 2017 y 2018 para evitar ruido en el
análisis.
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