Resumen Nota publicada en Fedea (abril 2022)
La reciente Ley 20/2021 incluye, entre otras medidas, la garantía del poder adquisitivo de las pensiones al actualizarlas anualmente con la tasa media del IPC. Con esta medida el legislador quiere proteger a la población pensionista de pérdidas de poder adquisitivo derivadas de la evolución de los precios, aislando a este colectivo de la evolución de la economía.
Esta decisión, no obstante, implica serias consecuencias sobre el gasto público, que la AIReF ha evaluado en 2,7 puntos del PIB en 2050 para la Seguridad Social, utilizando una evolución estable de precios y PIB. Un aumento del gasto añadido a la posición desequilibrada de partida de las cuentas de la Seguridad Social (déficit del 1,2% del PIB) incluso después de aplicar el nuevo concepto de gastos impropios compuesto por una relación de partidas sin una metodología objetiva en su definición.
La economía española ha encadenado varias crisis en poco tiempo provocadas por distintas causas: burbuja inmobiliaria y financiera y pandemia del Covid 19. La reciente invasión de Ucrania por Rusia ha generado una nueva crisis, que en esta ocasión está acompañada por una elevada inflación (tasa interanual del 9,8% en marzo).
Esta nota recoge el posible impacto en 2023 de la actualización de las pensiones sobre el gasto público total en esta materia y, con más detalle en las cuentas del componente contributivo de la Seguridad Social, utilizando hipótesis prudentes de evolución de los precios, salarios y PIB.
El gasto público total en pensiones superaría los 188.500 millones de euros (14% del PIB), es decir, habría aumentado en 1,7 puntos del PIB sobre el nivel existente en 2019, momento en el cual estaba situado en la media de los países de la Zona Euro. Una inflación superior al 6% utilizada como hipótesis en esta nota, empeoraría la situación, dado que cada punto adicional de IPC aumenta el gasto total en torno a 1.700 millones de euros (0,12 puntos del PIB).
El déficit del componente contributivo de la Seguridad Social en 2023 se situaría en el 1,2% del PIB en 2023 (-15.200 millones de euros) después de inyectar 18.396 millones de euros desde la Administración General del Estado en concepto de gastos impropios. El saldo negativo, por tanto, aumentaría hasta el 2,6% del PIB (-33.600 millones de euros) si se excluye este concepto.
De cumplirse este escenario, el sistema de pensiones mostraría un fuerte desequilibrio antes de iniciarse la llegada a la jubilación de la generación del baby boom.
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