Una defensa de lo público alejada del tremendismo

La criminalización genérica de los empleados públicos es una táctica para cambiar un modelo de producción de algunos bienes que pueden generar pingües beneficios al sector privado, sin por ello asegurar una mejora en eficiencia (mucho más difícil todavía en equidad).

Pero no es el único objetivo, también es ocultar pésimas decisiones y peores gestiones, ya que gobiernos con las mismas siglas utilizaron los tiempos de bonanza para colocar amigos y externalizar servicios, en muchos casos duplicados; hacer obras innecesarias y crear estructuras improductivas. El mismo comportamiento que mantuvo una parte no pequeña de los que ahora hacen trinchera de la defensa de lo público, y se asientan en la defensa del todo como si no hubiera márgenes de mejora, precisamente mediante la eliminación de la "grasa" acumulada en el tiempo del dinero fácil que ellos colaboraron a crear.

En definitiva, el último interés de los que criminalizan y algunos de los que defienden la existencia de lo público en términos genéricos, es el mejor funcionamiento de las políticas de producción pública que tanto bien pueden hacer a las personas en particular y a la economía en general cuando se definen con sentido común y se gestionan sensatamente.

La persecución de lo público se une con la defensa de los privilegios que hay en lo público, para desencanto de los ciudadanos que se distancian cada vez más, ya no de su defensa sino de la propia existencia. El concepto negocio se comparte, ya sea por la explotación desde el sector privado en régimen de oligopolio (mejor de monopolio) de servicios ahora públicos, como por el uso clientelar y corporatista de lo que en última instancia es de todos.

Las reflexiones necesitan una foto macro pero también y, sobre todo, mucho análisis de detalle, porque de otra manera, es bastante sencillo caer en la palabrería y con ella, en uno de los bandos de la cruzada. Eso significa analizar cómo funciona la educación en sus diferentes componentes, la sanidad, los servicios sociales, pero también el sistema de pensiones, la agencia tributaria o los servicios administrativos y docentes de la universidad. Aislar el funcionario jeta de los muchos de ellos que cumplen con su función y, en algunos casos, no pueden hacerlo mejor por los límites establecidos por quienes gobiernan y determinan las normas.

El gobierno de las cosas necesita de personas capaces y decentes, en lo público y también en el ámbito privado que debe jugar su papel común en la sociedad al manejar recursos de todos. El descrédito de lo público puede tener su origen en el funcionamiento de los partidos y otras instituciones que confundieron su papel dentro de la sociedad y han sesgado sus actuaciones en exceso hacia los intereses partidistas, o lo que es lo mismo, a la defensa de los intereses de su tribu (con mayor ahínco de la tropa dirigente y adláteres).

El cambio cultural hacia los valores tradicionales: esfuerzo, trabajo, responsabilidad y honestidad, son claves para salir de la crisis, porque la falta de ellos ha sido fundamental para crear la crisis.