Todos los estudios sobre
economía sumergida conceden a España un papel muy protagonista, por encima de
la media de la Unión Europea. Esta tara se refleja en muchos ámbitos, uno de
ellos es la recaudación pública. La presión fiscal española en 2012 será
inferior en 8,5 pp del PIB a la media de la Zona Euro, es decir, la recaudación
mediante todos los tributos y cuotas sociales será inferior en más de 90.000
millones de euros sobre la media de los diecisiete países de la moneda única.
El efecto recesivo del ciclo influye en este resultado pero las dos causas más
importantes es haber aplicado una política fiscal pro-cíclica durante la etapa
expansiva (bajar impuestos sobre capacidad económica) al considerar como
ingresos ordinarios lo que en realidad eran extraordinarios (operaciones
inmobiliarias irrepetibles) y, haber mirado hacia otro lado en la lucha contra
el fraude fiscal. La falta de cumplimiento de las obligaciones fiscales se
concentra en los colectivos menos controlables (rendimientos de actividades
económicas y rentas de capital) pero se extiende al conjunto de la sociedad
(con IVA o sin IVA).
A corto plazo la sociedad
española necesita aumentar los ingresos públicos para asumir como mínimo la
mitad del esfuerzo de consolidación fiscal (2pp del PIB en dos años). En esta
tarea la lucha contra el fraude fiscal debe dejar de ser frase una hueca repetida
por los políticos para concederle la importancia que no se le ha dado desde la
restauración democrática. Para ello es preciso actuar en dos direcciones:
normas legales más ambiciosas (desde la Ley de Delito Fiscal a la desaparición
del régimen de módulos) y recursos humanos suficientes (en España son la mitad
de los habituales en la Zona Euro). Es preciso acabar con la impunidad de los
defraudadores mediante una muy superior dureza en la penalización y con la
excesiva complacencia social ante este hecho (valga el ejemplo de los cambios
en la seguridad vial después de aplicar con severidad multas y retirada de
puntos).
La amnistía fiscal es una
decisión que me genera un rechazo categórico porque significa vender a bajo
precio un concepto ético de altísimo valor. El compromiso individual con los
valores comunes de la sociedad. Cuando se haya reducido el muy grande fraude es
posible reconsiderar el sistema tributario a partir de la ampliación de la base
imponible (reducción de tipos de gravamen) con un mayor grado de equidad en la
distribución de los esfuerzos (en el trato de las distintas fuentes de renta,
personas y territorios). El sistema fiscal debe ser compatible con un
comportamiento sano de la economía (eficiencia) pero no hay que olvidar que
también debe servir para redistribuir la renta en el nivel deseado por cada
sociedad.
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