domingo, 16 de diciembre de 2012

Fraude fiscal y economía sumergida


Todos los estudios sobre economía sumergida conceden a España un papel muy protagonista, por encima de la media de la Unión Europea. Esta tara se refleja en muchos ámbitos, uno de ellos es la recaudación pública. La presión fiscal española en 2012 será inferior en 8,5 pp del PIB a la media de la Zona Euro, es decir, la recaudación mediante todos los tributos y cuotas sociales será inferior en más de 90.000 millones de euros sobre la media de los diecisiete países de la moneda única. El efecto recesivo del ciclo influye en este resultado pero las dos causas más importantes es haber aplicado una política fiscal pro-cíclica durante la etapa expansiva (bajar impuestos sobre capacidad económica) al considerar como ingresos ordinarios lo que en realidad eran extraordinarios (operaciones inmobiliarias irrepetibles) y, haber mirado hacia otro lado en la lucha contra el fraude fiscal. La falta de cumplimiento de las obligaciones fiscales se concentra en los colectivos menos controlables (rendimientos de actividades económicas y rentas de capital) pero se extiende al conjunto de la sociedad (con IVA o sin IVA).
A corto plazo la sociedad española necesita aumentar los ingresos públicos para asumir como mínimo la mitad del esfuerzo de consolidación fiscal (2pp del PIB en dos años). En esta tarea la lucha contra el fraude fiscal debe dejar de ser frase una hueca repetida por los políticos para concederle la importancia que no se le ha dado desde la restauración democrática. Para ello es preciso actuar en dos direcciones: normas legales más ambiciosas (desde la Ley de Delito Fiscal a la desaparición del régimen de módulos) y recursos humanos suficientes (en España son la mitad de los habituales en la Zona Euro). Es preciso acabar con la impunidad de los defraudadores mediante una muy superior dureza en la penalización y con la excesiva complacencia social ante este hecho (valga el ejemplo de los cambios en la seguridad vial después de aplicar con severidad multas y retirada de puntos).
La amnistía fiscal es una decisión que me genera un rechazo categórico porque significa vender a bajo precio un concepto ético de altísimo valor. El compromiso individual con los valores comunes de la sociedad. Cuando se haya reducido el muy grande fraude es posible reconsiderar el sistema tributario a partir de la ampliación de la base imponible (reducción de tipos de gravamen) con un mayor grado de equidad en la distribución de los esfuerzos (en el trato de las distintas fuentes de renta, personas y territorios). El sistema fiscal debe ser compatible con un comportamiento sano de la economía (eficiencia) pero no hay que olvidar que también debe servir para redistribuir la renta en el nivel deseado por cada sociedad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario