política pública de vivienda y desahucios

La solución al problema de los desahucios debe recogerse dentro de una política más global que cambie el enfoque utilizado durante décadas de priorizar la oferta (ayuda a la piedra) por el de facilitar el acceso a la vivienda a precio asequible (política de demanda) muy concentrada en el alquiler. Las medidas para defender a las personas en peor situación no deben discriminar a quienes cumplen con sus obligaciones, tampoco fomentar los impagos, pero en las medidas adoptadas que paralizan las ejecuciones en algunos casos, adolecen de varias cuestiones: no se suspenden los abusivos intereses de mora (pura usura), tampoco se apuesta por la ampliación del plazo de amortización del crédito con intereses razonables y no parece clara la voluntad de poner en funcionamiento de viviendas de alquiler a precio razonable para quienes perdieron su vivienda.

En paralelo, la norma hipotecaria debería elevar el porcentaje del valor de la vivienda hasta el 80% cuando se produzca una ejecución, en lógica con la obligación que deberían haber cumplido las entidades bancarias en el momento de conceder el crédito y se queda corto en la cobertura a colectivos. La dura experiencia sufrida debería hacer reflexionar al regulador para establecer el sistema de "dación en pago" en la futura normativa de concesión de créditos hipotecarios porque esta medida reducirá el número de operaciones (aumentaría el alquiler con una política pública suficiente) pero, a cambio, extremaría la prudencia en la gestión del riesgo evitando situaciones tan lamentables como las actuales, no sólo por el sufrimiento de las personas sino también por los costes asumidos por los contribuyentes para solucionar el desaguisado provocado por una parte importante del sector financiero español.

Se trata por tanto de parar el drama actual de las personas en peor situación, a la vez que se establece una nueva política pública de vivienda apoyada en objetivos totalmente distintos.