miércoles, 27 de febrero de 2013

Dos demandas en política fiscal para mejorar las sombrías perspectivas

El Presidente del Gobierno acaba de anunciar que la sociedad española ha conseguido una muy importante reducción del déficit de sus cuentas públicas en 2012 (2,2 pp del PIB sobre el año anterior) hasta situar el saldo en el -6,7% del PIB. El resultado no tiene en cuenta, según la información disponible, la imputación adicional de 3,2 puntos del PIB correspondientes a las ayudas extraordinarias concedidas a las entidades bancarias que cabe interpretar, por lo menos para la Comisión Europea, como pérdidas irreversibles. Hay que prestar atención este dato porque conviene concoer el destino del dinero público pero en aras de cumplir con el saneamiento de las cuentas públicas obligado por la pertenencia a la Zona Euro, el dato importante es el primero porque reúne las operaciones habituales del sector público en un ejercicio, es decir, los ingresos y gastos públicos no considerados extraordinarios.
La simulación realizada por quien escribe este blog refleja que los ingresos pueden haber aumentado en 2012 alrededor de 9.600 millones de euros (2,5%) y los gastos haber sufrido una reducción de -15.314 millones de euros (-3,2%), a pesar de haber tenido que asumir los mayores gastos financieros generados por la deuda (más de 6.000 millones de euros). Cuando se disponga de datos oficiales detallados se podrá realizar una valoración correcta de la distribución del esfuerzo aunque inicialmente el peso de los ingresos totales sobre el PIB crece 1,3% y el del gasto se reduce el -0,9% del PIB (cosas del álgebra).
La noticia de haber reducido el elevado déficit público es buena, siempre y cuando no vayan a aparecer revisiones posteriores o no se haya diferido al año siguiente la contabilización de parte de las facturas. Digo que es buena porque aunque no creo que satisfaga a quienes perdieron su empleo; tampoco a quienes le recortaron el sueldo o a quienes han visto mermar su capacidad adquisitiva por el incremento del IVA, supone un paso importante para desacelerar el ritmo de endeudamiento colectivo (deuda pública equivalente al 86% del PIB) y para generar un poco de confianza en los inversores exteriores, de manera que se animen a comprar nuestra deuda (la pública y la privada).
Contada la noticia, los problemas siguen encima de la mesa. La economía española necesita muchas cosas para crecer y crear empleo. La primera, estabilidad institucional, pero ese no es asunto directo de mi negociado. En el terreno fiscal, me concentraré en dos cuestiones: una ampliación del calendario de saneamiento de sus finanzas públicas y una estrategia para acercar los ingresos públicos a ratios menos alejados de la media de la Zona Euro.
La ampliación hasta 2016 para cumplir el límite máximo de déficit abre a la política fiscal española la posibilidad de reducir el impacto negativo procíclico, hasta el punto de incidir en un mejor dato de actividad en 2013 (previsión del -1,5%). Un mayor plazo, no elimina los esfuerzos que debemos realizar pero sí los puede limitar; al igual que los limitaría y, mucho, disponer de una estrategia para aumentar los ingresos públicos sin incrementar los tipos de gravamen de los principales tributos.
En la hipótesis de disponer hasta 2016 para realizar el saneamiento de las cuentas públicas, el aumento anual de los ingresos públicos en una cuantía equivalente al 0,5% del PIB permitiría reducir el esfuerzo sobre el gasto en 2013, para mantener a partir de ese momento el nivel alcanzado incluyendo el previsible aumento en el gasto financiero). Puede sonar obvio, pero conviene recordar que a mayor recuperación de los ingresos, menos esfuerzo en recortes en el gasto hay que realizar, sin por ello olvidar la aplicación de medidas para la mejora de su eficiencia, entendida como la mayor capacidad de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Con  superiores ingresos, el escenario de esfuerzos para los españoles se mantendría pero en un grado muy inferior al recogido en el actual Programa de Convergencia.
Cuando un país tiene una diferencia de 7,5 puntos del PIB en sus ingresos públicos con los países con los que comparte proyecto de integración, moneda y la mayor proporción de sus transacciones comerciales, es necesario aplicar un drástico y contundente plan para reducir la brecha. Cuando ésto sucede, los tributos son similares a los países del entorno y no se dispone de una tasa de crecimiento de la actividad, la gente tiene que entender que se debe acabar el “con IVA o sin IVA” y la multitud de trucos para eludir las obligaciones fiscales por parte de colectivos que por otra parte, están perfectamente localizados pero las necesidades electorales de los diferentes partidos tienden a olvidar.
La política tiene que ponerse al frente de esta estrategia. Estoy seguro que una propuesta seria de aumentar los ingresos públicos será muy bien recibida por el resto de los países miembros del euro, con la consiguiente mejora en la credibilidad de la marca España, a la vez que más comprensión con nuestros problemas (bastante graves). Por el contrario, el anuncio realizado por el Ministro de Economía de una próxima rebaja de impuestos cuando se tiene un déficit del 6,7% del PIB y una solicitud de ampliar el periodo para reducir el déficit, les debe sonar a tomadura de pelo.

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