Las personas nos podemos proponer ser los mejores en alguna actividad, ya sea por ambición o, simplemente por el placer de asumir un reto y demostrarte que eres capaz de hacer algo. Los incentivos, al igual que las ilusiones, forman parte de una condición humana que, desgraciadamente, también contiene características menos favorables. Los incentivos individuales pueden y deberían coincidir con otros compartidos con las personas que nos rodean e, incluso con los de otros territorios, en especial, si compartes con ellos algunas cuestiones importantes. España forma parte de un proyecto de integración regional, la Unión Europea y, además dentro de ella, de un grupo más selectivo y quiero creer más avanzado, el de países que utilizan el euro como moneda de intercambio comercial y financiero con el resto del mundo. Esta decisión implica ventajas y también obligaciones. Las primeras fueron perceptibles en los 14 años de bonanza económica que se agotaron en el 2 trimestre de 2008 y, las segundas, sin embargo, son más evidentes en este tiempo de severa crisis que castiga a la sociedad española. Ambas, las evntajas y las obligaciones, siguen plenamente vigentes.
Esta reflexión sobre compartir cosas e ideas, da mucho juego porque abarca ámbitos diversos que se pueden analizar desde distintas perspectivas. La complejidad es una característica de las relaciones sociales y económicas. Por eso hoy quiero concentrarme en el sistema fiscal analizado desde una perspectiva macro. El cumplimiento del calendario de saneamiento de las cuentas públicas marcado por el Eurogrupo es un tema de máxima actualidad en los foros especializados, pero también en la calle, porque en última instancia la presencia del sector público en las sociedades europeas es un elemento habitual que afecta a la vida cotidiana de millones de personas. Tampoco voy a parar mi atención en cuestionar el grado de exigencia del actual calendario (déficit máximo del 3% del PIB en 2014 aunque a nivel informal se considere casi concedida la ampliación en un año); quiero describir tan sólo la dimensión del sistema fiscal español.
La información disponible en el momento de escribir esta entrada apunta que el gasto de las Administraciones Públicas españolas en 2012 será inferior en 6,5 puntos del PIB al de la media de los países de Zona Euro. El sector público español no gasta más que la media de nuestros socios más directos; otra cosa es si gasta de forma correcta, lo que en la jerga de economistas se define como eficiencia, en cuanto al uso de los factores productivos disponibles, y equidad en cuanto a la capacidad para distribuir los esfuerzos y los beneficios entre la población y los territorios de acuerdo a los criterios elegidos.
La mayor diferencia en dimensión del sistema fiscal español, no obstante, se encuentra en los ingresos públicos. Sí, esos que se obtienen a través de los impuestos, las tasas, los precios públicos y las cotizaciones sociales que pagamos los ciudadanos y las empresas a los que se une algún otro mecanismo que tiene que ver con las relaciones exteriores, por ejemplo las transferencias recibidas de la Política Agrícola Comunitaria y de los Fondos Estructurales. En el terreno de los ingresos públicos, España cojea mucho en este aspecto al conseguir unos ingresos inferiores en aproximadamente 8,4 puntos del PIB a los que de media obtienen los países que comparten el euro. No estoy hablando de Dinamarca o Suecia, ni siquiera de Francia, sino de la media de los 17 países donde se encuentran también países como Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Estonia.
Esta posición comparada generará sorpresa a muchos abnegados contribuyentes que cumplen con sus obligaciones sistemáticamente, con mayor razón después de las elevaciones en los tipos de gravamen decididas en los tres últimos años en distintos impuestos (IRPF e IVA). Debe ser así, cuando 2 de cada 3 personas consideran que en España se pagan muchos impuestos. Siento decepcionarles, en términos agregados no es así cuando nos miramos en el espejo de los países con los que debemos convivir más estrechamente. En términos de suficiencia estamos mal, bastante mal, otra cuestión es cómo se reparten los esfuerzos entre las personas de la actual presión fiscal (36,2% del PIB frente a 44,6% de la UE17).
Los problemas de financiación de la deuda pública que nos ahogan y limitan nuestra política económica, no vienen dados por un exceso de dimensión comparada del sector público español, sino por un gran desequilibrio entre los ingresos y los gastos que ha sido provocado por una larga relación de decisiones, no siempre acertadas o, mejor dicho, bastante desacertadas, adoptadas en su mayoría durante el ciclo expansivo por los sucesivos gobiernos. Estas decisiones han creado el déficit y, además, han acumulado un significativo volumen de deuda en circulación en un breve periodo de tiempo. El rápido y abrupto descenso de los ingresos públicos ha sido el origen del problema y debe ser la clave de bóveda para solucionarlo, aunque tampoco se debe utilizar este argumento como burladero para no analizar en detalle la calidad del gasto público.
No siempre hay que parecerse a los demás. En este aspecto también deberíamos haber aprendido mucho a la vista de la interminable lista de casos de corrupción que nos rodea que, por otra parte, es bastante lógico al ser funcional a las conductas permitidas durante el largo periodo de tiempo en el que había demasiado dinero fácil en circulación. Pero a la vista de estos datos recogidos en el gráfico sobre la situación comparada del sistema fiscal español con la Zona Euro, se me ocurre que el primer objetivo de la sociedad española y, por tanto, de su política económica debería concentrarse en ser como los países con los que queremos compartir destino o, por lo menos, parecernos en aquellos rasgos que parecen constituir sus cimientos. Alcanzar el nivel de ingresos fiscales de nuestros socios parece un buen objetivo para limitar angustias y sufrimientos. No digo que sea una tarea fácil. Como he comentado, las cosas en economía son complejas y, además la política económica no siempre es compatible con lo que dicta la teoría al no disponer de las condiciones necesarias, pero compartir este objetivo de convergencia en un periodo razonable de tiempo permitiría saber hacia dónde vamos y consensuar la forma de llegar.
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