Aclaraciones sobre competitividad y salida de la crisis

Después de 6 años de intensa crisis en la que se han perdido casi 4 millones de empleos y una gran parte de las familias han sufrido importantes pérdidas patrimoniales, entiendo el cansancio y, todavía más, la frustración de la gente ante la falta de asunción de responsabilidades de los culpables del desaguisado, porque a la vista de los hechos parece que lo que le ha pasado a la sociedad y a la economía española tiene origen en una maldición inevitable. No es así, hay causas para explicar casi todo, de igual forma que hay salidas a las situaciones difíciles, pero no existen milagros.

Al abrigo de la crisis se han presentado, me imagino que con la mejor intención, todo tipo de análisis y recetas para salir del agujero. Una de las diferencias entre la amplia panoplia disponible se centra en la interpretación del término competitividad. Para unos la economía española no ha dejado nunca de ser competitiva y para demostrarlo ponen como ejemplo que las exportaciones españolas no habían dejado de crecer en la etapa expansiva. Para otros, entre los que me incluyo, consideramos que la falta de competitividad, junto con la deuda, es un elemento clave para explicar la recesión y, por tanto, también para buscar la salida.

La competitividad de una empresa o de un país es la capacidad de vender tus productos a un precio superior a los costes incurridos en el proceso de producción obteniendo beneficios o, como mínimo, sin incurrir en pérdidas. La capacidad de competir no se limita a vender tus productos en el extranjero sino que incluye también venderlos en tu propio territorio porque de otra manera, aparece un saldo negativo con el exterior que necesita ser financiado con una acumulación de deuda. Esta era la situación de la economía española en 2008 cuando la diferencia entre las compras y las ventas al exterior era negativa en un 10% del PIB. Es cierto que hasta ese momento no se había perdido capacidad exportadora pero el tejido productivo español era incapaz de atender el volumen de consumo y la inversión interna, de manera que de forma constante se estaba transfiriendo renta al exterior a cambio de acumular una montaña de deuda privada (1,7 billones bruta y 1 billón neta).

No encuentro nada más cercano a la falta de competitividad para describir esa situación. Falta de competitividad porque los españoles habíamos preferido invertir en viviendas en vez de hacer más robusto el resto del tejido productivo y, así, por lo menos tener una oportunidad de absorber el aumento de consumo e inversión interna.

La crisis que tanto tiempo costó reconocer a muchos, se afronta en una tesitura de insuficiencia de tejido productivo propio para abastecer a la demanda interna y enorme volumen de deuda privada. Así, mantener los mismos niveles y tipos de consumo e inversión profundizaba en los problemas. Había que hacer algo diferente. Bueno, en teoría se podían haber cambiado los hábitos de consumo e inversión de la población española para que de repente se dieran cuenta que debían utilizar productos nacionales y reducir las importaciones, pero en la práctica ese cambio es bastante difícil porque además puede que no se disponga de oferta propia competitiva. También se podría haber utilizado más el gasto público, pero el déficit era tan grande que era complicado encontrar financiación cuando además, el destino de ese gasto no parecía el más conveniente para mejorar la posición a medio plazo (Plan E). Es cierto que podía habernos ayudado el Banco Central Europeo comprando nuestra deuda pública y privada, pero tampoco era el caso porque las deficiencias de la Unión Monetaria estaban en plena efervescencia y porque la economía española había deteriorado sus cimientos en exceso.

La economía española debía tapar la sangría del desfase con el exterior porque no le beneficiaba y no se lo podía permitir. Podía haber elegido utilizar la devaluación del tipo de cambio de la moneda para recuperar competitividad externa pero para eso era necesario abandonar el euro.Tal decisión  conllevaría otras consecuencias adicionales como el encarecimiento de la deuda, el abaratamiento de tus activos para terceros, la elevación del tipo de interés, el posible cierre del mercado de financiación, ... Sin contar la frustración de salir del proyecto de moneda única europea. Además, la experiencia demuestra que el efecto benéfico de la devaluación de la moneda se agota en poco tiempo si no está acompañado de un pacto de rentas para no incrementar el precio de las exportaciones a través de una subida de los precios nacionales derivados del mayor coste de las importaciones. La devaluación de la moneda también implica una pérdida de poder adquisitivo de los agentes cuya intensidad la marca la dimensión de las importaciones. 

El camino de la devaluación interna no era un capricho sino un paso casi obligado por la situación para adaptar los precios nacionales a nuevas posibilidades de competencia. Lo óptimo hubiera sido afrontar esa devaluación interna junto con una política fiscal más expansiva y selectiva en su uso, dirigida a mejorar el tejido productivo junto a disponer de un crédito más amplio y fluido para financiar las actividades viables (liquidez para evitar la insolvencia). No ha sido así porque teníamos un sistema tributario quebrado por las pésimas decisiones adoptadas en la etapa expansiva y porque en lugar del mejor sistema financiero del mundo como declaraban algunos, disponíamos de uno bastante perjudicado por la mala gestión de las entidades y el inexistente control y supervisión del regulador público.

La devaluación interna debería haber estado acompañada de otra característica, el equilibrio en los esfuerzos de todos los agentes afectados. No ha sido así, por varios motivos. La falta de competencia en el mercado español permite a determinadas ramas de actividad mantener precios demasiado elevados con beneficios desmesurados, una parte significativa de los mayores márgenes conseguidos con la bajada de salarios se ha dirigido a reducir la muy elevada deuda acumulada y la reforma laboral ha desequilibrado de forma evidente la correlación de fuerzas entre las partes. 

En definitiva, los trabajadores que sí han visto reducido sus salarios no han visto hasta la fecha recompensado su enorme esfuerzo con la necesaria creación de empleo.   

Un paréntesis en el relato, la experiencia ha demostrado que la reducción de costes salariales no garantiza una automática traslación a más empleo y más ingresos públicos, de manera que si la opción elegida hubiera sido la bajada de cuotas sociales (en vez de los salarios) nos encontraríamos en la desagradable situación de haber empeorado la situación de las cuentas públicas españolas y la financiación de las prestaciones sociales de carácter contributivo. El obligado proceso de desendeudamiento también limita los posibles efectos expansivos de una rebaja de impuestos. En la misma línea, tampoco el impago de la deuda soluciona el problema de la insuficiente cobertura del tejido productivo sobre la demanda interna, sin contar con posibles efectos secundarios no menores (pérdida de confianza de terceros y penalización a los ahorradores).    

La distribución de esfuerzos debería haber sido equilibrada pero eso no significa que el proceso haya sido inútil. El saldo con el exterior en 2013 rozará el 4% del PIB permitiéndonos reducir la deuda externa y, sobre todo, nos sitúa en una posición de partida más sana que permite aplicar políticas internas expansivas con capacidad de éxito. Para interpretar la actual situación no se puede olvidar, y menos aún obviar, este drástico cambio, y el enorme esfuerzo realizado por la sociedad española.

El tejido productivo español se ha desprendido de la grasa. Todo lo que queda es bastante competitivo aunque no hay que confundirlo con demasiado productivo, es decir, no todo él cuenta con el suficiente valor añadido para generar la renta necesaria de forma sostenible. Pero además, lo que ha quedado es insuficiente para facilitar empleo a todas las personas que quieren trabajar.

Los problemas de la economía española han mejorado pero no todos se han solucionado. El volumen de deuda sigue siendo excesivo, el sistema financiero sigue renqueante por la pacata utilización de los instrumentos en manos de las autoridades públicas y las cuentas públicas necesitan reducir el déficit, no sólo porque lo exige la Unión Europea sino porque más deuda significa más cargas presentes y futuras. No se puede esperar mucho de un presupuesto que sigue inmerso en el proceso de saneamiento (bajar del 6,5% al 5,8% PIB en 2014) y sigue sin disponer de un nivel de ingresos siquiera parecido a la media de los países de la Zona Euro (es 9,1 pp del PIB inferior). El siguiente gráfico es el mejor resumen de los márgenes de los presupuestos.

En esta delicada situación la negociación colectiva del próximo año debería concentrarse en garantizar el cumplimiento de la subida salarial recogida en el AENC (0,6% nominal) en la práctica totalidad de las empresas, contemplando los descuelgues salariales como una excepción. Una negociación preludio de otras posteriores donde los trabajadores puedan acceder a las ventajas de una mejora en el ciclo económico, para lo cual es necesario introducir cambios importantes en la normativa laboral pero, sobre todo, dinamizar el contenido de la negociación colectiva. La evolución moderada de los salarios en 2014 debe estar acompañada de una estabilidad de precios para no entorpecer el proceso de mejora, a la vez que no se perjudica más el poder adquisitivo de la población. 

En espera de cambios en el sistema tributario y en la lucha contra el fraude que permitan mejorar los ingresos públicos (y la distribución del esfuerzo) y deseando un comportamiento más expansivo de las economía europeas más sanas, la mejor marcha del sector privado debería servir en 2014 como tirón de la economía española, en esta ocasión para favorecer el saneamiento de las cuentas públicas.