La pérdida no voluntaria del empleo lleva aparejada sufrimiento de las personas afectadas y un impacto negativo sobre la actividad económica derivado de la pérdida de la renta de un número de trabajadores y empresarios. Esta contigencia indeseada se puede afrontar de varias maneras desde la política. Unos planteamientos abogan por no hacer nada porque de esa forma, siguiendo la teoría clásica, se producirá un ajuste más rápido en el coste del factor trabajo, es decir, bajará inicialmente su retribución hasta devolver el equilibrio y alcanzar el pleno empleo. Otros planteamientos apoyados en la perspectiva de demanda agregada consideran necesaria la intervención del sector público con el fin de reducir el efecto negativo de la pérdida de renta y no profundizar el ciclo negativo. Una intervención compartida también desde una interpretación rawlsiana de la justicia redistributiva que considera necesario proteger a las personas ante la adversidad aunque sólo sea por el hecho de existir la posibilidad de que le pueda tocar a cualquier de nosotros. En la práctica, la segunda alternativa está más generalizada en el mundo aunque el nivel de protección varíe según la zona geográfica y el país.
La larga etapa expansiva disfrutada por España redujo sensiblemente el gasto en prestaciones económicas por desempleo (mínimo del 1,42% del PIB en 2006) aunque los recursos aplicados siempre superaron a la media de la Zona Euro al no conseguir una tasa de desempleo inferior al 8% de la población activa. La abrupta llegada de la recesión más intensa desde la restauración democrática disparó rápidamente las solicitudes de acceso a la prestación económica por desempleo con un aumento de 1,2 millones de beneficiarios en tan solo 2 años (2007-2009). La mayor parte de las prestaciones generadas en esta primera etapa fueron de carácter contributivo (67% del total), es decir, su cuantía tenía una relación con el salario anterior (70% durante 6 meses y 60% el tiempo restante) aunque no podían superar un tope fijado de acuerdo a las cargas familiares (1.087,20 sin cargas familiares en 2013). El resto de los beneficiarios se tuvo que conformar con el subsidio de 428 euros (33% del total de beneficiarios).
La siguiente etapa comprendida entre 2009 y 2013 ha visto incrementarse el número de beneficiarios (+261.100) pero con un cambio significativo en la distribución por tipos de prestación : las contributivas han caído (-243.500) mientras que aumentaban mucho los subsidios (+504.600), en un proceso lógico con la extensión de la crisis y la duración máxima de la prestación contributiva (24 meses).
El esfuerzo realizado ha permitido alcanzar una cobertura máxima del 71,4% de los parados registrados en el Servicio Público Estatal de Empleo (2010) que se ha visto progresivamente reducido hasta alcanzar el 55,5% en septiembre del presente año 2013. En la actualidad hay 1,9 millones de personas registradas como desempleados sin ningún tipo de prestación económica por desempleo. Una verdadera tragedia para ellos en una situación en la que es muy difícil encontrar un empleo.
La cobertura prestada a todas estas personas desde el inicio de la crisis ha implicado un importante aumento de los recursos públicos que alcanzó su punto máximo en 2009 con 32.366,01 millones de euros (3,04% del PIB). En ese momento se incrementó la dotación anual en 17.337,60 millones de euros respecto a 2006. La cantidad de recursos dirigida al pago de prestaciones por desempleo ha disminuido ligeramente desde ese punto máximo a causa del agotamiento de las prestaciones contributivas, su sustitución por el subsidio y la disminución de la cantidad a percibir a partir del 6 mes en la prestación contributiva aprobada en 2012. Aún así la cantidad es muy respetable (29.727 millones) y continua siendo un porcentaje del PIB bastante potente (2,9% del PIB).
Este incremento del gasto se puede ver como un coste para las arcas públicas, pero también se puede enfocar como un esfuerzo necesario de la sociedad que repercute en varios ámbitos:
a) El acceso a una renta de sustitución en un momento tan dramático tanto si se mira en términos individuales como colectivos, tiene un fuerte impacto positivo para reducir los problemas de las personas pero también mejora la cohesión y la convivencia de la sociedad española. Las personas afectadas pueden mantener un mínimo nivel de vida pero además, se sienten arropadas por el resto de la población colaborando a mejorar la percepción de integración y la confianza en el el lugar donde vives.
b) Las prestaciones por desempleo se destinan en su mayor parte al consumo con la consiguiente influencia en el menor deterioro de la demanda interna. La prestación actúa como un estabilizador automático para colaborar en la función de estabilización de la economía. La profundidad de la crisis en términos macroeconómicos hubiera sido bastante mayor sin disponer de las prestaciones por desempleo, incluso si se asumiera un posible efecto negativo sobre la búsqueda de empelo que, a la vista del deterioro del tejido productivo español al hundirse las operaciones inmobiliarias, no parece especialmente significativo por lo menos en el corto plazo.
c) La normativa española sobre cotizaciones sociales convierte la prestación contributiva por desempleo en una forma de salario diferido al ser contrapartida del pago realizado cuando se está ocupado (7,3% del salario bruto en nómina). La asistencia en momentos de necesidad concede más credibilidad al sistema contributivo de protección social.
d) El cobro de la prestación contributiva (y del subsidio de mayores de 55 años) lleva implícito el abono a la Seguridad Social por parte del Servicio Público Estatal de Empleo de la cotización por contingencias comunes. Este hecho mantiene la aportación al sistema de pensiones de los trabajadores durante el tiempo que perciben la prestación y, por tanto, no ven deteriorada su carrera profesional en ese terreno gracias a la solidaridad del resto de la sociedad (el SPEE ha complementado su financiación con ingresos procedentes de impuestos desde 2009). Pero además esta aportación ha prestado una importante ayuda a los ingresos disponibles por el sistema de pensiones para cumplir con sus obligaciones anuales (alrededor de 8.000 millones anuales), disminuyendo su déficit en ese momento de destrucción de empleo.
El comportamiento de la sociedad con sus miembros en momentos de dificultad es una de sus principales señas de identidad. La prestación económica por desempleo ha demostrado en esta crisis su enorme potencial que, en mi opinión, no ha sido suficientemente reconocido.
Las solicitudes de ayuda por desempleo no dejan de crecer. Ahora la Cita Inem se realiza vía online por lo que no ven filas tan largas como en otros años pero aún así la cantidad de parados es mayor.
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