Rebaja de impuestos directos en el actual contexto económico

Las teorías económicas son ciertas sólo cuando se cumplen las hipótesis sobre las que están construidas. Esta afirmación es válida para las de demanda, no siempre un aumento del gasto público (o bajada de impuestos) genera más actividad ni siquiera a corto plazo o, en caso de conseguirlo, lo hace con un coste muy elevado en otros capítulos. También lo es para las de oferta, no siempre una bajada de cuotas sociales finaliza en una mejora de la cuota de mercado de las empresas y del empleo. Por otra parte, las teorías económicas también chocan con otro tipo de restricciones como puede ser partir de un elevado déficit en las cuentas públicas sin disponer de prestamista de último recurso para garantizar la financiación necesaria. Una restricción importante, más allá de la valoración personal sobre la opción de monetizar la deuda pública.

El Gobierno ha presentado ante la opinión pública una propuesta de cambios en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades, muy concentrados en la rebaja de la tarifa, es decir, de los tipos de gravamen pagados por los contribuyentes en los dos tributos. No se trata, como se había venido comentando en el último año, de una reforma en profundidad de un sistema tributario español renqueante tanto en capacidad de ingresar como en el esfuerzo exigido a quienes cumplen con sus obligaciones al pagar los impuestos.

Los cambios de aplicación entre 2015 y 2016, disminuyen la aportación de casi todos los contribuyentes en el IRPF respecto a la situación actual, aunque de manera desigual por tramos de renta. La comparación de la rebaja sobre el pago que realizaban antes (rebaja en euros sobre cuota líquida) muestra un mayor beneficio de las rentas más bajas (hasta 20.000 euros) y más altas (superior a 200.000 euros), y en menor medida las rentas medias (el resto). Las rentas superiores a 100.000 euros verán desaparecer en 2016 el aumento de tributación decidido a partir de 2010 (rebaja entre -7 y -14% según ingresos) pero pagarán algo más de lo que lo hacían antes de iniciarse la crisis (entre 0,17% y 4,5% sobre 2007). La rebaja en los tipos de gravamen en el Impuesto de Sociedades (del 30% al 25%) están acompañados de cambios en otros apartados (gastos deducibles) que pueden tener también influencia sobre el resultado dependiendo de su articulación defintiva y grado de cumplimiento.

Con la información disponible se podría calcular el coste de la rebaja en el IRPF (no es el caso de esta entrada), sin embargo, es bastante más incierto conocer el impacto recaudatorio de la reforma propuesta en el Impuesto de Sociedades hasta que no se aplique en su totalidad. Con la habitual falta de detalle demostrada por todos los gobiernos en la presentación de este tipo de decisiones en todos los asuntos que van más allá de sus intereses propagandísticos, el Ministro de Hacienda ha cifrado el coste de su propuesta en 9.000 millones de euros (suponemos que al año) y considera que se verán compensados por un crecimiento adicional del PIB incentivado por los cambios tributarios (0,5% en cada año).

En este punto se abre un espacio polémico. No todas las rebajas de impuestos generan más actividad económica, por lo menos a corto plazo, y tampoco se dispone siempre de las condiciones objetivas para poder afrontar una rebaja de impuestos, porque de no existir estas dos restricciones, todos los gobiernos del mundo bajarían continuamente los impuestos. El efecto favorable sobre la economía española de la rebaja en el IRPF e Impuesto sobre Sociedades defendido por el Gobierno, depende fundamentalmente de conseguir un impacto positivo sobre los ingresos públicos incitado por un incremento en el ritmo de la actividad económica que sea superior al coste inicial sobre la recaudación. Para que sea así, las familias españolas deben optar por dirigir la nueva renta disponible hacia el consumo, al igual que las empresas la deben dirigir a la inversión, frente a la opción de disminuir deuda. Una posibilidad ésta última muy acentuada a la vista de la necesidad de continuar con el proceso de desapalancamiento que necesitan los dos. Para que se produzca la concatenación de rebaja de impuestos y crecimiento del PIB (y de los ingresos públicos), es preciso además, mantener el actual superávit en la balanza de pagos conseguido con tanto esfuerzo en los tres últimos años, porque de otra forma, tal y como sucedía hasta hace muy poco (1998-2012), se produce una transferencia a terceros países de los incrementos de renta disponible a través de las importaciones de bienes y servicios foráneos.

De no cumplirse las condiciones mencionadas, se agravarán los problemas para cumplir con el imprescindible proceso de consolidación de las cuentas públicas, desde un todavía elevado déficit público anual (6,7% del PIB en 2013) que provoca un aumento continuado de la deuda en circulación (ya muy cercana al 100% del PIB) y de los correspondientes intereses (3,4% del PIB cada año). El incumplimiento de los objetivos de déficit y, por ende de empeoramiento de la sostenibilidad de la deuda pública a medio plazo, nos generaría una reconvención de la Unión Europea, pero más importante, podría disminuir la confianza en nuestro país y volver a sufrir problemas de financiación de la deuda (pública y privada) y asistir a un repunte de la prima de riesgo con el consabido aumento en el coste de los intereses. Sufrimiento que solo podría ser evitado adoptando medidas sobre el gasto e ingreso público que salvo acierto en la elección de partidas no necesarias, muy posiblemente generaría otro tipo de daños a nivel individual y agregado. 

Ante las dudas enumeradas en el terreno macroeconómico, y conocida la inferior dimensión de las cuentas públicas españolas en relación con la media de la Unión Europea (7% del PIB en ingresos y alrededor de 3% en gasto), podría haber sido una buena opción la de apostar por una verdadera pelea contra el fraude fiscal para aumentar los actuales ingresos públicos y muy posiblemente mejorar también la equidad en la distribución de los esfuerzos. En una etapa posterior, se podría abordar una significativa eliminación de gastos deducibles y deducciones en la mayor parte de los tributos para hacerlos más sencillos, trasladando a políticas directas de gasto los incentivos y ayudas que se consideren necesarios, a la vez que se aplanan las tarifas de los tributos buscando un grado adecuado de progresividad (vertical y horizontal).

Por otro lado, dentro de las medidas pendientes en materia tributaria es imprescindible encontrar una solución dentro de la Unión Europea a la muy baja tributación de las grandes empresas mediante un más ambicioso proceso de armonización.

La suma de medidas  a nivel nacional y europeo debe configurar un sistema fiscal con la capacidad de sostener el modelo social de mercado, que combine la competitividad de las empresas con terceros, la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y la protección de las personas ante situaciones de necesidad.