Las pensiones públicas en España: mitos y realidades

El pasado lunes 21 de enero presenté en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) el trabajo titulado "Las pensiones públicas: mitos y realidades" (disponible aquí) que pretende de forma sencilla pero sin perder el rigor, hacer un repaso del pasado reciente, la situación actual y los retos de futuro del sistema público español de pensiones. 

La génesis del documento es mi conclusión, alcanzada después de participar en muchas charlas ante diferentes auditorios y de leer y escuchar muchas opiniones en medios de comunicación y redes sociales, de que en nuestro país falta bastante conocimiento sobre el tema y además, han arraigado ideas no ajustadas a la realidad. Estas percepciones bastante generalizadas entre la población, a las que ha colaborado activamente la propaganda realizada por partidos políticos y organizaciones sociales buscando el aplauso fácil y el voto a corto plazo, condicionan alcanzar una valoración correcta del sistema de pensiones y dificultan la adopción de las medidas necesarias para afrontar el ambicioso reto futuro marcado por un escenario de progresivo envejecimiento de la sociedad española. 

Es habitual escuchar que hay muchas pensiones con cuantías bajas y que estas deberían ser bastante más grandes. Se llega a demandar una cuantía mínima de 1.080 euros, olvidando que esa pretensión aumentaría el gasto en 30.000 millones de euros, que añadir al actual déficit de casi 19.000 millones de euros. Cuando realizan esa valoración negativa de las pensiones no tienen en cuenta que de no existir las pensiones mínimas (y el esfuerzo realizado por la sociedad de aportar 7.700 millones de euros al año) la cuantía de esas pensiones sería la mitad aplicando las vigentes normas de acceso y cálculo. 

Tampoco son conscientes que un sistema de pensiones no puede ser a la vez muy contributivo y muy universal, porque se descosería por las costuras al desincentivar las aportaciones de los trabajadores al dejar de ser las cotizaciones salario diferido. El sistema de pensiones no puede ser la suma de los intereses individuales (jubilaciones anticipadas a la carta y jubilación parcial con contrato de relevo entre otros ejemplos) y menos todavía, de los grupos  corporativos (por ejemplo las nuevas bases mínimas de cotización inferiores para los trabajadores autónomos), porque entonces se quiebra su suficiencia financiera y la equidad individual de trato. Un sistema de pensiones de reparto tiene un fuerte carácter colectivo aunque el acceso sea individual, por eso debe tener una coherencia interna y también unos límites en la transferencia que realizan los ocupados a quienes han finalizado la vida laboral activa para no poner en peligro la suficiencia de las rentas de los demás componentes de la sociedad. Los sistemas de reparto tienen procesos de maduración con el paso del tiempo y para ser equilibrados en la distribución de esfuerzos y los beneficiosdeben tener en cuenta el progresivo envejecimiento de la población.

Se repite en diferentes foros que el gasto público español en pensiones comparado con el PIB es peor que los países de la Unión Europea, cuando prácticamente es el mismo que la media de la Zona euro (12,2% vs 12,3%) y algunos de los países que gastan más como es el caso de Francia (14,9%), aplican cargas fiscales a los pensionistas (Contribución Social Generalizada) que en la práctica reducen su gasto neto. 

Los críticos suelen obviar en su valoración que la tasa de reposición española (la relación entre la pensión y el último salario) es la más elevada de toda la Zona Euro (78,3%) y es casi 30 puntos superior a la media. Suelen también infravalorar la incidencia que implicará pagar en 2048 casi un 50 por ciento más de pensiones debido a la mayor esperanza de vida y la llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación. 

La mayor parte de los más rigurosos estudios publicados coinciden en que el mayor número de pensiones y la aplicación de la reforma de 2011 derogando la aprobada en 2013 (Índice de Revalorización de las Pensiones y Factor de Sostenibilidad) implican un fuerte aumento en el gasto futuro. Los recientes estudios de De la Fuente et al en Fedea (aquí) y la opinión de la AIReF (aquí) concluyen en un mayor gasto en 2050, de como mínimo 3 o 4 puntos del PIB, incluso utilizando escenarios demográficos deseables pero no son fáciles de conseguir que mantengan la población en edad de trabajar. Este gasto adicional sumado al actual déficit de 1,6 puntos del PIB, obliga a utilizar 5 puntos del PIB más de ingresos públicos para alcanzar la sostenibilidad financiera, agotando los márgenes para mejorar otras políticas públicas como la educación, la sanidad, la protección a la familia o la dependencia. En un tiempo en el que el debate sobre la desigualdad ha tomado fuerza, no se incluye dentro de él la influencia de la distribución de renta entre generaciones que puede generar el sistema de pensiones. 

Hay tres afirmaciones especialmente representativas que se repiten en los debates en la calle y medios de comunicación:

·      “Las pensiones españolas son una miseria para lo que he pagado”

·      “Todo el mundo tiene derecho a una pensión que le permita vivir dignamente”

·      “No habría problemas si los ricos pagaran lo que deben y los políticos no robaran”

El documento incorpora argumentos sustentados con datos, que intentan demostrar la falta de acierto de estos mitos muy repetidos en los debates, cuando se contrastan con la realidad. Transcribo a continuación las conclusiones del trabajo:

El repaso realizado a la situación actual del sistema de pensiones y algunos de los retos a los que se enfrente en un futuro no muy lejano puede servir para dar respuesta a algunos mitos asentados entre la sociedad que no se ajustan a la realidad.

·      Las pensiones españolas no son malas en relación con las de otros países o con las aportaciones.

Todos los elementos analizados y las comparaciones con los socios de la moneda única europea muestran que las pensiones españolas están entre las más generosas. El esfuerzo agregado de gasto es similar, la tasa de reposición es la más alta de todos los países y la de sustitución es la cuarta mejor.

La aportación realizada capitalizada con la tasa de crecimiento del PIB en los últimos 25 años genera una pensión de duración inferior en cinco años a la actual esperanza de vida (16 vs 21 años).

Las pensiones sufren los problemas del mercado laboral, no pueden solucionarlos a posteriori, aunque sea muy destacable su papel para reducirlos mediante el efecto de las pensiones mínimas.

·      La sociedad española no es consciente de la magnitud de las cifras del sistema público de pensiones.

El actual déficit del sistema es de tal volumen que exige un gran esfuerzo de todos para su resolución. No se va a solucionar solamente subiéndole los impuestos a los ricos. Como ejemplo, el patrimonio de Amancio Ortega, una de las personas más ricas del planeta, permitiría pagar las pensiones españolas durante solo medio año, y la expropiación del resto de las grandes fortunas del país posiblemente no llegaría a cubrir el resto del año. Pero no habría más para comenzar el siguiente ejercicio presupuestario.

·      La opción de incrementar desmesuradamente en el futuro el actual gasto en pensiones sobre PIB exigiría un importante esfuerzo adicional de toda la sociedad y atentaría contra la equidad entre generaciones.

Una transferencia de renta elevada puede significar una excesiva carga para las generaciones futuras que limitaría seriamente su renta disponible y podría dificultar su acceso al mercado laboral si se financia con mayores cotizaciones. El objetivo de suficiencia en la renta debe extenderse a toda la población y no solo a los pensionistas.

·      El uso de términos difusos y ambiguos como pensiones suficientes y/o dignas no ayuda a encontrar soluciones objetivas y racionales a los retos del sistema de pensiones.

La traslación a la sociedad de un concepto sin concretar abre expectativas que generan frustración al entender cada uno lo que le viene bien y amplia la discrecionalidad de la política para no adoptar las medidas necesarias.

·      La reforma de 2013 tuvo como objetivo trasladar de forma permanente a la sociedad la situación real del sistema de pensiones con los ingresos y gastos elegidos, para que adoptara las decisiones que considerara oportunas.

El Índice de Revalorización de Pensiones es una sencilla restricción presupuestaria que iguala los ingresos y los gastos y que no condena a una revalorización anual sine die del 0,25%. El Parlamento, la política, puede decidir la cuantía de la subida anual, pero está obligado a explicar a la ciudadanía los esfuerzos a realizar mediante más ingresos o con peores pensiones. El IRP, por tanto, solo limita la discrecionalidad en la toma de decisiones y evita diferirlas en el tiempo para no incurrir en costes traumáticos posteriores acotados a unas determinadas cohortes de personas.

El factor de Sostenibilidad es un parámetro adicional en el cálculo de la pensión que, como el resto, se utiliza para adecuar la tasa de crecimiento de las nuevas pensiones en un contexto de mayor esperanza de vida. Su aplicación no recorta la pensión percibida durante la vida del pensionista sino que limita su crecimiento cuando aumenta la esperanza de vida.

Con la información disponible presente y futura es oportuno plantearse esta pregunta: ¿es factible mantener las actuales tasas de reposición revalorizando la pensión con el IPC y conseguir a la vez una distribución equilibrada de esfuerzos entre generaciones?

La respuesta apunta a negativa, salvo que se considere un gasto en pensiones sobre PIB del 15-16% una política inclusiva para las nuevas generaciones. Es preciso encontrar soluciones alineadas con las preferencias distributivas de la sociedad construidas desde una visión global que recoja el máximo de variables y ámbitos afectados (jóvenes, mediana edad y mayores, empleo...), pero tiene que estar acompañada de la información necesaria, porque si no hay cuentas sólidas que sustenten el proyecto a medio y largo plazo, las promesas se pueden convertir en cuentos con final no deseado.

El sistema público de pensiones español puede ser viable financieramente con unas prestaciones similares a las de los mejores países europeos, siempre que se tomen decisiones razonables. La mejora del potencial de crecimiento de la economía facilitaría la tarea, porque una mayor productividad permite repartir más con el mismo esfuerzo, y por ello hay que dedicarle tiempo a la búsqueda de soluciones para mejorarla. En sentido contrario, no ayuda la derogación de reformas o la búsqueda de atajos para no aplicarlas sin adoptar otras medidas alternativas que cumplan con los objetivos planteados.

En el actual contexto de descalificación sin argumentos sólidos, merece la pena recordar que no defiende más y mejor el sistema público de pensiones quien promete más prestaciones ahora sino quien garantiza su pago durante más tiempo sin trasladar cargas excesivas a las generaciones futuras. El verdadero reto del sistema es conseguir el equilibrio, combinando suficiencia con equidad individual y entre generaciones.