lunes, 26 de agosto de 2013

La exclusión de los "ricos" de la sanidad pública es un ejercicio de populismo

El Servicio Nacional de Salud español funcionaba hasta fecha reciente como una prestación pública universal en la práctica. La base jurídica era algo compleja pero por una circunstancia u otra, cualquier persona que residiera en España tenía derecho a recibir asistencia sanitaria gratuita, salvo fármacos, incluso aunque no tuviera permiso de residencia en el país.

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 24 de abril el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones que recoge varias exclusiones en el acceso a la prestación sanitaria. De la que más se ha hablado es de la exclusión de los denominados "sin papeles", pero me voy a concentrar en otra que ha despertado menos atención en el público en general e, incluso ha recibido el aplauso de una parte de quienes defienden la producción pública de la asistencia sanitaria. Me refiero a la la exclusión de las personas con rentas anuales superiores a 100.000 euros.

El problema no es de número de afectados, dado que tan sólo 121.926 españoles declararon una base imponible superior a los 100.000 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 2010 (el 0,6% del total de contribuyentes). Por cierto ¿no les parecen muy pocos? Por tanto, habrá que pensar en otras razones. No se me ocurre ninguna otra, salvo al hecho de asistir a un ejercicio de populismo. El gobernante y los que aplauden la medida demuestran ante la población su enfrentamiento a "los ricos".

No se puede argumentar la medida en un problema de coste porque dudo que por ese motivo sea menor la dotación anual dirigida a ese destino. ¡Ah! se puede sostener que es una medida redistributiva porque porque con el mismo coste se puede dedicar más recursos a las personas con menor renta, aunque a la vista del reducido número de afectados el efecto será bastante pequeñito.

Me pongo a mirar el asunto desde una persona que cree que la producción pública de servicios puede cumplir una función importante en una sociedad. Ante los fallos del mercado libre, el sector público puede cumplir con la función de mejorar la eficiencia en el uso de los factores disponibles y la equidad en la distribución de los esfuerzos (Tengo pendiente un post sobre este tema). Para lo cual debe facilitar políticas útiles para los ciudadanos prestadas con la suficiente calidad.

La sanidad pública es uno de los mejores ejemplos de lo que digo porque una parte de la población no podría con sus ingresos pagar un seguro médico privado con el catalogo de prestaciones de la sanidad pública española. Aunque sin duda, se pueden y se deben introducir medidas para mejorar su funcionamiento.

Como defiendo esa forma de presencia del sector público quiero que todos los ciudadanos disfruten de ella, sin exclusiones. Así, se legitima socialmente su presencia ahora y en el futuro dentro de la sociedad española.

Expulsar a los que en un ejercicio de discrecionaldad se ha colocado el título de ricos, es un ejercicio de miopía cuando se defiende lo público, porque entre otras cuestiones, esas personas están colaborando su sostenimiento asumiendo el mayor grado de progresividad del IRPF (mínimo del 53% de la base liquidable) que concreta la interpretación del legislador del concepto de igualdad en el esfuerzo de acuerdo a la capacidad económica. No se trata de abrir justificaciones a quienes tienen más oportunidad de rechazar el sistema al disponer de recursos suficientes para prescindir de esas políticas públicas. Todo ello sin hablar del ejercicio de zafiedad de quienes se manifiestan para echar de un hospital público a una persona por el hecho de haber sido etiquetada como "de los otros".

La mayor parte de las prestaciones universales y no contributivas facilitadas desde el sector público, ya sea mediante la financiación o la producción, cumplen alguna función redistributiva de la renta, pero no todas tienen una intensidad similar. Para mi, es evidente que el salario de inserción o las prestaciones económicas por desempleo van dirigidas a las personas menos favorecidas y, sin embargo, la sanidad y la educación deben ser un derecho de toda la población, sin distinción en el acceso, ni siquiera cuando hay menos recursos, como sucede en la actual crisis.















6 comentarios:

  1. de acuerdo con que el cambio fundamental es de fuero ,no de huevo (ni siquiera son 120.000 sino muchos menos, pues la mayoría cotizan a SS)...pero habrás de reconocer que el cambio de fuero lo empezó en 2011 PSOE al extinguir clases pasivas y dejar vivita y coleante la Muface (ahora PP deja fuera los ricos...hasta que les toque a las clases medias hacerse seguro privado)

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    1. Estoy de cuerdo con tu apreciación. Ningún gobierno estatal (País Vasco lo hizo en su primer ejecutivo), ha tomado la decisión de publicar una ley universalizando la prestación sanitaria con un catalogo de prestaciones estándar. Eso significa ningún partido que haya gobernado.
      La prestación sanitaria con financiación pública y producción privada se mantiene para los empleados públicos mediante opción voluntaria. Con la información que dispongo, su futuro es incierto porque las primas que pagan parecen insuficientes para las compañías que prestan el servicio. En caso de decidir acabar con ese sistema, la incorporación de 1 millón de personas necesitaría de un incremento de los recursos públicos, sobre todo en instalaciones, porque de otra manera se produciría un caos que perjudicaría la reputación de la sanidad pública.

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  2. 1) Muface no es optativa ni está a extinguir, pues los nuevos siguen cotizando allí y al RGSS (con reducción cuota). Lo que es "voluntario" es elegir sanidad pública, opción que paradójicamente aumenta pese a los recortes del SNS ¿porqué? : está en la naturaleza de los seguros privados, y Muface lo admite, descremar riesgos

    2) las primas no son insuficientes, la prima Alzira es 639 €/año canon incluido...y la que paga Muface a la misma aseguradora 760 €/año y creciendo al 4% interanual(lo que es insuficiente es el "modelo" de ir directamente a tropecientos especialistas )

    3)No son 1 millón : teóricamente son 2...pero prácticamente son muchos menos (p.ej. en el medio rural "todos" van al ambulata, en Navarra el 45%....Es evidente que los 1.500 millones/año que Estado paga a los seguros privados estarían mejor aprovechados en SNS, y en centros de salud y muchos hospitales éste tiene "capacidad instalada" suficiente para asumir la demanda (cosa distinta es que estén por maltratar y desincentivar a sus profesionales)

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  3. El régimen a extinguir es el de clases pasivas (pensiones)no la asistencia sanitaria MUFACE. Las compañías se quejan de la prima por el envejecimiento de la población, el mismo que soporta el SNS. Me imagino que les ha disminuido el beneficio (que desconozco antes y ahora).
    Un apunte, la producción privada sanitaria tiene un coste administrativo de gestión muy elevado como demuestran los datos de Estados Unidos (OMS).

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  4. Pero si el envejecimento es bastante menor que en SNS (salvo en ISFAS)...y con un factor que frena la demanda (copago de recetas pensionistas)

    En cuanto al coste administrativo es nulo para las aseguradoras ( Muface les viene de perlas para hacer economías de escala con otras modalidades de aseguramiento y comprar barato a proveedores y hospitales

    No entiendo cómo dáis pávulo a lo que digan unas compañías que no aportan dato alguno "auditado" ...y que en Spain dominan el mercado frente a médicos y provvedores privados (competencia hace el don tancredo)

    La clave del gasto de Muface está en la naturaleza del modelo de acceso directo a especialistas privados pagados por acto médico : la demanda inducida está servida ...


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  5. Estoy de acuerdo con tus comentarios. En especial, con el incremento del gasto a partir del mayor incentivo a generar actos médicos, no siempre justificados para realizar un diagnóstico adecuado.

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