La exclusión de los "ricos" de la sanidad pública es un ejercicio de populismo

El Servicio Nacional de Salud español funcionaba hasta fecha reciente como una prestación pública universal en la práctica. La base jurídica era algo compleja pero por una circunstancia u otra, cualquier persona que residiera en España tenía derecho a recibir asistencia sanitaria gratuita, salvo fármacos, incluso aunque no tuviera permiso de residencia en el país.

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 24 de abril el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones que recoge varias exclusiones en el acceso a la prestación sanitaria. De la que más se ha hablado es de la exclusión de los denominados "sin papeles", pero me voy a concentrar en otra que ha despertado menos atención en el público en general e, incluso ha recibido el aplauso de una parte de quienes defienden la producción pública de la asistencia sanitaria. Me refiero a la la exclusión de las personas con rentas anuales superiores a 100.000 euros.

El problema no es de número de afectados, dado que tan sólo 121.926 españoles declararon una base imponible superior a los 100.000 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 2010 (el 0,6% del total de contribuyentes). Por cierto ¿no les parecen muy pocos? Por tanto, habrá que pensar en otras razones. No se me ocurre ninguna otra, salvo al hecho de asistir a un ejercicio de populismo. El gobernante y los que aplauden la medida demuestran ante la población su enfrentamiento a "los ricos".

No se puede argumentar la medida en un problema de coste porque dudo que por ese motivo sea menor la dotación anual dirigida a ese destino. ¡Ah! se puede sostener que es una medida redistributiva porque porque con el mismo coste se puede dedicar más recursos a las personas con menor renta, aunque a la vista del reducido número de afectados el efecto será bastante pequeñito.

Me pongo a mirar el asunto desde una persona que cree que la producción pública de servicios puede cumplir una función importante en una sociedad. Ante los fallos del mercado libre, el sector público puede cumplir con la función de mejorar la eficiencia en el uso de los factores disponibles y la equidad en la distribución de los esfuerzos (Tengo pendiente un post sobre este tema). Para lo cual debe facilitar políticas útiles para los ciudadanos prestadas con la suficiente calidad.

La sanidad pública es uno de los mejores ejemplos de lo que digo porque una parte de la población no podría con sus ingresos pagar un seguro médico privado con el catalogo de prestaciones de la sanidad pública española. Aunque sin duda, se pueden y se deben introducir medidas para mejorar su funcionamiento.

Como defiendo esa forma de presencia del sector público quiero que todos los ciudadanos disfruten de ella, sin exclusiones. Así, se legitima socialmente su presencia ahora y en el futuro dentro de la sociedad española.

Expulsar a los que en un ejercicio de discrecionaldad se ha colocado el título de ricos, es un ejercicio de miopía cuando se defiende lo público, porque entre otras cuestiones, esas personas están colaborando su sostenimiento asumiendo el mayor grado de progresividad del IRPF (mínimo del 53% de la base liquidable) que concreta la interpretación del legislador del concepto de igualdad en el esfuerzo de acuerdo a la capacidad económica. No se trata de abrir justificaciones a quienes tienen más oportunidad de rechazar el sistema al disponer de recursos suficientes para prescindir de esas políticas públicas. Todo ello sin hablar del ejercicio de zafiedad de quienes se manifiestan para echar de un hospital público a una persona por el hecho de haber sido etiquetada como "de los otros".

La mayor parte de las prestaciones universales y no contributivas facilitadas desde el sector público, ya sea mediante la financiación o la producción, cumplen alguna función redistributiva de la renta, pero no todas tienen una intensidad similar. Para mi, es evidente que el salario de inserción o las prestaciones económicas por desempleo van dirigidas a las personas menos favorecidas y, sin embargo, la sanidad y la educación deben ser un derecho de toda la población, sin distinción en el acceso, ni siquiera cuando hay menos recursos, como sucede en la actual crisis.