Menos presión fiscal que la Zona Euro, pero ¿es responsabilidad solo de los ricos?

El saldo negativo de las cuentas públicas españolas sigue siendo elevado. El Ministro de Economía, Sr. Guindos ya ha reconocido en público que en 2015 se superará en algunas décimas el objetivo de déficit, de manera que con toda seguridad será superior al objetivo marcado del 4,2% del PIB. El Programa de Estabilidad pactado con la Unión Europea marca el 2,8% del PIB para el presente ejercicio 2016 fijando, por tanto, un nuevo objetivo extremadamente exigente. 

Además, la deuda pública española en circulación roza el 100% del PIB, poniendo en duda su sostenibilidad a futuro, en caso de no reducir el actual nivel de déficit anual.

Algunas personas y organizaciones políticas afirman que se ha producido desde el inicio de la crisis un severo deterioro de algunas políticas de gasto público, aunque la comparación de los euros gastados ahora con los de 2007, tanto en nivel absoluto como por habitante, no les de la razón en exceso (aquí) y (aquí). Dicho ésto, sí es cierto que el gasto en español en políticas públicas es inferior en 4,9 puntos del PIB a la media de la Zona Euro (2014).

España, por tanto, tiene menos gasto público y el déficit más elevado de los diecinueve países que componen la moneda única, mostrando un claro problema en sus ingresos públicos, siempre y cuando se quiera mantener un patrón de actuación del sector público parecido. Menciono esta cuestión, parecerse a la Zona Euro, porque la presencia del sector público en la economía es una las principales diferencias en las diferentes opciones ideológicas. A la que añadir la confusión bastante generalizada de querer muchos y buenos servicios públicos pero considerar que se pagan ya demasiados impuestos, que fue alentada por casi todos los partidos políticos desde el inicio de la anterior fase expansiva de la economía.    

Para hablar de cuentas públicas es precios tener en cuenta el gasto y los ingresos porque es imposible convivir con déficits de manera continuada, no solo porque un día te pueden cerrar el grifo de la financiación sino porque como mínimo hay que pagar intereses por la deuda generada.

La opción de aumentar la presión fiscal, ya sea para reducir el déficit como para aumentar el gasto público, está presente en muchas conversaciones y programas electorales. Desgraciadamente, en el caso del gasto público no se acompañan de debates sobre cómo mejorar su eficiencia y equidad o, si un aumento del gasto solucionaría algunos de los graves problemas identificados en nuestra sociedad, como por ejemplo la insuficiente calidad de la enseñanza en España.

Antes de tomar una decisión y aplicar una política concreta sobre ingresos públicos puede ser útil conocer su situación con un poco más de detalle. La recaudación por tributos (impuestos y tasas) y cotizaciones sociales en España fue inferior en 7,1 puntos del PIB a la media de la existente en los países de la Zona Euro en 2014. La primera sorpresa es observar que la mayor diferencia a la baja está en la cuota social pagada por los trabajadores asalariados y no asalariados, las Cs household en el gráfico (2,7 puntos del PIB). No hay diferencia, sin embargo, en la cuota del empleador que consigue ingresos muy parecidos a los de la Zona Euro en relación con el PIB. 

Los impuestos directos, es decir, los sustentados en la renta y patrimonio de las personas y empresas son los que reflejan la siguiente mayor diferencia respecto a la media comunitaria (2,4 puntos). En tercer lugar, aparecen los impuestos indirectos (1,7 puntos del PIB), dentro de los que el IVA ya no ostenta la principal diferencia (0,6 puntos del PIB), me imagino que debido a las importantes subidas decididas en 2009 y 2012. 

Con esta fotografía, se pueden obtener algunas conclusiones. La principal es la enorme distancia que se observa en la dimensión de la recaudación del sistema tributario en España respecto a la media de los países con los que compartimos la moneda única europea (aproximadamente 74.000 millones de euros). Una segunda, que la opción de parecernos a estos países implica un esfuerzo en la recaudación de tributos  y cuotas sociales, que si bien pudiera ser un objetivo deseable, no se puede conseguir a corto plazo, ni siquiera en los cuatro próximos, porque la magnitud del objetivo es de tal calibre que tendría graves repercusiones en la actividad económica a corto plazo al afectar a las decisiones de consumo e inversión de familias y empresas (el célebre multiplicador de la demanda interna). El impacto en menor crecimiento de la economía de una intentona de ese tipo, haría que el remedio fuera peor que la enfermedad.

Se me ocurre una tercera conclusión bastante importante, la localización de las diferencias por tipos de tributos y cotizaciones sociales, no permite cerrar las diferencias desplegando eslóganes como "no te preocupes, ésto lo van a pagar sólo los ricos". Mejorar la recaudación de la cuota del trabajador en 2,7 puntos del PIB (aproximadamente 30.000 millones) es un esfuerzo gigantesco, aunque en puridad de tipos de sistema de protección social, se pudiera plantear redirigir una parte a impuestos dado que en Francia y Alemania esta cuota sirve para pagar una parte de la sanidad que en España se financia con impuestos generales. En todo caso, aumentar la recaudación de la cuota del trabajador en tan solo un punto del PIB implica una disminución de la renta disponible de todos los trabajadores ocupados (11.000 millones de euros: más de 3 puntos de aumento en el actual tipo de gravamen o lo que es lo mismo, una disminución de 3 puntos en el salario neto), salvo que se quiera convertir la cuota social en un IRPF bis, rompiendo la contributividad del sistema de pensiones para pasar a un sistema universal con prestaciones únicas. Una opción que personalmente no comparto, entre otras cuestiones, porque no es compatible con la actual dimensión de las aportaciones individuales.

Tampoco se castiga a los ricos si se cierra la diferencia en impuestos sobre el consumo en relación con la Zona Euro, porque como es sabido la aportación viene dada por el consumo realizado sin tener en cuenta el nivel de renta de quien lo realiza. La participación de los ricos puede y debe ser más activa en el incremento de la recaudación de 2,4 puntos del PIB en el caso de la imposición directa que engloba el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio. 

Una de las respuestas rápidas y simples al problema es echar la culpa al elevado fraude fiscal. Seguro que hay bolsas de fraude, al igual que un pérfido uso de la legislación para minorar las aportaciones situándose en el borde de la norma (elusión fiscal), pero en este terreno tienen bastante que decir también otros colectivos como los beneficiarios de los sistemas de módulos o, el consentimiento generalizado del "con IVA o sin IVA". En mi opinión, no todo el mundo tiene la misma responsabilidad en la generación de un problema, pero siempre se necesita la colaboración de la sociedad, por activa o pasiva. 

Uno de los problemas para comprender el funcionamiento de los sistemas fiscales es su magnitud. La nómina mensual de las pensiones supone alrededor de 10.000 millones de euros. La hipotética y nada recomendable idea de apropiarse de la fortuna del dueño de Inditex (alrededor de 45.000 millones de euros) permitiría pagar las pensiones cuatro meses y medio; no habría dinero para el mes de mayo y, sin embargo, se perderían miles de puestos de trabajo. El futuro de las pensiones, la principal partida de gasto dentro de las cuentas públicas, depende de generar empleo sostenible en el tiempo con una remuneración acorde a la productividad generada, no de apropiarse del patrimonio de quienes gestionan bien las empresas y genera renta nacional todos los años. La reflexión es válida para el resto de las políticas públicas.  

Estos tiempos convulsos son el producto de pésimas decisiones anteriores que generaron una enorme burbuja inmobiliaria y financiera con repercusiones en un sistema tributario frágil que se hundió a las primeras de cambio. Hay que evitar caer ahora en propuestas simplistas que eludan las dificultades reales. Converger en presión fiscal con la Zona Euro significa que todos debemos pagar más, sin por ello renunciar a conseguir una progresividad razonable en la distribución del esfuerzo. El fraude fiscal no es cosa solo de los ricos. En este terreno tampoco hay milagros, al final debe ser cierto que Hacienda somos todos, a pesar de algunas interpretaciones fuera de tono. Si te dicen lo contrario y te excluyen del esfuerzo a realizar, pregunta por la letra pequeña de la propuesta que te presentan porque puede que no te estén contando toda la verdad.