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miércoles, 15 de octubre de 2014

No confundir diagnóstico con solución. El programa económico de Podemos (para las Europeas)

Los perversos efectos de la crisis siguen castigando a millones de españoles y para otros tantos que no los sufren tan directamente persiste el enfado por la falta de castigo de quienes identifican como causantes del desastre. El conocimiento de casos de fraude y aprovechamiento ilícito del poder sin sufrir el castigo necesario son moneda corriente en la vida cotidiana. La acumulación de hechos reprobables ha creado el ambiente de haber sufrido una fenomenal estafa que sin embargo, olvida en muchas ocasiones la falta de interés mostrada por buena parte de la población cuando las cosas iban bien ante las advertencias realizadas por unos pocos (pesimistas o aguafiestas, les llamaban).

En este ambiente tan poco propicio al razonamiento se escuchan propuestas para salir de la difícil situación en la que se encuentra una parte de la sociedad española. El deseo de venganza tapa las posibles connivencias pasivas de otros tiempos pretéritos, hasta prevalecer sobre cualquier otra cuestión, no diferenciando entre coincidencia con el diagnóstico y las propuestas presentadas para afrontar la situación que en la práctica puede ser un modelo diferente no sólo económico sino también de convivencia.

Las continuas apariciones del líder principal del movimiento Podemos, Pablo Iglesias, en los medios de comunicación ha convertido su discurso en motivo de comentario y tertulia en las reuniones con mis amigos y conocidos. Las opiniones, como es habitual, son diversas aunque me ha sorprendido el amplio interés que despierta entre personas de distinta condición y nivel económico. La propuestas radicales de Podemos que repiten con entusiasmo algunos de los participantes en estas reuniones aumenta mi curiosidad sobre su contenido. Como me tomo muy en serio la influencia de esta formación en un momento tan delicado de la vida de este país, he leído con atención su no demasiado extenso programa electoral para conocer la letra pequeña de sus propuestas.

Si tuviera que sintetizar la esencia del programa económico de Podemos diría que está construido bajo dos premisas:

a)  Los autores del programa consideran la propiedad de los medios de producción y la gestión pública como fórmula óptima para garantizar un buen nivel de vida de los ciudadanos, bajo el criterio de atribuirles una eficiencia y funcionamiento ético máximo frente a los abusos de la gestión privada. Desde esta base no les importa la dimensión del gasto público que será financiado con tantos impuestos como sea necesario que según consideran no tendrán ningún problema en recaudar.  En el programa de Podemos no se cuestiona la posible existencia de problemas de eficiencia o equidad en las actuales políticas públicas (por ejemplo en educación, sanidad o inversiones en infraestructuras) y por ese motivo no propone la introducción de ningún cambio que no sea la bajada de tasas y precios públicos de acceso donde los haya.

b)  El Programa está planteado bajo el supuesto de considerar España una economía cerrada donde no hay que competir con terceros para generar riqueza, es decir no tienen en cuenta que no basta con producir los bienes y servicios sino que es necesario venderlos para pagar la renta a los trabajadores (y al capital invertido que no siempre es propiedad de los más ricos) y que para ello tienen que tener o el mismo precio que los de terceros o disponer de mayor calidad y ajustarse mejor a las preferencias de los compradores. Por este motivo piensan que cualquier estímulo (fiscal o monetario) repercute directamente en una mayor actividad en el país mediante un crecimiento del consumo y/o la inversión (demanda interna) y por ende en empleo y remuneración de los asalariados. Su consideración de economía cerrada se extiende a la Unión Europea porque aunque la menciona (muchas veces) no contempla la posibilidad de cosechar un rechazo de sus propuestas por la mayoría del resto de los países miembros. Como ejemplo no explicitan qué decisión tomarían ante el más que posible rechazo de la monetización del déficit sin incorporar previamente obligaciones de todos los países sobre consolidación fiscal para evitar problemas de riesgo moral (si el BCE compra toda la deuda que se emita no hay incentivos a consolidar el presupuesto ni siquiera a largo plazo y sin embargo, se comparte el riesgo entre todos).

Sus propuestas de aumento del gasto público son variadas. Antes de analizarlas, no obstante, conviene recordar que las cuentas públicas españolas finalizarán 2014, en el mejor de los casos, con un déficit del 5,5% del PIB (al final fue el 5,8%), de manera que ya hoy se necesitaría aumentar en ese porcentaje los ingresos públicos para sostener el actual nivel de gasto público. El horizonte a 2050 apunta nuevas obligaciones de gasto público por un mínimo de 2 puntos del PIB para asumir el mayor gasto en pensiones de la generación del baby boom, si se quiere garantizar una tasa de sustitución razonable (pensión/salario medio). La sociedad española, por tanto, ya tiene un reto muy importante en la búsqueda de ingresos públicos sin incorporar cambios significativos en la actual estructura de gasto público. Un reto que en mi opinión, se extiende a la mejora de su funcionamiento para que pueda colaborar a mejorar la equidad y la igualdad de oportunidades, pero también para que sea más eficiente en el uso de los recursos de todos; porque de no existir crítica y reformas su futuro estará cada vez más en cuestión al perder la legitimidad social.

El Programa de Podemos, como he mencionado, tiene muchas propuestas con repercusiones en las cuentas públicas, por lo que me centraré solo en las más voluminosas:

- Derecho a una renta básica para todos. El coste fiscal de la propuesta ha sido rebajado por los propios autores desde 240.000 millones de euros (428 euros al mes en 12 pagas) hasta 175.000 millones de euros, es decir el gasto adicional se "limita" a un 17,5% del PIB a cubrir con un aumento del IRPF y la lucha contra el fraude fiscal.
- Pensión a los 60 años con carácter general. El coste aproximado de esta medida sería actualmente de 2,5 puntos del PIB dentro de una tendencia creciente que puede llegar a 4 puntos en 2050 según sea el gasto total en pensiones sobre PIB alcanzado en ese ejercicio. No recoge su programa la forma de financiación de este aumento de gasto (impuestos o cuotas). 
- Pensión no contributiva (PNC) decente igual al SMI. Es cierto que la pensión no contributiva es baja pero el principal problema de esta medida estriba en que la elevación de la cuantía de las PNC obliga a subir los complementos por mínimos de las pensiones contributivas para no desincentivar las aportaciones durante la vida laboral. Por este motivo el coste inicial de la medida aumenta desde los  0,2 puntos del PIB a como mínimo 1 punto del PIB.

Las posibilidades de sumar 21 puntos de ingresos públicos adicionales (el último programa de junio de 2016 lo ha rebajado a "tan solo" 10 pp del PIB) al esfuerzo que ya hay que realizar para no seguir acumulando deuda pública al ritmo actual, los aumenta hasta un nivel considerable, 29,5 puntos de PIB (5,5+3+21) que ineludiblemente tiene que generar consecuencias muy importantes sobre el funcionamiento de una economía. La experiencia demuestra la imposibilidad de incrementar rápidamente los ingresos públicos en casi 30 puntos del PIB (más de 300.000 millones de euros) (la reflexión es igual de válida para 20 puntos del PIB) pero aunque se realizara progresivamente tendría efectos indeseados sobre las decisiones de los agentes económicos (consumo, ahorro e inversión) hasta el punto de necesitar una economía totalmente planificada por el Gobierno. Una opción experimentada en el pasado con un resultado muy poco interesante para aumentar el potencial de producción y la renta de la gente en general, con excepción de la élite del partido gobernante. Por cierto, me gustaría poder anticipar cual sería la opinión y las decisiones de Podemos en caso de no ser ellos el partido que controle un tinglado de esas características.  

En el más que posible caso de no encontrar los ingresos públicos suficientes para sustentar fiscalmente sus propuestas (su última propuesta concretada en apretar las clavijas solo al 2% de los más ricos; una decisión que como sabe cualquier persona conocedora de este tema permitiría obtener una cantidad de recursos insuficiente para abordar crecimientos de gasto de la cuantía que proponen), se incurriría en un déficit que habría que financiar con la emisión de más deuda publica, aumentando el ya abultado volumen actual (cercano al 100% del PIB). Para evitar este problema de la financiación el Programa de Podemos recurre a la monetización del déficit público, una posibilidad en este momento no contemplada en la Zona Euro que obligaría a solicitar la salida de España, con las consecuencias negativas que acarrea y de las que se habla muy poco. La salida del euro permitiría devaluar tu propia moneda (más bien lo obliga) pero sería necesario compensar la inflación creada por las más caras importaciones mediante una política de rentas aún mas severa que la actual para mantener las ventajas de la devaluación en las exportaciones y generar la confianza de los inversores.Todo ello con tipos de interés bastantes más altos que encarecerían el crédito nuevo y el antiguo. De no hacerlo así, el camino conduce al precipicio de la quiebra soberana (default). Impago de la deuda que parece solucionarse para los autores con la emisión de dinero propio sin importarles en exceso conocer que en una economía cerrada tiene asegurada una mayor inflación.  

El problema no se limita a la búsqueda de los ingresos públicos suficientes para sustentar sus propuestas (solo con las 3 mencionadas se alcanzaría el 68% del PIB de gasto público) sino que el modelo propuesto sustenta un modelo ético de pago de rentas públicas a todas las personas sin necesidad de colaborar a la generación de riqueza o demostración de la necesidad. Una fórmula desincentivadora del esfuerzo individual al no existir recompensa comparada con quien no lo hace, que finaliza en una pérdida de la eficiencia (de renta en términos coloquiales) y un empobrecimiento colectivo como ha quedado demostrado en la experiencia soviética de socialismo de estado. Por otra parte, un sector público de esa dimensión aumentaría el riesgo de incurrir en "fallos de gobierno" relacionados con un poder excesivo de la burocracia y del clientelismo, perdiendo peso el argumento sustentador de la intervención pública de solucionar o, como mínimo, paliar los fallos de mercado y el abuso de una parte de la sociedad, que defiende la teoría de la economía pública. 

Los problemas de un modelo de estas características aumentan (más bien se aprecian antes en el tiempo) cuando la economía es abierta porque hay más posibilidades de traslado territorial de la renta y el patrimonio pero también de las personas más cualificadas, en especial cuando está muy limitado el salario máximo como propone Podemos. Tomo prestado un argumento adicional que he leído en la red: si el salario máximo es bajo se dificulta el trabajo de recaudar para conseguir los ingresos públicos necesarios. 

Una economía abierta permite disfrutar de bienes y servicios más baratos producidos en otros lugares a cambio de ser más eficiente al abordar un proceso de especialización que aproveche mejor los recursos propios. La disminución de la jornada laboral a 35 horas o las elevadas subidas de salarios son medidas muy atractivas pero deben estar acompañadas del incremento de productividad suficiente para no perder capacidad de competir con terceros con los bienes y servicios producidos. Cambios sólo en la primera parte de la ecuación terminan en desequilibrios en la balanza de pagos debido al aumento de importaciones y dificultad de sostener las exportaciones que como hemos comprobado recientemente provocan cierre de empresas y destrucción de empleo, salvo que se considere que el actual beneficio neto de todas las empresas es desmesurado y pueden absorber ese cambio; una hipótesis cierta en algunos casos pero no a nivel general.

En mi opinión la reducción de la precarización del empleo no se consigue con decretos sino con empresas sólidas capaces de competir con terceros con el mayor valor añadido posible,para lo que se necesita inversión pública pero sobre todo privada. La mejor forma de mejorar las condiciones laborales tanto en jornada como en salario, es una negociación colectiva amplia y eficaz donde se consiga la flexibilidad interna necesaria (uso y remuneración de los factores de acuerdo a las condiciones del ciclo) con empleo más estable y un reparto equilibrado de la renta. 

El mercado puede y debe cumplir una misión determinante en las relaciones económicas pero esta afirmación no implica la inexistencia del sector público. Debe haber el que la sociedad considere oportuno para mejorar el potencial productivo (eficiencia) o dar cobertura a las personas evitando o limitando la situaciones de necesidad, pero al igual que el rechazo radical de la intervención pública en la economía no tiene sustento económico y social, tampoco cabe atribuir al sector público ninguna propiedad taumatúrgica y sobrenatural. Los buenos resultados sólo vendrán a partir de una correcta elección de los objetivos y disponiendo de procedimientos claros que garanticen un buen uso de los recursos utilizados. No hay prodigios ni milagros que no se sustenten en el esfuerzo, la responsabilidad, la honestidad y el respeto de las personas apoyado en una sociedad madura que sepa identificar y defender los incentivos individuales de quienes las forman y sus intereses comunes. 

De todos modos creo que el ejercicio de análisis de este post tiene bastante poca utilidad más allá del reto personal de pensar sobre algo, porque con sinceridad creo que la mayoría de los seguidores de Podemos, igual que los de otras formaciones, no deciden su voto por el contenido de los programas y, en la actual situación, la sola apelación a terminar con la corrupción se puede convertir en argumento suficiente para ganar el voto, restando importancia a su capacidad real de ejercer el gobierno y las posibles consecuencias negativas de sus propuestas. Un consejo, no obstante, la reciente experiencia ha demostrado la conveniencia de reflexionar sobre los temas importantes y no ponerse de perfil ante los riesgos esperando que los solucione el primo de Zumosol, porque no existe individuo con tanto poder.  

sábado, 21 de diciembre de 2013

Precio de la electricidad: beneficio de unos pocos en contra de la mayoría

La llegada de las tradicionales fiestas navideñas ha servido de coartada para organizar varias comidas con personas que habitualmente no ves todo lo que quisieras. En una de ellas, como era previsible uno de mis amigos no tardó demasiado en comentar su enfado al escuchar en televisión la enésima subida de la factura de la luz que le hace dedicar cada vez más parte de su presupuesto a ese fin. Su cabreo también era debido a reconocer que, a pesar de poner mucha atención, no entendía nada del maldito sistema de fijación de precios, y menos todavía de eso que llamaban déficit de tarifa que, no obstante, se maliciaba lo único que encubría era más gastos para él.

Mi primera reacción fue compartir su indignación por el anuncio de la nueva subida del recibo de la luz (un 11% según los medios de comunicación), pero me di cuenta que en realidad me encontraba en un apuro porque él, además, esperaba que le explicara de forma clara las causas de lo que estaba sucediendo. Este tema siempre me ha causado mucha curiosidad pero nunca le había dedicado el tiempo suficiente, con el aditamento de recordar una visita a las instalaciones de Red Eléctrica Española (REE) en la que me explicaron cómo funcionaba el cuadre de oferta y demanda de electricidad en todo el país y, cómo después de terminar, la persona que me acompañaba me dijo bromeando que si había entendido a la primera su funcionamiento era que me lo había explicado mal.   





Como elemento previo le comento a mi amigo que efectivamente, el precio de la electricidad en España es caro, sobre todo para las personas con menores ingresos, pero también cuando se le compara con los países de nuestro entorno (el quinto más alto en términos nominales dentro de la UE que llega a ser el tercero cuando la comparación se realiza sin impuestos, 1). También le destaco que lo peor es un precio alto acompañado de un imparable crecimiento en los últimos tiempos, con ritmos que dan miedo bajo cualquiera de las formas posibles de medición desde el inicio de la crisis en 2007 (+66,3% en la tarifa más habitual entre el 1S de 2007 y 2013 según Eurostat y +70% desde 2002 en el epígrafe de electricidad del IPC que incluye todas las categorías de consumo).

La pregunta más importante a responder sigue pendiente ¿por qué sube el recibo de a luz? Me atrevo a contarle a mi amigo que la principal causa del disparate es mantener un sector con sobrecapacidad en la producción que, a su vez mantiene una garantía de ingresos aunque no se venda todo el producto. De hecho la actual demanda es tan sólo el 40% de la oferta posible y en su punto más álgido alcanzó el 41,2% (capacidad de producción de 105.615 Mwh con una demanda de 43.527 Mwh en 2013 y de 45.527 Mwh en 2007). La cara de mi amigo recoge estupefacción y me dice, con bastante razón, que eso de cobrar sin tener que vender el producto es un chollo que, que más quisiera él para sí mismo. Le contesto que el problema es un poco más complejo porque las empresas tienen que pagar las inversiones realizadas para haber alcanzado esa capacidad de producción aunque no tengan a quien vender su producto (la electricidad no se puede almacenar). En poco más de diez años, dicen que se realizaron inversiones por valor de 70.000 millones de euros para instalar casi 55.000 MW de potencia nueva (27.144 MW de ciclos combinados de gas, 23.147 MW eólicos y 4.200 MW de fotovoltaica). Pienso para mí que a la vista del fenomenal abismo entre oferta y demanda no parece que fueran necesarias y, por tanto, cabe considerarlas una burbuja más dentro de la última etapa expansiva. Algunos espabilados debieron extrapolar hasta el infinito la tasa de crecimiento de la demanda durante la etapa expansiva y llegaron a la conclusión de la necesidad de ampliar la capacidad en esa medida, obteniendo los correspondientes beneficios de vender su productos a precios no precisamente reducidos.



La otra explicación del desaguisado es la forma de fijación del precio final al consumidor que tan poco se asemeja a una relación de mercado. El 45% se determina en un mercado diario que cuenta con la peculiaridad de remunerar toda la aportación de cada empresa al precio de la fuente de generación más cara (carbón nacional y ciclo combinado) aunque una parte significativa de su producción tenga origen en sistemas ya amortizados con subvenciones públicas o pagos ya trasladados a los consumidores (nucleares e hidroeléctricas). El precio definitivo para el consumidor se establece en una subasta trimestral (Cesur) a la que acceden los principales productores de electricidad (a través de sus comercializadoras) y otros intermediarios financieros que consideran el precio diario pero dicen tener en cuenta la evolución futura del mercado. En esta subasta hay una alta posibilidad de manipular el resultado, como se apunta que puede haber sucedido en la última, al ser muy pocos actores (oligopolio) y sobre todo, si se sienten despechados al pensar que pierden su posición dominante aunque sea de manera parcial. El otro 55% del precio se determina por la evolución de una serie de costes fijos que, cuando se detallan, se comprueba que en una parte significativa corresponden a una decisión política previa. Es el caso de las primas a las energías renovables (7.220 millones de euros en 2013 según el Ministro Soria, [Nota 2]), el carbón nacional (400 millones euros por año ?)  y la deuda acumulada debido a los déficits de tarifa acumulados. Aquí me armo de valor y le cuento a mi amigo que el déficit de tarifa es la diferencia que existe entre los ingresos garantizados a los productores y lo que pueden cobrar ellos a los consumidores al estar regulado el procedimiento de fijación de precio. Precisamente ese es el origen del actual conflicto que después de haberles reducido la retribución a los productores en 2.700 millones de euros, el Ministro de Hacienda les acaba de negar otros 3.600 millones de euros con cargo a los contribuyentes anteponiendo el cumplimiento del objetivo anual del déficit (aunque les ha ofrecido el aval del Estado para emitir bonos y conseguir liquidez a corto plazo).

A falta de ver como se contabilizan los millones del presente año, el déficit de tarifa acumulado puede llegar en 2013 a los 30.000 millones de euros ¿Y eso quién lo paga? me inquiere rápidamente. Sólo cabe una respuesta: la población española, aunque a plazos, incluidos los correspondientes intereses de financiación (1.200 millones de euros anuales si el tipo de interés es el 4%, que es la media de financiación de la Deuda Pública).

El resumen de las consecuencias es sencillo: tenemos un sistema de determinación de precios que no está apoyado en los costes de generación de la producción utilizada, llegando al esperpento de aumentar el precio final para el consumidor cuando baja la demanda y, por tanto, la producción. El fortísimo aumento en el precio de la electricidad en España desde el inicio del llamado proceso de liberalización (1998) ha generado un  grave problema a las familias españolas y una parte de sus empresas. Los españoles ven reducido su poder adquisitivo después de pagar el recibo de la energía (luz y gas) llegando a la lamentable situación de que un número no pequeño de personas no tienen posibilidad de calentar su hogar debido al elevado coste de este producto básico. En contrapartida, los beneficios de esta desmesurada subida en el precio de la electricidad se localizan en un número reducido de empresas de las que no conocemos con exactitud su estructura interna de costes, pero que, así parece, mantienen una generosa política de distribución de dividendos que puede no estar ajustada a la solvencia de sus balances y la incertidumbre de su futuro. Esta subida desmesurada de precios de un bien básico como es la electricidad es menos explicable en un contexto de devaluación interna de la mayoría de los precios y las rentas nacionales que ha supuesto un gran esfuerzo a buena parte la población.

Cuando veo la cara de preocupación de mi amigo le cuento que en este país se ha llegado al peor de los modelos en el trato de la electricidad, porque la intervención pública no ha servido para mejorar el uso de los recursos y la distribución de los esfuerzos, sino para proteger los intereses de unos pocos entre los que hay que incluir los electoralistas de los sucesivos partidos en el Gobierno. Mi amigo me dice que para eso sería mejor dejar actuar libremente al mercado. Pienso sobre ello y me doy cuenta que algunas cosas pueden funcionar mejor así, pero le traslado que en un asunto como éste donde las inversiones de entrada son muy grandes, por lo menos en algunas fuentes de generación, es muy fácil poner barreras para reducir o eliminar la libre competencia y caer en los mismos problemas de oligopolio. También se me pasan por la cabeza posibles problemas de prestación de servicio en zonas con poca población y, por tanto, de elevado coste en el suministro (y los ingresos del suministrador). Pienso para mí que si hubiera que comenzar de nuevas en un mercado tan peculiar como éste (monopolio natural), una solución óptima podría ser tener una única red pública de generación de energía con una prestación privada de la distribución, pero claro, habría que confiar en una gestión eficiente de la parte pública y conseguir el adecuado nivel de competencia en la privada.

Llegados a la actual situación, parece cada vez más necesario cambiar el modelo para conseguir uno mucho más eficiente en el uso de los recursos con una distribución más equilibrada de los esfuerzos entre la oferta y la demanda (empresas y consumidores). En todo caso, se trata de elegir la mejor combinación de fuentes de generación y energías pero con la transparencia suficiente para que la población pueda analizar el coste de cualquier opción. Por ejemplo, el coste cierto para sus bolsillos del uso de energías verdes frente a otras opciones posibles.

Una cuestión básica, no hay espacio a las soluciones buenistas a las que han estado tan abonados los dirigentes políticos durante mucho tiempo; aquella en las que todos ganan. Cualquiera de las elecciones implica un coste para alguno de los agentes implicados en tan espinoso asunto. Tiene que haber perdedores de forma obligada.

Con independencia de afear la conducta de todos los partidos y gobiernos desde 1998 que han creado o, como mínimo, mantenido el problema, le explico a mi amigo que según mi criterio se pueden seguir dos líneas de actuación con distinta distribución del coste:
  •  Mantener el actual sistema de precios trasladando a los consumidores todos los costes de un modelo bastante clientelar (con reducida equidad) e ineficiente en el uso de los recursos disponibles. Dentro de esta fórmula se puede discriminar a favor de algunos colectivos al considerarlos preferentes por algún motivo (familias con pocos ingresos, empresas de especial interés o con uso intensivo de la electricidad en su proceso productivo, …).          
  • Se pueden cambiar las normas del juego limitando los ingresos garantizados a las empresas, algo que les obligaría a reducir algunos de sus costes y/o beneficios y, por tanto, se debe esperar un muy fuerte rechazo de quienes pierden los privilegios (conviene mirar la composición de sus Consejos de Administración). Habrá que asumir que una decisión de estas características influye en la excelente remuneración percibida por los Consejeros Delegados y Consejos de Administración, pero probablemente también en la del resto de empleados e incluso puede desequilibrar de forma peligrosa el balance de alguna entidad (se dice que las entidades bancarias tienen concedidos préstamos por valor de 22.000 millones a empresas con inversiones en energías renovables). Como un efecto colateral, la más que posible judicialización del conflicto a través de interposición de demandas por los afectados con un resultado imprevisible en cuanto a coste para el sector público (ciudadanos-contribuyentes) y la sensación de inseguridad jurídica de los inversores que vinieron atraídos por jugosas rentabilidades. 
Mi amigo sigue rumiando la conversación y al final me dice que efectivamente este tema es un embrollo, pero que ya es hora de tomar decisiones drásticas para ver si por lo menos aprovechamos esta crisis para arreglar las cosas.



Nota 1. La posición del precio de la electricidad con impuestos incluidos en España ocupa el puesto décimo primero dentro de los países de la Unión Europea cuando se utiliza el criterio de paridad de compra (PPS) en 2012. Es muy posible que las subidas del recibo en 2013 y 2014 hagan subir puestos a España en el escalafón.  

Nota 2. La última reforma aprobada en 2012 cambia el cálculo de las primas a energía renovables estableciendo una tasa anual de remuneración.


Algunas entradas relacionadas con el tema que considero interesantes:


Javier Sevillano, Sistema eléctrico español: déficit de tarifa y primas

Jorge Morales. Diez claves para entender el sistema eléctrico español

Paulina Beato. La liberalización del sector eléctrico en España ¿un proceso incompleto o frustrado?

Me explicas como funcional el sistema eléctrico español (I)


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Observatorio crítico de la energía





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