La debilidad de los fundamentos de la economía española en este tiempo de máxima incertidumbre

Uno de los principales problemas que mantiene la economía española es la elevada tasa de desempleo, con especial relevancia en algunos territorios. No obstante, solucionar este problema no parece fácil dado que el empleo está ligado a la actividad económica y ésta es consecuencia de muchas variables, algunas determinadas por factores externos sobre los que no tenemos capacidad de influencia a nivel autonómico o nacional, e incluso tampoco a nivel mundial como nos ha demostrado la pandemia.

Los acontecimientos acaecidos en los tres últimos lustros no han sido favorables para la sociedad española, al haber encadenado dos crisis económicas de forma casi ininterrumpida y la reciente aparición de un nuevo elemento perturbador que puede finalizar en una tercera crisis. La primera, provocada por el estallido de una enorme burbuja inmobiliaria y financiera apoyada en la emisión de deuda privada, finalizó con la desaparición de una parte de las empresas y la destrucción de millones de empleo cuando desapareció una parte de la demanda que estaba por encima de la que podía mantener la economía española de forma equilibrada. Una década después, la segunda crisis llegó de forma sorpresiva y abrupta cuando se acababa de superar los efectos de esta crisis. La pandemia provocada por el Covid 19 obligó a congelar una parte significativa de la actividad económica por la obligada limitación de movimiento de las personas para proteger su salud. Ahora, cuando se apreciaban signos de poder superar los efectos demoledores del virus sobre la salud de las personas y, por ende, de la economía, nos encontramos con la brutal e injustificable invasión de Ucrania por Rusia, que a falta de conocer su duración e intensidad, como mínimo, va a distorsionar las previsiones de recuperación que manejaban todos los planes de actuación.

Durante las dos primeras crisis, se aplicaron en España políticas distintas, en mucho coherentes con los distintos orígenes de la crisis. En la pandemia se han desplegado medidas para mantener la renta de las personas y colaborar en lo posible a la supervivencia del tejido empresarial en un contexto de hibernación de la actividad económica. Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y la prestación especial por Cese de Actividad de los trabajadores autónomos han sido figuras indiscutibles de la disminución de los negativos efectos de la pandemia. Es muy necesario recalcar, no obstante, que de haberse aplicado estas medidas en la crisis anterior habrían generado un elevado coste a las finanzas públicas para mantener empresas y empleo zombis, sin ningún futuro al haber estallado la enorme burbuja que sostenía el desmesurado e insostenible crecimiento de la actividad económica en España. De igual forma, merece la pena advertir sobre el riesgo de aplicar esas figuras en el futuro si no se ajustan a la ayuda de proyectos empresariales solventes que sufran una disminución muy coyuntural de su habitual nivel de demanda y, por tanto, puedan recuperar un óptimo ritmo de actividad en un corto periodo de tiempo.

El nuevo y brutal acontecimiento acaecido hace unos días llega en un momento delicado para Europa, pero sobre todo para España. El orden mundial ha cambiado mucho en las últimas décadas a nivel político y económico, y los países occidentales que transitaban en un escenario de estancamiento secular, es decir, con una perspectiva de bajos niveles de crecimiento y reducida inflación, han visto cambiar de repente el escenario. Cuando todavía se trataba de entender la situación y buscar recetas para afrontarla, entre las que estaban mantener durante largo tiempo una política monetaria ultra laxa con fuertes compras de activos por los Bancos Centrales y muy reducidos tipos de interés, aparecieron síntomas inflacionistas provocados por las medidas asociadas a la lucha contra el cambio climático, entre los que destacaban el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2. Las incipientes tensiones en los precios, más acusadas en España que en el resto de Europa, se han disparado con la reciente invasión de Ucrania por Rusia. Así, en un periodo corto de tiempo, además de sufrir el embate de la naturaleza estamos sintiendo la brutalidad del dictador ruso (que parece contar con un solido respaldo en su país), cambiando radicalmente el contexto macroeconómico previo.  Las pocas certezas que teníamos se han esfumado, y lo que era incertidumbre se ha convertido en severos riesgos, cuando no peligrosas realidades. El futuro próximo se ha complicado mucho en todos los aspectos, incluyendo la posibilidad de una no deseada confrontación nuclear, que de pronto ha aparecido como una amenaza real.

Hasta hace una semana se apreciaban tensiones inflacionistas por los altos precios de la energía, de algunos productos agrícolas y por la falta de suministros para la producción de algunos productos. Se especulaba con una presión coyuntural de los precios por la elevación del precio de la energía. Ahora se han añadido otros, y los adicionales aumentos en el precio del gas y petróleo pueden estar acompañados de productos básicos como el trigo, el maíz, la cebada y el girasol, al ser Rusia y Ucrania grandes productores mundiales. La suma de incrementos pueden consolidar la alta inflación y con ella una limitación del consumo de las personas en otros bienes al tener que destinar más recursos al pago de los productos energéticos. El dinero que se utiliza para poner gasolina en el coche o pagar la calefacción es un dinero que no se utiliza para ir al restaurante o consumir otras cosas, además se marcha fuera de Europa aumentando los recursos de terceros países, uno de ellos la propia Rusia. Adicionalmente, una situación de estas características puede aumentar el ahorro por precaución y retraer las decisiones de inversión de las empresas.

En un escenario de esas características la mayoría de la población perderá poder adquisitivo pero las personas con menor renta lo pasarán peor, y se reducirá la tasa de crecimiento de la economía y el empleo. La posibilidad de un escenario de estanflación, bajo crecimiento con altos precios, ha ganado enteros en las últimas previsiones. El impacto de las nuevas condiciones dependerá de la duración e intensidad del conflicto bélico, pero desgraciadamente, ha generado ya un daño para todos y el sufrimiento para quienes soportan directamente la guerra se ha convertido en una brutal realidad.

La rápida y dura respuesta de la Unión Europea en el ámbito económico  decretando la prohibición de exportaciones a Rusia en una amplia relación de productos y relaciones financieras, es necesaria para intentar ahogar su economía. No obstante, debemos ser conscientes que también tiene un precio para la Unión Europea que será necesario pagar. La ampliación de prohibir la importación a productos energéticos rusos permitirá apretar el cerco a la economía del país invasor, pero también tendría costes adicionales para los paises europeos. Nada es gratis, la defensa de la libertad y del orden internacional debe de ser una prioridad para la Unión Europea al ser la clave de bóveda de su existencia, aunque pueda costar incluso una recesión económica. Una decisión así, por otra parte, debe ser calculada para evitar una subida del precio del petróleo y el gas que pueda compensar a Rusia la menor demanda, obteniendo los mismos ingresos con menos esfuerzo.

En este nuevo escenario merece hacer un pequeño repaso de la situación española. Nuestra economía mantiene deficiencias estructurales en el uso de sus recursos: trabajo y capital. El tejido productivo es insuficiente en volumen para incorporar las personas que desean trabajar, de ahí el elevado desempleo (13% vs 7% en la UE) y también es mejorable en calidad para producir bienes y servicios equivalentes a los de los países más avanzados de la Unión Europea. El crecimiento de la productividad se ha deteriorado en todos los países de Occidente, pero su evolución en España es sensiblemente peor, lo que nos perjudica para avanzar en la convergencia con la media comunitaria: productividad por ocupado 94 vs 105 UE19.

Mejorar la productividad de una economía y crear empleo son tareas muy complejas para las que se necesita un entorno favorable a la inversión, recursos humanos cualificados y un marco adecuado y estable de relaciones económicas, incluidas las laborales, dentro de una eficaz y eficiente participación del sector privado y público con una elegida distribución de funciones. Las condiciones anteriores a la llegada de la nueva crisis no eran las más favorables en nuestro país.

La evolución de la inflación en España antes de la invasión de Ucrania por Rusia mostraba una tendencia preocupante. El muy fuerte aumento de los precios de la energia provocado en parte por la acumulación de medidas poco afortunadas desde 1995 en este poco transparente mercado y el empujón de un encarecimiento del gas y de los derechos de emisión, se concretó en un relativamente alto crecimiento de los precios en 2021 como demuestra una tasa anual media del 3,1% (tasa interanual del 6,5% en diciembre). En una situación de estas características es muy importante no incurrir en los denominados efectos de segunda ronda, es decir, no trasladar de forma automática la inicial subida de precios a salarios y márgenes empresariales, convirtiendo en estructural un fenómeno en un principio coyuntural. Una espiral inflacionista reduciría la competitividad de los bienes y servicios españoles en un porcentaje igual a la diferencia de precios con nuestros más directos competidores, incidiendo en pérdidas de ventas a terceros y menor empleo agregado, y además, a medio plazo disminuye el poder adquisitivo de las personas con menos capacidad de protección ante las subidas de precios.

El peligro aumenta con la aplicación de la reciente reforma de las pensiones que actualiza anualmente su cuantía con el IPC, al aumentar fuertemente la principal partida de gasto público dado que las pensiones son una tercera parte del gasto total de las administraciones públicas.

Un escenario de consolidación de una alta inflación limita los márgenes de actuación de la política monetaria del Banco Central Europeo. De adoptarse un cambio en esta política en dirección de limitar las compras de activos y subidas de tipo de interés, ambas previstas hace tan solo un mes, el impacto sobre el pago de la deuda pública sería grave en un momento en el que por las necesidades generadas por una nueva crisis, la política fiscal (más gasto o menos impuestos) debería asumir mayor protagonismo dentro de la política macroeconómica.

En materia fiscal, España tampoco presenta una buena posición. La aplicación de medidas de protección de las personas y al tejido productivo en un momento de disminución de generación de riqueza durante la pandemia, ha incidido negativamente en unas cuentas públicas, ya muy deterioradas por la aprobación de bastantes medidas de aumento de gasto estructural (sobre todo pensiones y salarios públicos) sin estar acompañadas de los correspondientes ingresos. El Gobierno de la Nación y el resto de los niveles de gobierno, han acertado aplicando gasto coyuntural a una crisis coyuntural, pero no lo ha hecho tanto al generar gasto estructural que ha deteriorado los ya débiles fundamentos fiscales.

Así, el deficit fiscal estructural de las administraciones públicas españolas, es decir, el que no se puede corregir con una mejora del ciclo económico, podría estar situado en torno al 4,5 % del PIB en 2021 con una deuda pública que ronda el 118% del PIB. La yuda del Banco Central Europeo comparando practicamente toda la deuda emitida (22 puntos del PIB) ha sido clave para sustentar esa situación, pero genera dudas sobre su mantenimiento en el futuro.

La ampliación en un año del periodo de no aplicación de las normas fiscales decidido por la Unión Europea se podría interpretar como una válvula de escape para no tener que afrontar el necesario proceso de saneamento fiscal, pero en la práctica, los márgenes para encarar una nueva situación de crisis son muy reducidos si no se quiere deteriorar en exceso la precaria situación de las finanzas públicas españolas. Un abuso de esos márgenes puede implicar una posterior pérdida de reputación ante los inversores, traducida en una prima de riesgo que aumente el coste de financiación de la abundante deuda pública. De hecho, ya había aumentado en 100 puntos básicos antes de la invasión rusa de Ucrania. Y ese escenario sin la ayuda del BCE y con tipos de interés superiores, sería letal para España.

La economía española afronta también la aplicación de la recientemente aprobada reforma laboral con pretensión de avanzar en la reducción de la excesiva temporalidad. Un objetivo compartido por la mayoría que, sin embargo, está lleno de complejidad al tener que convertir en contratos indefinidos millones de contratos de obra y servicio en un periodo relativamente corto de tiempo. Este obligado proceso puede llevar implícito un aumento de los costes laborales, que añadir a los asociados al importante aumento del Salario Mínimo Interprofesional (+41,3%) en tan sólo 5 años. Si bien los objetivos son deseables, mayor estabilidad en el empleo y mejor remuneración de las personas trabajadoras, hay que esperar para comprobar los efectos sobre la oferta agregada de empleo, es decir en el número agregado de personas ocupadas y su remuneración total, en un país con una muy elevada tasa de desempleo porque el resultado final está determinado por más variables, por ejemplo el grado de flexibilidad ante contigencias sobrevenidas y coste laboral total incluido el pago de indemnizaciones por despido.

El diseño y puesta en práctica del marco regulatorio es importante en las relaciones económicas, peto también lo es y mucho disponer de una administración pública eficiente. En este apartado, desafortunadamente, se puede hacer bastante, tal y como se recoge con más detalle aquí. Dentro de la amplia tarea se encuentra la mejora de la participación y la colaborción de los diferentes niveles de gobierno en todas aquellas decisiones que afectan a las competencias distribuidas de forma muy descentralizada. 

El punto de partida, por tanto, está lejos de lo deseable, al mantener la economía española un evidente deterioro de sus fundamentos macro: elevado desempleo, déficit fiscal y menor productividad.

En este nuevo y muy adverso contexto político y económico es en el que nos movemos, y hay que tomar decisiones; muy posiblemente debiendo conformarnos con limitar los costes de estas sucesión de elementos muy negativos que han llegado de forma casi continuada.

En el corto plazo, una de ellas puede ser aplicar un pacto de rentas para evitar los efectos inflacionistas de segunda ronda. En última instancia, se trataría de distribuir las pérdidas provocada spor la subida de precios entre trabajadores y beneficios empresariales, incurriendo en una pérdida de poder adquisitivo a corto plazo que evite una mayor a medio y largo plazo. Una encomienda nada fácil porque si bien es relativamente sencillo garatizar el crecimiento de los salarios, es más complejo conseguirlo con los márgenes empresariales al no disponer de un instrumento apropiado y ni siquiera de la información necesaria, a lo que sumar que algunas empresas puedan incurrir directamente en pérdidas por ese ejercicio de absorción de márgenes que podrían llevarles a su desaparición.

Un pacto de estas características genera una pregunta adicional ¿deben los pensionistas participar con su esfuerzo? La respuesta debería ser afirmativa porque de otra manera estamos deteriorando el principio de equidad en la distribución de esfuerzos. Un principio que no se ha tenido en cuenta en la última reforma porque el deseable objetivo de proteger la renta de las personas que han finalizado su actividad laboral remunerada, debe ser compatible con su colaboración en conseguir los objetivos comunes de la sociedad española. En especial en tiempos de crisis, en donde todas las personas debemos arrimar el hombro de acuerdo a nuestras posibilidades.

Actualizar las pensiones con una elevada inflación tiene un fuerte impacto sobre el gasto público: en torno a 7.500 millones de euros consolidables con un IPC medio del 5%. Una cifra a la que habría que añadir el coste del aumento en el número de pensiones y el efecto sustitución (en torno a 3.800 millones de euros). Una hipótesis prudente de evolución que generaría un déficit del 1% del PIB en las cuentas de la Seguridad Social en 2023, que aumenta hasta el 2,3% del PIB si no se tienen en cuenta los (poco justificadamente) denominados gastos impropios. El instrumento creado sin metodología objetiva, que da cobertura al traspaso de ingresos del Estado a capítulos de gasto del sistema de Seguridad Social de dudosa calificación como no contributivos. Una peligrosa foto del sistema de pensiones de la Seguridad Social (el de Clases Pasivas se financia actualmente en su integridad con deuda pública por valor de 1,4 pp del PIB) antes de la llegada a la jubilación de la generación del baby boom esperada a partir de 2023. El aumento en el gasto en pensiones absorbería el reducido márgen para desarrollar medidas fiscales de protección a los más vulnerables vía gasto o menores impuestos.

Las medidas fiscales de carácter coyuntural deberían estar encardinadas en un plan creíble de saneamiento de las cuentas públicas utilizando los ingresos y los gastos. De otra manera sufriremos, y mucho, en el futuro próximo.

Las medidas fiscales a corto plazo para afrontar la actual crisis deben estar acompañadas de otras estructurales que mejoren la productividad de la economía pero también la igualdad de oportunidades. Las teclas a tocar son muchas y no fáciles de conseguir a corto plazo. Una detemrinante es mejorar el insuficiente nivel educativo es una de las principales deficiencias, casi imposible de corregir en un periodo de tiempo corto, entre otras cuestiones porque ni siquiera se reconoce abiertamente. No se trata solo de gastar más dinero sino de reorientar la educación hacia otros contenidos y probablemente con un código de valores algo diferente donde la responsabilidad y el esfuerzo jueguen un papel más destacado.

Los fondos Next Generatión y los nuevos fondos europeos del Marco 2021-2027 son una herramienta valiosa para abordar los retos estructurales. Por ese motivo tendrían que dirigirse a las actividades que permitan mejorar la productividad, y para ello es necesario disponer de administraciones públicas competentes y capaces, que colaboren en los diferentes niveles de gobierno. Desafortunadamente, España, un estado muy descentralizado en la distribución de competencias, no cuenta con las herramientas suficientes para aprovechar este modelo al no existir la debida colaboración y participación en el diseño y gestión de las políticas de las administraciones implicadas. Es una deficiencia que no nos podemos permitir si queremos avanzar en la convergencia con Europa.

Un análisis detallado de la situación de los fundamentos económicos españoles no genera una perspectiva optimista para enfrentarse con una minina garantía de éxito al muy difícil contexto internacional en el que nos encontramos. Buscar soluciones con el máximo consenso político y social sería una gran decisión, pero para ello es preciso ser conscientes de las deficiencias y en este asunto la prevalecía de las posiciones populistas no va a ayudar mucho.

 

Sobre la relajación en los objetivos de déficit (publicado en agenda pública.el periódico)

La recientemente nombrada Ministra de Economía, Nadia Calviño, ha comunicado antes de ayer las Cortes Generales la decisión de relajar la senda de consolidación fiscal situando el objetivo de déficit en el 2,7% del PIB en 2018, cinco décimas superior al inicial (2,2% inicial). El objetivo en en 2019 se eleva al 1,8 por ciento del PIB, también cinco décimas superior al inicial (1,3 por ciento).

Esta decisión puede tener consecuencias en diferentes ámbitos sociales y económicos, que desarrollo en el artículo amablemente publicado por el blog Agenda Pública (14 de julio de julio 2018) (aqui).

El último párrafo del artículo recoge una advertencia no menor que debería ser tomada en cuenta por quienes gobiernan o aspiran a gobernar en España "El calendario en la toma de decisiones en política fiscal para sanear las cuentas públicas es muy importante, porque la hipótesis de la llegada de una nueva crisis económica dejaría a España en una posición muy complicada, al disponer de un reducido espacio para aplicar la política fiscal como herramienta anticíclica. De ser así, a diferencia de la anterior crisis, sería bastante más difícil mantener algunas políticas (desempleo y pensiones) que permitieron reducir sensiblemente el daño soportado por muchos españoles".

Acreedores o deudores ¿quien tiene la culpa?

un artículo escrito hace un año que mantiene su vigencia

La dramática situación a la que ha llegado Grecia y la Zona Euro anima a pensar sobre un tema despachado con muchas consignas y pocos argumentos sólidos: el origen de países acreedores y deudores en la Unión Europea.

Hay una posición sostenida por algunos opinadores que sin dudarlo señalan como culpables de la actual situación a la posición mantenida por los países acreedores. Los mismos extienden habitualmente su crítica a la falta de un determinado modelo de unión política o, lo que es casi lo mismo, afirmando que una unión monetaria no óptima como la creada con el euro debía provocar una situación de estas características. El reciente artículo publicado del actual Ministro de Economía griego, Yanis Varoufakis Una agenda para Europa  abunda en esta cuestión antes de presentar su propuesta de futuro. 

Después de leer su introducción sobre las mas que previsibles para él consecuencias negativas derivadas de una unión monetaria que no contaba con las necesarias contrapartidas (más detalle en los trabajos desarrollados por Mundell), una primera pregunta que me surge es porqué después de comprobar su fracaso en parar la creación del euro, no concentraron su energía y actividad en evitar las consecuencias negativas del cepo que supone un tipo de cambio fijo. Si tan seguros estaban de ese peligro -que comparto- debían haber informado en plazas y mercados (leáse medios de comunicación) del peligro de endeudarse con terceros y del grave problema provocado por pérdidas de competitividad debido al crecimiento de sus precios, porque la solución sería la devaluación interna, es decir, bajar los precios propios para recuperar la competitividad. 

Se debería haber aplicado una política preventiva de cuentas públicas y privadas sostenibles muy distinta a la utilizada en la práctica, que no estuvo acompañada de ninguna protesta conocida durante la larga época expansiva. La acertada argumentación recogida en su artículo de los peligros de esta unión monetaria no óptima le debía haber llevado a pedir austeridad entonces, evitando la tentación de caer en los encantos de los malvados prestamistas, que intentaron y lograron ante la pasividad del resto, colocar su producto. Los países acreedores gracias a la venta de sus bienes y servicios (puede que en parte con trampas pero seguro que también debido a su mayor competitividad) jugaron sus cartas, pero en última instancia estaba en manos de los países ahora deudores haber rechazado el crédito mientras aplicaban políticas macroeconómicas más sanas y razonables. No se hizo así, porque según ha confesado alguno de los gestores, era impopular y quien iba a quitar la música en medio de la fiesta. Ante esta debilidad, los malvados bancos de los países acreedores (representantes de sus ahorradores) prestaron dinero a Grecia y España, quienes gastaron esos recursos en fines poco interesantes para mejorar su capacidad productiva. Ambos países comparten una abultada deuda y una economía capidisminuida, aunque en el caso español el país está lleno de infraestructuras de muy dudosa utilidad. 

En el caso de Grecia el rescate aprobado por la Unión Europea para evitar su quiebra se ha dirigido a pagar los créditos pendientes con los bancos, pero conviene recordar que esos bancos habían dado durante bastante tiempo el dinero previamente al sector público y privado griego, que lo gastó básicamente en operaciones corrientes sin importarles su nivel de ingresos públicos o el ahorro privado. 

Llegados al punto actual, en algunos foros se ha incorporado al debate el concepto de deuda ilegitima, con un contenido tan difuso que hace imposible evaluarlo. En la práctica significa algo parecido a no debemos hacernos cargo de lo sucedido antes porque los responsables eran "unos chorizos". Es cierto que hubo casos de corrupción, muchos y variados pero su argumento se debilita cuando se recuerda la falta de protestas generalizadas de la población cuando había dinero en circulación. Una actitud alentada por unos responsables políticos que recibían el apoyo de la población) .

Siguiendo su argumentación como la deuda es ilegitima, no hay que pagarla, todavía con más motivo porque quienes perderán son los banqueros. En este aspecto, recordar que los bancos prestan dinero cuyo origen en buena parte pertenece a depositantes, para quienes ese dinero es su ahorro, es decir, el dinero que han renunciado a consumir. No todos los ahorradores son ricos adinerados, muchos de ellos son personas y empresas normales, es decir, no son ricos de solemnidad.

Es cierto que las empresas alemanas han vendido más ayudadas de un tipo de cambio más reducido del que hubiera resultado en el caso de no existir el euro y también que la sociedad alemana es poco propensa a gastar; pero no parecen motivos suficientes para pedir que pierdan sus ahorros de la noche a la mañana. También es cierto que no toda la población griega (o española) ha vivido por encima de sus posibilidades aunque las cifras macroeconómicas lo reflejen muy claramente (muy elevado déficit fiscal y de balanza de pagos).. 

El dilema sobre quien ha tenido la culpa de la situación se decanta en contra de los acreedores, según estos foros, limpiando de responsabilidades al deudor, al que se presenta como una víctima de un status quo marcado por el despiadado sistema capitalista. Ni siquiera abren la posibilidad de compartir el riesgo entre deudores y acreedores. Una actitud más equilibrada porque también es cierto que los acreedores quieren cobrar sin reconocer su parte de responsabilidad en el problema creado al haber minusvalorado el riesgo en el que incurrían al prestar a países con fundamentos económicos muy deteriorados.  

En plena negociación de la renovación del rescate de la Unión Europea a Grecia, Varufakis propone como salida la europeización de la deuda pública, inversión, banca y de la crisis humanitaria. La idea de sustituir la actual QE por un programa de inversiones del BEI parece interesante porque puede ser efectiva como dinamizador de la demanda y la oferta, si se eligen adecuadamente los proyectos. Se percibe, no obstante,un problema de cómo distribuir el gasto entre países. El coste puede ser asumible porque en realidad la QE (quantitative easing) del Banco Central Europeo es una monetización de déficit, dado que nunca se van a recuperar en su totalidad los euros emitidos para la compra de deuda pública y su efecto puede ser más rápido e intenso que una reacción de los inversores privados ante la ausencia de deuda pública comprable.

La europeización de la deuda pública abre un espacio con más inconvenientes a resolver, porque para mutualizar la deuda, es decir que los países más solventes asuman la del resto, no solo se debe alcanzar un acuerdo sobre el pasado sino que es imprescindible controlar los saldos presupuestarios nacionales futuros, de manera que se garantice que no habrá nuevos sobresaltos con la aparición de déficits excesivos. Esa contrapartida está mal vista por una parte no pequeña de los críticos, presentándola como una invasión de la soberanía y un recorte de la política fiscal para dinamizar la demanda. Aquí aparece la otra pata que presenta Varoufaquis, la Unión Europea debe financiar la lucha contra la pobreza. Una vía articulable de dos formas: los países ricos aportan más (transferencias corrientes entre países adicionales a la política agrícola comunitaria y los fondos estructurales) o no se contabiliza en los presupuestos de los países más pobres este gasto. Una opción ésta última que obviamente aumenta el incentivo al déficit (riesgo moral).  

La deflación por deuda existe y llevará tarde o temprano a la aplicación de quitas más o menos encubiertas, pero la contrapartida tiene que ser el control supranacional de la política fiscal. El perdón de la deuda (o como se le quiera llamar) tiene que estar unido a la garantía de que no se producirá otra situación como la actual con países con deudas abultadas.

Relacionado con este tema, transcribo una parte del reciente artículo de Jurgen Habermas en el diario El País: "La exigencia de una quita de la deuda, bajo continuo de sus negociaciones, no basta para despertar en la parte contraria la confianza de que el nuevo Gobierno va a ser diferente, de que actuará con mayor energía y responsabilidad que los Ejecutivos clientelistas a los que ha sustituido". El articulista defiende una conclusión diferente al conceder poca importancia a esta cuestión, mientras apela a otros valores que chocan no sólo con la actual distribución de la renta sino también y, sobre todo, con la fuerza de los nacionalismos. Europa no es una nación y no creo que la actual gobernanza y las conductas de los países lleven pronto a esa situación. Pero la experiencia demuestra que sin confianza no hay posibilidad de acuerdo. Las actitudes de una parte de los negociadores de la Unión Europea son manifiestamente mejorables, pero las opiniones vertidas por los representantes de quienes se autodenominan fuerzas del cambio, no colaboran a crear la necesaria confianza para alcanzar un acuerdo.

Considero muy negativa una hipotética salida de Grecia, por la población griega y porque hace más frágil el proyecto europeo, pero su salida convertiría en real el experimento tantas veces propuesto por Krugman. En mi opinión, el resultado será pésimo para los griegos porque la opción de recuperar su moneda les obliga a vivir solo con sus recursos. Para rentabilizar la brutal devaluación de su tipo de cambio necesitaran de un muy alto grado de grado de disciplina en la fijación de las rentas de los factores para no seguir el aumento de los precios de las importaciones. La devaluación externa necesita también de una devaluación interna para ser efectiva. Sin ese gran esfuerzo de moderación (o disminución) de las rentas ni siquiera el impago de la deuda mejorará su situación y el resultado será mucho peor que el actual. 

Una tarea nada fácil de conseguir en un país con tan baja disciplina institucional como Grecia que además ha estado alentado por un montón de promesas que caminan en dirección contraria. Aunque parezca difícil, desgraciadamente, se puede empeorar y no va a ser la la franja más rica de los griegos. 

La alternativa obvia es más Europa aunque es evidente que el problema está en cómo hacerlo. A falta de ese desarrollo se puede obtener una conclusión adicional, sin una mejora en la responsabilidad de todos, no solo de los políticos, el camino se hace más difícil y los movimientos populistas que están surgiendo en Europa van en dirección opuesta.

Menos presión fiscal que la Zona Euro, pero ¿es responsabilidad solo de los ricos?

El saldo negativo de las cuentas públicas españolas sigue siendo elevado. El Ministro de Economía, Sr. Guindos ya ha reconocido en público que en 2015 se superará en algunas décimas el objetivo de déficit, de manera que con toda seguridad será superior al objetivo marcado del 4,2% del PIB. El Programa de Estabilidad pactado con la Unión Europea marca el 2,8% del PIB para el presente ejercicio 2016 fijando, por tanto, un nuevo objetivo extremadamente exigente. 

Además, la deuda pública española en circulación roza el 100% del PIB, poniendo en duda su sostenibilidad a futuro, en caso de no reducir el actual nivel de déficit anual.

Algunas personas y organizaciones políticas afirman que se ha producido desde el inicio de la crisis un severo deterioro de algunas políticas de gasto público, aunque la comparación de los euros gastados ahora con los de 2007, tanto en nivel absoluto como por habitante, no les de la razón en exceso (aquí) y (aquí). Dicho ésto, sí es cierto que el gasto en español en políticas públicas es inferior en 4,9 puntos del PIB a la media de la Zona Euro (2014).

España, por tanto, tiene menos gasto público y el déficit más elevado de los diecinueve países que componen la moneda única, mostrando un claro problema en sus ingresos públicos, siempre y cuando se quiera mantener un patrón de actuación del sector público parecido. Menciono esta cuestión, parecerse a la Zona Euro, porque la presencia del sector público en la economía es una las principales diferencias en las diferentes opciones ideológicas. A la que añadir la confusión bastante generalizada de querer muchos y buenos servicios públicos pero considerar que se pagan ya demasiados impuestos, que fue alentada por casi todos los partidos políticos desde el inicio de la anterior fase expansiva de la economía.    

Para hablar de cuentas públicas es precios tener en cuenta el gasto y los ingresos porque es imposible convivir con déficits de manera continuada, no solo porque un día te pueden cerrar el grifo de la financiación sino porque como mínimo hay que pagar intereses por la deuda generada.

La opción de aumentar la presión fiscal, ya sea para reducir el déficit como para aumentar el gasto público, está presente en muchas conversaciones y programas electorales. Desgraciadamente, en el caso del gasto público no se acompañan de debates sobre cómo mejorar su eficiencia y equidad o, si un aumento del gasto solucionaría algunos de los graves problemas identificados en nuestra sociedad, como por ejemplo la insuficiente calidad de la enseñanza en España.

Antes de tomar una decisión y aplicar una política concreta sobre ingresos públicos puede ser útil conocer su situación con un poco más de detalle. La recaudación por tributos (impuestos y tasas) y cotizaciones sociales en España fue inferior en 7,1 puntos del PIB a la media de la existente en los países de la Zona Euro en 2014. La primera sorpresa es observar que la mayor diferencia a la baja está en la cuota social pagada por los trabajadores asalariados y no asalariados, las Cs household en el gráfico (2,7 puntos del PIB). No hay diferencia, sin embargo, en la cuota del empleador que consigue ingresos muy parecidos a los de la Zona Euro en relación con el PIB. 

Los impuestos directos, es decir, los sustentados en la renta y patrimonio de las personas y empresas son los que reflejan la siguiente mayor diferencia respecto a la media comunitaria (2,4 puntos). En tercer lugar, aparecen los impuestos indirectos (1,7 puntos del PIB), dentro de los que el IVA ya no ostenta la principal diferencia (0,6 puntos del PIB), me imagino que debido a las importantes subidas decididas en 2009 y 2012. 

Con esta fotografía, se pueden obtener algunas conclusiones. La principal es la enorme distancia que se observa en la dimensión de la recaudación del sistema tributario en España respecto a la media de los países con los que compartimos la moneda única europea (aproximadamente 74.000 millones de euros). Una segunda, que la opción de parecernos a estos países implica un esfuerzo en la recaudación de tributos  y cuotas sociales, que si bien pudiera ser un objetivo deseable, no se puede conseguir a corto plazo, ni siquiera en los cuatro próximos, porque la magnitud del objetivo es de tal calibre que tendría graves repercusiones en la actividad económica a corto plazo al afectar a las decisiones de consumo e inversión de familias y empresas (el célebre multiplicador de la demanda interna). El impacto en menor crecimiento de la economía de una intentona de ese tipo, haría que el remedio fuera peor que la enfermedad.

Se me ocurre una tercera conclusión bastante importante, la localización de las diferencias por tipos de tributos y cotizaciones sociales, no permite cerrar las diferencias desplegando eslóganes como "no te preocupes, ésto lo van a pagar sólo los ricos". Mejorar la recaudación de la cuota del trabajador en 2,7 puntos del PIB (aproximadamente 30.000 millones) es un esfuerzo gigantesco, aunque en puridad de tipos de sistema de protección social, se pudiera plantear redirigir una parte a impuestos dado que en Francia y Alemania esta cuota sirve para pagar una parte de la sanidad que en España se financia con impuestos generales. En todo caso, aumentar la recaudación de la cuota del trabajador en tan solo un punto del PIB implica una disminución de la renta disponible de todos los trabajadores ocupados (11.000 millones de euros: más de 3 puntos de aumento en el actual tipo de gravamen o lo que es lo mismo, una disminución de 3 puntos en el salario neto), salvo que se quiera convertir la cuota social en un IRPF bis, rompiendo la contributividad del sistema de pensiones para pasar a un sistema universal con prestaciones únicas. Una opción que personalmente no comparto, entre otras cuestiones, porque no es compatible con la actual dimensión de las aportaciones individuales.

Tampoco se castiga a los ricos si se cierra la diferencia en impuestos sobre el consumo en relación con la Zona Euro, porque como es sabido la aportación viene dada por el consumo realizado sin tener en cuenta el nivel de renta de quien lo realiza. La participación de los ricos puede y debe ser más activa en el incremento de la recaudación de 2,4 puntos del PIB en el caso de la imposición directa que engloba el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio. 

Una de las respuestas rápidas y simples al problema es echar la culpa al elevado fraude fiscal. Seguro que hay bolsas de fraude, al igual que un pérfido uso de la legislación para minorar las aportaciones situándose en el borde de la norma (elusión fiscal), pero en este terreno tienen bastante que decir también otros colectivos como los beneficiarios de los sistemas de módulos o, el consentimiento generalizado del "con IVA o sin IVA". En mi opinión, no todo el mundo tiene la misma responsabilidad en la generación de un problema, pero siempre se necesita la colaboración de la sociedad, por activa o pasiva. 

Uno de los problemas para comprender el funcionamiento de los sistemas fiscales es su magnitud. La nómina mensual de las pensiones supone alrededor de 10.000 millones de euros. La hipotética y nada recomendable idea de apropiarse de la fortuna del dueño de Inditex (alrededor de 45.000 millones de euros) permitiría pagar las pensiones cuatro meses y medio; no habría dinero para el mes de mayo y, sin embargo, se perderían miles de puestos de trabajo. El futuro de las pensiones, la principal partida de gasto dentro de las cuentas públicas, depende de generar empleo sostenible en el tiempo con una remuneración acorde a la productividad generada, no de apropiarse del patrimonio de quienes gestionan bien las empresas y genera renta nacional todos los años. La reflexión es válida para el resto de las políticas públicas.  

Estos tiempos convulsos son el producto de pésimas decisiones anteriores que generaron una enorme burbuja inmobiliaria y financiera con repercusiones en un sistema tributario frágil que se hundió a las primeras de cambio. Hay que evitar caer ahora en propuestas simplistas que eludan las dificultades reales. Converger en presión fiscal con la Zona Euro significa que todos debemos pagar más, sin por ello renunciar a conseguir una progresividad razonable en la distribución del esfuerzo. El fraude fiscal no es cosa solo de los ricos. En este terreno tampoco hay milagros, al final debe ser cierto que Hacienda somos todos, a pesar de algunas interpretaciones fuera de tono. Si te dicen lo contrario y te excluyen del esfuerzo a realizar, pregunta por la letra pequeña de la propuesta que te presentan porque puede que no te estén contando toda la verdad.  

La evolución del gasto público desde el inicio de la crisis (2007-2014) puede causar sorpresas

La evolución del gasto público en España desde el inicio de la crisis es objeto de debate de manera frecuente, con diferentes conclusiones dependiendo del origen de la opinión. Una de las claves de esta aparente contradicción es el corte temporal utilizado para realizar el análisis.

Como se puede apreciar en el gráfico adjunto, el gasto público, es decir, el total de las políticas de gasto aplicadas por todas las administraciones que componen el sector público (Central, Seguridad Social, comunidades autónomas y entidades locales), creció muy significativamente en la primera etapa de la crisis. El gasto aumentó 6,8 puntos del PIB entre 2007 y 2009 (del 38,9% al 45,8%) consecuencia de las decisiones de aumento del gasto y del efecto de la recesión sobre la actividad económica (efecto denominador) con el consiguiente impacto negativo sobre un saldo de las cuentas públicas muy castigado también por el fuerte descenso de los ingresos (-6,1 puntos del PIB). 

Desde 2009 cuando se alcanzó el punto máximo, el gasto público se ha reducido en 2,3 puntos del PIB (del 45,8% al 43,5%). Medido en millones de euros, en los dos primeros años de la crisis aumentó 108.072 millones de euros, mientras que en la segunda etapa se ha reducido en 32.391 millones de euros.

Fuente: Central de Información del Ministerio de Hacienda (IGAE en Contabilidad Nacional)

La perspectiva de comparar el gasto público desde 2009 hasta 2014 ofrece un recorte del gasto público, pero su valoración negativa incluye un apriori: considerar positiva para toda la sociedad española el fuerte incremento de gasto acaecida en la primera etapa de la crisis (2007-2009). Algo que no es obligado compartir cuando se analiza con más detalle el destino de ese gasto, tal y como se puede leer en la entrada que escribí en este blog cuando se publicaron los datos de 2013, porque además de una serie de medidas discrecionales de aumento de la inversión sobre las que no se alcanza consenso, se produjo un aumento del gasto en la remuneración del empleo público (1,6 puntos del PIB) no justificada en la función de estabilización del ciclo que puede cumplir la política fiscal. 

En mi opinión la comparación de la evolución del gasto con 2007 permite una valoración más completa de la evolución de las cuentas públicas porque en ese año la economía española alcanzó el máximo de crecimiento histórico y todavía no se habían puesto en práctica los estabilizadores automáticos, fundamentalmente el mayor gasto en desempleo. Analizado el periodo de forma global, es decir, desde 2007 a 2014 -el último ejercicio para el que existe liquidación- el gasto público ha crecido 4,7 puntos del PIB. De este aumento, la política más favorecida ha sido prestaciones sociales distintas a las de especie, es decir, las monetarias (+4,7 puntos del PIB) en las que se encuentran las pensiones y las prestaciones por desempleo. Dado que el aumento del gasto en esta última prestación absorbe 1,4 puntos más del PIB respecto a 2007, se puede afirmar que las pensiones han sido las grandes beneficiadas del incremento del gasto público en este periodo.

El gasto en intereses es el segundo destino que más ha aumentado su gasto en esta etapa (1,7 puntos del PIB) como consecuencia del gran incremento de deuda pública en circulación (+62,2 puntos del PIB) que no ha sido mayor gracias a la política monetaria expansiva aplicada por el Banco Central Europeo y la significativa mejora de la posición comercial de la economía española que gracias al esfuerzo de la sociedad, especialmente los asalariados, ha transformado un déficit de casi el 10% del PIB en un superávit de 1%. La remuneración de asalariados, donde se recoge la suma del empleo público y su remuneración, también ha ganado peso en relación con el PIB en la etapa 2007-2014 aunque en un porcentaje inferior a las anteriores (+0,9% del PIB). La inversión pública ha sido la gran damnificada del periodo con una pérdida significativa en el gasto (-3,1%) aunque para valorar su evolución no ha y que olvidar su hiper dimensión previa.  

Una cuestión básica para sustentar la valoración, el periodo analizado. Cabe preguntar a quienes limitan la observación las causas de utilizar el corte en 2009 y, sobre todo, si consideran positivo todo el muy intenso aumento del gasto público. En mi opinión no lo fue porque no todo estuvo dirigido a mejorar la equidad en la distribución de esfuerzos, tampoco a aumentar el potencial de crecimiento y muy posiblemente ni siquiera cumplió con una función estabilizadora de ciclo.

Si se utiliza el periodo 2007-2014, los grandes números nos dicen que el gasto público ha crecido en relación  al PIB, una forma convencional de medida pero que parece bastante coherente al utilizar como base la renta que crea la sociedad española sobre la que giran los tributos utilizados para financiar las cuentas públicas. Otra cuestión bien diferente es considerar que la dimensión de los ingresos públicos son inferiores a la media de la Unión Europea (-8,2 puntos del PIB) o, que la distribución de las políticas de gasto haya sido la que se acomode mejor a las necesidades de la sociedad, porque como todos sabemos la jerarquía de intereses cambia bastante para cada uno de nosotros. 

En todo caso, parece que la crisis no ha sido utilizada para mejorar los servicios públicos, impulsar el potencial productivo de la economía española y conseguir una cobertura más equitativa de las necesidades.