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jueves, 21 de julio de 2016

La financiación del sistema público de pensiones español ante el reto del envejecimiento

Las pensiones son un tema objeto de continuo debate en la mayor parte de las sociedades avanzadas (en el resto no lo son porque no tienen pensiones o son muy reducidas en cobertura y cuantía). El progresivo agotamiento del Fondo de Reserva desde los 66.814 millones de euros disponibles en 2011 a los 23.000 actuales, sirve de enganche para escuchar en España muchas opiniones en los medios de comunicación y en la redes sociales sobre este tema, aunque siendo estrictos, la mayor parte de ellas suelen manejar conceptos muy simples y tienen un claro sesgo ideológico del opinador o, más bien, están muy condicionadas por la cercanía a uno u otro partido político.

Los recursos del actual Fondo de Reserva difícilmente superarán diciembre de 2017, porque para que fuera de otra manera habría que reducir las actuales pensiones o conseguir bastantes ingresos en poco tiempo. El déficit en el presente año, 2016, se situará alrededor del 1,5% del PIB, pero lo que es más importante la recuperación del ciclo económico difícilmente lo reducirá por debajo del 1,1% del PIB. Se lee en algunos foros que si recuperamos el nivel de empleo anterior a la crisis, se conseguirá enjugar el déficit. La realidad dice que a corto plazo, la respuesta es negativa por varias causas. 

En primer lugar, la producción potencial española no va a permitir alcanzar el nivel de empleo de 2008 porque como es conocido estaba apoyado en una burbuja que nos lleno de deuda a familias y empresas. Lo lógico es no ser capaces de crear una estructura productiva alternativa en tan poco tiempo. Los cálculos de los expertos (recomiendo seguir los trabajos de la AIReF) sitúan el cierre del output gap en 2018, es decir en ese momento la economía española alcanzará su nivel potencial de producción (renta) ajustado a sus posibilidades reales. De manera que a partir de este momento será mucho más complicado incluso mantener una tasa de crecimiento anual del 2% real si no se introducen cambios significativos en la forma de funcionar de la economía española. En este escenario se puede aspirar a crear un máximo de 2 millones de nuevos empleos en 4 años, pero teniendo en cuenta una cosa importante: como el crecimiento del PIB está limitado, a mayor cantidad de empleo menos productividad y, por tanto, menor capacidad de asignar renta a los factores productivos (explicación más detallada aquí). La relación entre ambas variables nos dirige a la segunda causa ¿se puede crear el mismo empleo con salarios más altos? Puede que en alguna empresa la respuesta sea afirmativa, al suponer que la asignación al excedente empresarial es excesivamente alta, pero se abre una seria duda sobre la generalización de esta afirmación. Aunque solo sea porque si se reduce el excedente empresarial, se limita también la posibilidad de realizar las inversiones necesarias para mejorar la empresa y crear más empleo de más valor añadido. De esta forma, es bastante complicado esperar un fuerte crecimiento de los nuevos salarios que les puedan situar en el nivel pre-crisis (recordar que en 2008 teníamos un déficit de balanza de pagos del 10% del PIB).

La suma de ambas causas permite pensar que los ingresos por cotizaciones no van a crecer al ritmo suficiente para cerrar a corto plazo el actual déficit del sistema contributivo de pensiones. Entre otras cuestiones, porque el gasto de éstas va a crecer como mínimo al 3% anual por el doble efecto del mayor número de pensionistas y la más alta cuantía de las entradas sobre las que se dan de baja por fallecimiento. Es decir, que la recaudación por cuotas debería crecer a una tasa anual superior a ese 3%, algo difícil de conseguir con las sendas de crecimiento del PIB mencionadas, para recuperar el terreno perdido. Se puede apelar a la inflación para conseguirlo, pero hay que ser conscientes que esa posibilidad implica más gasto en pensiones o una pérdida de capacidad adquisitivo de las ya existentes.

El sistema de pensiones ha incorporado recientemente dos amplias y profundas reformas (2011 y 2013) que combinaban cambios paramétricos para fortalecer su contributividad aunque tendrán su efecto pleno cuando finalice el largo periodo transitorio aprobado (2023), con cambios estructurales en su funcionamiento (Índice de Revalorización anual de las pensiones). Estas reformas, en mi opinión son básicas para reforzar el sistema público de pensiones, en especial para garantizar su sostenibilidad financiera a largo plazo y porqué no decirlo, fueron centrales para evitar un posible default generado por la pérdida de confianza del sector público español ante terceros. Con la actual normativa, la preocupación por cobrar la pensión debería ser mucho menor, pero queda pendiente dar solución estable al grado de suficiencia de las prestaciones (con un muy alta tasa de reposición en la actualidad en comparación con los países avanzados de Europa) y la eficiencia del sistema de pensiones dentro de la economía española (hay que conseguir una senda de crecimiento sano sin trasladar al futuro cargas excesivas).  

De esta forma, el actual déficit del sistema de pensiones obliga a completar las reformas con más medidas que se deberían plantear en un horizonte a corto, medio y largo plazo. La ponencia que he presentado recientemente en el II workshop sobre pensiones y aseguramiento organizado por la Universidad de Barcelona (ver aquí) analiza con detalle la actual situación, la influencia de las últimas reformas aplicadas y, por último, plantea un abanico de posibles soluciones con sus ventajas e inconvenientes.  

El reto no es fácil porque como planteo en el documento, la sociedad española se enfrenta a una circunstancia excepcional de carácter coyuntural en el tiempo: la llegada de la generación del baby boom a la jubilación, cuando las cuentas públicas españolas no han alcanzado todavía la necesaria consolidación estructural (el déficit puede finalizar el año en torno al 4,1% del PIB). La importancia del asunto, al afectar a millones de personas, obliga a disponer de toda la información para poder planificar el futuro, por eso buscar una solución estable en el tiempo debería ser un tema de obligado consenso en el marco del Pacto de Toledo.

Una última cuestión, los sistemas de capitalización no son ajenos al reto del envejecimiento y un hipotético escenario de bajo crecimiento económico, más al contrario, deben añadir un riesgo adicional a los ya conocidos (detalle en los dos primeros capítulos del libro El sistema español de pensiones que publique con Felipe Serrano en 2004). 






domingo, 27 de marzo de 2016

Por qué es muy difícil que la tasa de desempleo española baje del 15% en 2019

El fuerte aumento del desempleo hasta alcanzar los 6,3 millones de personas sin trabajo remunerado en el 1t de 2013, ha sido el principal peaje que ha pagado la sociedad española por la gravísima crisis iniciada en 2008 como consecuencia de la burbuja inmobiliaria y de crédito generada desde 2000 a 2008.
La creación de 678,2 miles de empleos en el último año (EPA) ha sido una buena noticia, pero el número de personas sin empleo sigue siendo aterrador: casi 4,8 millones, el 20,9% de la población activa buscaba pero no tenía ocupación remunerada. Por eso, el desempleo sigue siendo el principal problema de la economía y de la sociedad española y, es lógico que ocupe el frontispicio de los programas de los partidos políticos que quieren gobernar el país en los próximos cuatro años.

Lo ideal sería pensar que es posible crear tantos puestos de trabajo cómo sean necesarios para acabar con esa lacra, pero en la práctica existen límites, siempre y cuando no se modifiquen condiciones estructurales en nuestra economía o, se incurra en inconvenientes no deseados. Por eso hay que evaluar con cuidado las promesas electorales.

Un sencillo repaso a la teoría económica nos puede ayudar en este ejercicio. La mejora de la actividad económica, es decir, el aumento del PIB de un país, se distribuye entre el nuevo empleo y la productividad. No es una imposición o capricho de quien escribe esta entrada, es así porque:

La productividad por ocupado = Valor de la producción (PIB) / nº de trabajadores.

Despejando, el PIB = Nº de trabajadores * productividad por ocupado

Como queremos saber qué pasa con un incremento anual del PIB, lo que está multiplicando pasa a ser una suma y nos encontramos con:

∆PIB = ∆Empleo +  ∆productividad del trabajo

De esta forma, como había comentado antes, un aumento de la actividad económica, del PIB, se distribuye entre el nuevo empleo y la mejora de la productividad de la economía. Como ejemplo, el crecimiento del PIB de 2015 en términos reales (3,2%) se ha dirigido mayoritariamente al empleo (3%) y muy poco a la productividad (0,2%). Estamos, por tanto, ante una noticia buena, se ha creado bastante empleo (521,9 miles equivalentes a tiempo completo) reduciendo la tasa de de paro en 2,4 puntos, pero como contrapartida, ha el proceso ha estado acompañado de una baja productividad. Así, después de pagar el nuevo empleo queda muy poca renta para remunerar a los factores productivos existentes, es decir, para pagar más a las personas que ya tenían empleo y al capital utilizado para generar la renta. El aumento de su renta en 2015 se debería haber limitado a ese 0,2% (la inflación fue el 0%), siempre que no se modifique la distribución de la renta existente hasta ese momento. Un conflicto eterno, el de la distribución de la renta, que trataré después.

Retomemos antes la pregunta inicial sobre cuanto empleo se puede crear. La primera cuestión a dilucidar es cuánto puede crecer la economía española en los próximos años. Bueno, siempre cabe apostar por la cifra más alta posible, como por ejemplo volver a las tasas de crecimiento la última etapa expansiva (tasa anual del 3,5% anual medido en términos reales, es decir, después de deducir el deflactor). En la práctica, sin embargo hay restricciones derivadas de nuestra oferta productiva. La capacidad de las empresas de producir y de vender los productos (privadas o públicas) determinan tu crecimiento. De este modo, la mayor parte de los expertos coinciden en no esperar un crecimiento superior al 2% anual real sin incurrir en graves desequilibrios (crecimiento potencial), tal y como como, desgraciadamente hemos comprobado en nuestras carnes con la actual crisis (deuda y paro). No se trata solo de crecer, sino de hacerlo de forma sana y equilibrada. De este modo cuando se acabe la recuperación cíclica en la que estamos inmersos, aproximadamente en 2018, es bastante difícil asistir a un crecimiento superior al 2% mencionado (real), salvo si se pudieran acumular muchas inversiones productivas o se aplicaran cambios drásticos en el funcionamiento de la economía española. Ambas cosas difíciles de conseguir a corto plazo, porque en la práctica es más difícil hacerlo, que repetir como un mantra, la necesidad de cambiar el tejido productivo hacia un modelo de mayor valor añadido. En este caso, repetir un deseo no lo convierte en realidad, hay que tomar muchas decisiones difíciles y, además, asumir el tiempo necesario.



Un escenario optimista a nivel nacional e internacional -no fácil a la vista de los principales factores que dominan la actual situación- permitiría a la economía española un crecimiento medio anual del PIB en torno al 2,6% real en la etapa 2016-2019. Caben infinitas distribuciones entre empleo y productividad, pero con una tasa de desempleo tan elevada, sería lógico elegir la opción intensiva en empleo. Una creación anual de la ocupación del 2,3% permitiría crear aproximadamente 1,7 millones de nuevos empleos en los próximos cuatro años, rebajando la tasa de desempleo hasta el 15%. Esta opción, no obstante, significa que 3,3 millones de personas todavía no tendrían ocupación dentro de cuatro años. 

La otra cara de la moneda, obviamente, de esta opción es asumir un bajo crecimiento de la productividad por ocupado (0,3% anual real a la que se debe añadir el correspondiente deflactor) y, por tanto, disponer de poca renta nueva para repartir entre los factores de producción: trabajadores y capital. Algunos dirán que esa restricción se puede salvar a favor de los primeros y, que los salarios pueden crecer más modificando la actual distribución porque el capital, según su opinión, se queda con demasiada parte de la renta. Puede que tengan razón en algunos casos, pero antes de tomar la decisión deberían tener en cuenta que la parte de renta dirigida al capital, denominada excedente bruto de explotación, debe servir en primer lugar para reponer la maquinaria e instalaciones gastadas en el proceso de producción y también para realizar las nuevas inversiones, imprescindibles para aumentar la productividad en el futuro próximo. No todo, por tanto, son beneficios distribuidos a los propietarios del capital. Esta retribución, por otra parte, es también necesaria siempre que se haga con un criterio razonable, no sólo porque es un premio al ahorro previo realizado (y no todos los accionistas son personas ricas de solemnidad) sino porque de no existir una rentabilidad, la continuidad de la empresa estaría en peligro al no disponer de suficientes inversiones.


La opción de utilizar el sector público para mejorar los resultados, es decir para crear millones de empleos como proponen algunas formaciones políticas, no modifican los anteriores resultados. Dada una restricción en el crecimiento de la actividad, cierta aunque se puedan discutir algunas décimas, lo que ocupa el empleo lo pierde la productividad. Por supuesto que esta puede ser negativa, pero entonces es preciso echar mano de la renta anterior y cambiar su distribución en los factores productivos.
   
Varias conclusiones. En primer lugar es muy complicado reducir la tasa de desempleo a niveles europeos (inferiores al 10%) en los próximos cuatro años por lo que es conveniente pensar en que tipo de cobertura y formación se les asigna a las personas en desempleo. Una segunda conclusión no menos importante, dado que a corto plazo es complicado mejorar el PIB potencial de la economía española, priorizar el empleo reduce la posibilidad de avanzar en productividad con las consecuencias que tiene ese resultado. Desafortunadamente, no se puede sorber y soplar a la vez. Por último, si se marca la creación de empleo como objetivo central, los agentes sociales y económicos deben ser coherentes para articular una distribución factorial de la renta que permita combinar ese objetivo con la ejecución de inversiones que amplíen y mejoren el tejido productivo español. En este último terreno, una mejora sustancial en la negociación colectiva sigue siendo la mejor política posible para fortalecer la oferta productiva de la economía española.


  








lunes, 14 de marzo de 2016

la intervención del sector público tiene unas causas y unos objetivos. No vale cualquier cosa

La larga crisis que ha sufrido la economía y la sociedad española desde 2008 ha estado acompañada de una áspera polémica sobre diferentes cuestiones relacionadas con la intervención del sector público en las relaciones económicas. Las opiniones sobre los recortes se combinan con las relacionadas con la evolución de las normas tributarias y, conviven quienes se quejan de no haber aprovechado la situación para afrontar una verdadera disminución de lo público con quienes afirman estar asistiendo a la demolición del Estado del Estado del Bienestar en España. 

El actual conflicto en la sociedad sobre el sector público es un tema trascendente que se puede abordar desde muy diferentes perspectivas. Por eso puede ser útil tratar algunos temas conceptuales básicos relacionados con los objetivos y funciones que puede cumplir el sector público en las relaciones económicas para realizar un debate ordenado sobre esta cuestión.

Las sociedades además de decantarse por un sistema democrático como régimen político deben elegir el modelo social y económico en el que se relacionan sus miembros (agentes en jerga económica). La pertenencia a la Unión Europea podría simplificar algo el proceso, al incluir de forma implícita el modelo social de mercado en sus Tratados, si bien la interpretación de esta expresión abre una amplia y larga polémica sobre cómo se concreta en la práctica. De hecho, algunos conceden hegemonía casi total a la iniciativa privada identificando como una rémora la intervención pública; otros, sin embargo, dan por hecho que el sector público debe estar muy presente en las relaciones sociales económicas, sin argumentar demasiado las razones en las que se apoyan más, allá de una genérica apelación a la justicia.

La teoría más habitual utilizada para abordar la presencia del sector público en la economía parte de los dos teoremas de la economía del bienestar. A grandes trazos, el primero dice que en condiciones de competencia perfecta se puede alcanzar el óptimo de eficiencia paretiana en el uso de los recursos disponibles (no hay capacidad de mejora de una persona sin perjudicar a los demás). El segundo considera que se puede alcanzar ese nivel de eficiencia desde cualquier distribución de renta, dejando posteriormente que el mercado actúe libremente. Dado que la teoría admite la posibilidad de alcanzar la perfección en eficiencia (paretiana) con una distribución muy desequilibrada de la renta, se puede plantear el problema en términos más coloquiales como la búsqueda de aquel sistema de relaciones económicas que permita el mejor uso posible de lo que tenemos (eficiencia) a la vez que se consigue el patrón distributivo de renta y esfuerzos elegido por la sociedad (equidad).

La experiencia demuestra la dificultad de alcanzar la perfección en cualquier campo de la vida, la economía no es una excepción. Los fallos de mercado originados en el excesivo poder de algunos de los actores (o empresas) o la inexistencia de las condiciones mínimas para que pueda funcionar el mercado (mercados completos), marcan la diferencia con la situación de competencia perfecta.

El sector público puede intervenir en las relaciones económicas de diferentes formas. Puede regular una situación para limitar algún riesgo observado para la población, como puede ser establecer la obligatoriedad de disponer de un seguro para que un automóvil pueda circular Esta disposición puede ser útil para la sociedad (externalidad positiva) sin ser gravosa para el erario público, dado que no necesita ninguna partida presupuestaria aunque aumenta el coste a nivel individual.

La intervención pública decidida por la sociedad puede obligar a generar un servicio como es la educación obligatoria hasta los 16 años. En este caso parece difícil no acompañar la necesaria obligación (provisión del servicio) con una financiación púbica porque de otra forma no habría garantía de cumplimiento. Es necesario, por tanto, disponer de recursos públicos para provisionar en la práctica esa regulación. 

Las mayores diferencias, no obstante aparecen en el modo de gestionar la prestación. El modo de producción de la educación puede ser pública pero también privada sin que, por lo menos en teoría, no sea posible cumplir en ambos casos con los objetivos marcados.
  
De una forma intuitiva se puede encontrar una ventaja en la gestión pública de las cosas derivada de la desaparición del beneficio necesario para retribuir el capital privado invertido. Así, esa cantidad ahorrada puede ser utilizada para producir más bienes o proporcionarlos a menor precio a las personas. En la práctica, sin embargo, esta conducta podría no ser cierta cuando la gestión pública incurra en mayores costes en el proceso de producción del bien o servicio por causas ajenas a la mejora de la eficiencia y de la equidad. Se trata de la posibilidad de utilizar más empleo del necesario al existir mayor nivel de absentismo, la asignación de retribuciones salariales superiores a la productividad de los trabajadores (por ejemplo al pagar a quienes se escaquean sin posibilidad de castigo), abuso de conductas burocráticas en el funcionamiento, uso de clientelismo y corrupción en la contratación o aplicación de criterios estrictamente electoralistas a los gastos de consumo e inversión. En todos estos casos nos encontramos con una nueva figura que se denomina fallos de gobierno, de forma que decisiones adoptadas para superar fallos de mercado  se diluyen sin llegar a beneficiar al principal destinatario que hay que cuidar: los ciudadanos y el bien común de la sociedad. 

De aparecer éstos fallos de gobierno, desafortunadamente algo demasiado habitual, los beneficios teóricos de la producción pública respecto a la privada se diluyen al habérselos apropiado una minoría en detrimento de los intereses de la mayoría de la población.

En ambos casos unos pocos ganarían a los muchos, con la diferencia de ser distintos esos pocos. Algunos identifican como ricos a los de la empresa privada frente a considerar personas normales a las del sector público. La realidad no es siempre así porque los accionistas de las empresas privadas también son personas normales y los pegados al clientelismo pueden no serlo tanto. Lo importante en última instancia es que la ganancia no llega a la mayoría y, por tanto, la cuenta que hay que hacer es cómo cambiar para que así sea.

Limitarse simplemente a plantear más gasto público como el instrumento mágico de política económica es una verdad absoluta no cierta pero, además, tiene una deficiencia conceptual complementaria: la intervención del sector público no es gratis. La consecución del dinero público necesario para pagar las políticas también tiene un coste marcado por las distorsiones de los impuestos sobre las decisiones de los agentes económicos. Es fácil de entender que el consumo no el mismo con un IVA del 21% y que la decisión de elegir entre trabajo y ocio cambia cuando el tipo de gravamen del IRPF es el 65% (aunque parece que a partir de un nivel de renta los incentivos son diferentes). La incorporación de impuestos puede colaborar a redistribuir la renta entre la población, pero no se debe olvidar que en su mayor parte incorporan una distorsión en las relaciones económicas que limitan la eficiencia en el uso de los factores productivos. No se trata, por tanto, de no utilizarlos sino de ser conscientes de sus ventajas e inconvenientes.

La enumeración de causas y efectos de la acción de lo público debería llevar a reflexionar un poco más sobre las propuestas de política económica. Es tan poco cierto que el sector privado lo hace todo bien y el público lo hace mal como lo contrario. Depende de muchos factores y por eso hay que ser muy exigente en los planteamientos. Qué se quiere conseguir, quién lo paga y cómo se paga para disponer de unas cuentas públicas sostenibles en el tiempo. La misma exigencia hay que trasladarla a la evaluación de los resultados. No vale decir está bien porque sea público o privado, hay que tener la posibilidad de medir los resultados de forma sencilla pero con el necesario rigor. Esto significa transparencia, rendición de cuentas y capacidad de evaluación.

En el caso de las políticas públicas la renuncia a un poco de eficiencia podría estar justificada por una mejora en equidad, es decir, en una reducción buscada de un desequilibrio en la distribución de renta o esfuerzos. Un problema habitual surge en la medición de este tipo de mejoras, demasiadas veces justificada en una genérica rentabilidad social que puede ocultar decisiones espúreas o directamente megalómanas. Valga como ejemplo la proliferación de trenes de alta velocidad, universidades y/o aeropuertos en ciudades de reducida población que no cumplen con la mínima dimensión para ser eficiente.    

Todo proyecto tiene que estar justificado y cada elección debe ser muy meditada porque el dinero público es y será escaso, a no ser que se apoye un modelo de socialismo de estado como el aplicado en el bloque soviético hasta 1988. Un régimen económico de planificación central sin iniciativa privada que ha sido un fracaso en toda regla, no sólo en términos económicos al limitar significativamente la capacidad de crecimiento de la riqueza con una igualación a la baja de la renta de las personas, sino también y sobre todo, en el ámbito moral al asumir el cinismo como forma de vida después de destruir la mayor parte de los incentivos individuales y colectivos. 

Retomando las forma de intervención pública dentro de una economía de mercado, la defensa de la enseñanza y la sanidad pública no se debe confundir con estar de acuerdo con la calidad de la enseñanza o la posición de los empleados públicos en ambas actividades, sino identificar el método de funcionamiento para ser más útil a los ciudadanos que reciben estos servicios. De igual forma, la defensa de producción privada está legitimada para obtener un beneficio por la gestión, pero si está financiada con dinero público, debe garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos por el legislador cuando se decide su provisión (se entiende que coincide con los deseos de la mayoría de la población en un sistema democrático), incluyendo siempre la igualdad de oportunidades y la no selección adversa de cualquier ciudadano que quiera acceder a ellos. 

Parece una afirmación de perogrullo, pero hace falta mucho más debate sobre este tema en un marco de mayor transparencia. Una idea bastante alejada de las polarizadas posiciones actuales defendidas desde un nivel de explicación manifiestamente mejorable, en otras cuestiones porque puede ser que en última instancia se pretenda ser opaco utilizando consignas de brocha gorda. 






sábado, 6 de febrero de 2016

Acreedores o deudores ¿quien tiene la culpa?

un artículo escrito hace un año que mantiene su vigencia

La dramática situación a la que ha llegado Grecia y la Zona Euro anima a pensar sobre un tema despachado con muchas consignas y pocos argumentos sólidos: el origen de países acreedores y deudores en la Unión Europea.

Hay una posición sostenida por algunos opinadores que sin dudarlo señalan como culpables de la actual situación a la posición mantenida por los países acreedores. Los mismos extienden habitualmente su crítica a la falta de un determinado modelo de unión política o, lo que es casi lo mismo, afirmando que una unión monetaria no óptima como la creada con el euro debía provocar una situación de estas características. El reciente artículo publicado del actual Ministro de Economía griego, Yanis Varoufakis Una agenda para Europa  abunda en esta cuestión antes de presentar su propuesta de futuro. 

Después de leer su introducción sobre las mas que previsibles para él consecuencias negativas derivadas de una unión monetaria que no contaba con las necesarias contrapartidas (más detalle en los trabajos desarrollados por Mundell), una primera pregunta que me surge es porqué después de comprobar su fracaso en parar la creación del euro, no concentraron su energía y actividad en evitar las consecuencias negativas del cepo que supone un tipo de cambio fijo. Si tan seguros estaban de ese peligro -que comparto- debían haber informado en plazas y mercados (leáse medios de comunicación) del peligro de endeudarse con terceros y del grave problema provocado por pérdidas de competitividad debido al crecimiento de sus precios, porque la solución sería la devaluación interna, es decir, bajar los precios propios para recuperar la competitividad. 

Se debería haber aplicado una política preventiva de cuentas públicas y privadas sostenibles muy distinta a la utilizada en la práctica, que no estuvo acompañada de ninguna protesta conocida durante la larga época expansiva. La acertada argumentación recogida en su artículo de los peligros de esta unión monetaria no óptima le debía haber llevado a pedir austeridad entonces, evitando la tentación de caer en los encantos de los malvados prestamistas, que intentaron y lograron ante la pasividad del resto, colocar su producto. Los países acreedores gracias a la venta de sus bienes y servicios (puede que en parte con trampas pero seguro que también debido a su mayor competitividad) jugaron sus cartas, pero en última instancia estaba en manos de los países ahora deudores haber rechazado el crédito mientras aplicaban políticas macroeconómicas más sanas y razonables. No se hizo así, porque según ha confesado alguno de los gestores, era impopular y quien iba a quitar la música en medio de la fiesta. Ante esta debilidad, los malvados bancos de los países acreedores (representantes de sus ahorradores) prestaron dinero a Grecia y España, quienes gastaron esos recursos en fines poco interesantes para mejorar su capacidad productiva. Ambos países comparten una abultada deuda y una economía capidisminuida, aunque en el caso español el país está lleno de infraestructuras de muy dudosa utilidad. 

En el caso de Grecia el rescate aprobado por la Unión Europea para evitar su quiebra se ha dirigido a pagar los créditos pendientes con los bancos, pero conviene recordar que esos bancos habían dado durante bastante tiempo el dinero previamente al sector público y privado griego, que lo gastó básicamente en operaciones corrientes sin importarles su nivel de ingresos públicos o el ahorro privado. 

Llegados al punto actual, en algunos foros se ha incorporado al debate el concepto de deuda ilegitima, con un contenido tan difuso que hace imposible evaluarlo. En la práctica significa algo parecido a no debemos hacernos cargo de lo sucedido antes porque los responsables eran "unos chorizos". Es cierto que hubo casos de corrupción, muchos y variados pero su argumento se debilita cuando se recuerda la falta de protestas generalizadas de la población cuando había dinero en circulación. Una actitud alentada por unos responsables políticos que recibían el apoyo de la población) .

Siguiendo su argumentación como la deuda es ilegitima, no hay que pagarla, todavía con más motivo porque quienes perderán son los banqueros. En este aspecto, recordar que los bancos prestan dinero cuyo origen en buena parte pertenece a depositantes, para quienes ese dinero es su ahorro, es decir, el dinero que han renunciado a consumir. No todos los ahorradores son ricos adinerados, muchos de ellos son personas y empresas normales, es decir, no son ricos de solemnidad.

Es cierto que las empresas alemanas han vendido más ayudadas de un tipo de cambio más reducido del que hubiera resultado en el caso de no existir el euro y también que la sociedad alemana es poco propensa a gastar; pero no parecen motivos suficientes para pedir que pierdan sus ahorros de la noche a la mañana. También es cierto que no toda la población griega (o española) ha vivido por encima de sus posibilidades aunque las cifras macroeconómicas lo reflejen muy claramente (muy elevado déficit fiscal y de balanza de pagos).. 

El dilema sobre quien ha tenido la culpa de la situación se decanta en contra de los acreedores, según estos foros, limpiando de responsabilidades al deudor, al que se presenta como una víctima de un status quo marcado por el despiadado sistema capitalista. Ni siquiera abren la posibilidad de compartir el riesgo entre deudores y acreedores. Una actitud más equilibrada porque también es cierto que los acreedores quieren cobrar sin reconocer su parte de responsabilidad en el problema creado al haber minusvalorado el riesgo en el que incurrían al prestar a países con fundamentos económicos muy deteriorados.  

En plena negociación de la renovación del rescate de la Unión Europea a Grecia, Varufakis propone como salida la europeización de la deuda pública, inversión, banca y de la crisis humanitaria. La idea de sustituir la actual QE por un programa de inversiones del BEI parece interesante porque puede ser efectiva como dinamizador de la demanda y la oferta, si se eligen adecuadamente los proyectos. Se percibe, no obstante,un problema de cómo distribuir el gasto entre países. El coste puede ser asumible porque en realidad la QE (quantitative easing) del Banco Central Europeo es una monetización de déficit, dado que nunca se van a recuperar en su totalidad los euros emitidos para la compra de deuda pública y su efecto puede ser más rápido e intenso que una reacción de los inversores privados ante la ausencia de deuda pública comprable.

La europeización de la deuda pública abre un espacio con más inconvenientes a resolver, porque para mutualizar la deuda, es decir que los países más solventes asuman la del resto, no solo se debe alcanzar un acuerdo sobre el pasado sino que es imprescindible controlar los saldos presupuestarios nacionales futuros, de manera que se garantice que no habrá nuevos sobresaltos con la aparición de déficits excesivos. Esa contrapartida está mal vista por una parte no pequeña de los críticos, presentándola como una invasión de la soberanía y un recorte de la política fiscal para dinamizar la demanda. Aquí aparece la otra pata que presenta Varoufaquis, la Unión Europea debe financiar la lucha contra la pobreza. Una vía articulable de dos formas: los países ricos aportan más (transferencias corrientes entre países adicionales a la política agrícola comunitaria y los fondos estructurales) o no se contabiliza en los presupuestos de los países más pobres este gasto. Una opción ésta última que obviamente aumenta el incentivo al déficit (riesgo moral).  

La deflación por deuda existe y llevará tarde o temprano a la aplicación de quitas más o menos encubiertas, pero la contrapartida tiene que ser el control supranacional de la política fiscal. El perdón de la deuda (o como se le quiera llamar) tiene que estar unido a la garantía de que no se producirá otra situación como la actual con países con deudas abultadas.

Relacionado con este tema, transcribo una parte del reciente artículo de Jurgen Habermas en el diario El País: "La exigencia de una quita de la deuda, bajo continuo de sus negociaciones, no basta para despertar en la parte contraria la confianza de que el nuevo Gobierno va a ser diferente, de que actuará con mayor energía y responsabilidad que los Ejecutivos clientelistas a los que ha sustituido". El articulista defiende una conclusión diferente al conceder poca importancia a esta cuestión, mientras apela a otros valores que chocan no sólo con la actual distribución de la renta sino también y, sobre todo, con la fuerza de los nacionalismos. Europa no es una nación y no creo que la actual gobernanza y las conductas de los países lleven pronto a esa situación. Pero la experiencia demuestra que sin confianza no hay posibilidad de acuerdo. Las actitudes de una parte de los negociadores de la Unión Europea son manifiestamente mejorables, pero las opiniones vertidas por los representantes de quienes se autodenominan fuerzas del cambio, no colaboran a crear la necesaria confianza para alcanzar un acuerdo.

Considero muy negativa una hipotética salida de Grecia, por la población griega y porque hace más frágil el proyecto europeo, pero su salida convertiría en real el experimento tantas veces propuesto por Krugman. En mi opinión, el resultado será pésimo para los griegos porque la opción de recuperar su moneda les obliga a vivir solo con sus recursos. Para rentabilizar la brutal devaluación de su tipo de cambio necesitaran de un muy alto grado de grado de disciplina en la fijación de las rentas de los factores para no seguir el aumento de los precios de las importaciones. La devaluación externa necesita también de una devaluación interna para ser efectiva. Sin ese gran esfuerzo de moderación (o disminución) de las rentas ni siquiera el impago de la deuda mejorará su situación y el resultado será mucho peor que el actual. 

Una tarea nada fácil de conseguir en un país con tan baja disciplina institucional como Grecia que además ha estado alentado por un montón de promesas que caminan en dirección contraria. Aunque parezca difícil, desgraciadamente, se puede empeorar y no va a ser la la franja más rica de los griegos. 

La alternativa obvia es más Europa aunque es evidente que el problema está en cómo hacerlo. A falta de ese desarrollo se puede obtener una conclusión adicional, sin una mejora en la responsabilidad de todos, no solo de los políticos, el camino se hace más difícil y los movimientos populistas que están surgiendo en Europa van en dirección opuesta.

domingo, 8 de marzo de 2015

Cuánto de cierto hay en el cambio del modelo productivo

La Contabilidad Nacional Trimestral de España ha facilitado recientemente la evolución de algunas de las principales cifras macro de la economía española correspondientes a 2014. El cambio más publicitado en los medios de comunicación ha sido el signo positivo en la tasa anual de actividad representada por el crecimiento del PIB (1,4% real) después de cinco años con resultados negativos, es decir, de sufrir una profunda recesión. 

La mejora en la actividad ha estado acompañada de una cantidad importante de creación de empleo (+1,2% en media anual los ocupados equivalentes a tiempo completo) en relación con la actividad, de manera que la productividad alcanzada ha sido pequeña (0,2%). Esto quiere decir que salvo que se modifique la anterior distribución de renta entre factores, hay poco nuevo dinero para retribuir a los factores. Menos aún si el cálculo se realiza en términos nominales porque la productividad (aparente del factor trabajo) entonces alcanza un signo negativo (-0,3%) y con ella el nuevo dinero disponible para retribuir al trabajo y capital. 

Es cierto que el relativamente buen dato de empleo de 2014 puede estar influido por un efecto embalsamiento después de los fuertes ajustes realizados desde 2008 (reflejados en los intensos aumentos de la productividad pasiva) pero habrá que esperar un poco de tiempo para confirmar si se ha producido un cambio en la relación entre actividad y empleo.


Las buenas nuevas, magnificadas por unos y minusvaloradas por otros como es habitual en los cenáculos de palacio de acuerdo al papel representado como parte del gobierno o de la oposición, no impiden percibir los efectos devastadores de la recesión sufrida. La abultada e inaceptable tasa de desempleo (23,7% de la población activa) que muestra a 5,4 millones de personas sin capacidad de encontrar empleo con varios millones de ellas dentro de la categoría de larga duración, está acompañada de una producción nacional inferior en un -5,2% a la de 2008 (-57.738 millones de euros) que ha hecho retroceder la renta por habitante habitante (22.594,50 euros) a registros de 2003 cuando se deduce la inflación. La situación ha mejorado algo pero la crisis económica y social, por tanto, se mantiene. 

El crecimiento de la actividad registrado en 2014 ha estado apoyado en la demanda interna, es decir, el consumo, sobre todo su componente privado, y la inversión, en este caso los bienes de equipo y los productos de la propiedad intelectual, han abanderado la mejoría. El impulso de la demanda interna ha sido tan intenso que el tejido productivo español no ha sido capaz de absorberlo y nuevamente se ha echado mano de las importaciones de bienes y servicios extranjeros para satisfacer las nuevas compras mostrando la debilidad de nuestro tejido productivo. Las importaciones de productos extranjeros han crecido más que las exportaciones de los españoles y el crecimiento de la demanda interna (2,2%) no se ha visto traducido en actividad propia en ocho décimas (1,4%), que en última instancia es lo que nos interesa. Está bien puede ser que las inversiones en bienes de equipo y otros productos permita mejorar nuestro potencial productivo pero hay que comprobarlo.

La valoración de los resultados anuales podría ser, ha estado bien pero no del todo, porque de mantenerse esta tendencia la economía volvería nuevamente a transferir riqueza a terceros y acumular deuda en contrapartida. 

Las consecuencias no han sido graves porque la economía española tenía un colchón en su relación con el exterior que se había labrado en los últimos años. Conviene recordar que el enorme agujero acumulado en la balanza de pagos por cuenta corriente y capital durante la anterior etapa expansiva que llegó al -9,3% del PIB en 2007 fue cerrado con mucho esfuerzo gracias al crecimiento de las exportaciones (dos terceras partes) y a la reducción de las importaciones (una tercera parte) hasta alcanzar un superávit en 2012 (0,2% del PIB) que fue engrosado en 2013 (2,1% del PIB). Un drástico e imprescindible cambio en el que no fue ajeno el proceso de devaluación interna de precios, tan criticado por algunos haciendo abstración de la dramática situación de la economía española. Un proceso que muestra un tejido productivo competitivo pero insuficiente para generar el empleo que necesita la sociedad española y para remunerarla mejor.   


Bueno, pues en 2014 nos hemos merendado tres cuartas partes de ese colchón, pero aún así el saldo en la balanza de pagos por cuenta corriente y capital sigue siendo positivo aunque en un porcentaje reducido (0,5% del PIB). Concentrando la atención en la balanza de bienes y servicios, es decir, sin tener en cuenta las rentas pagadas que en buena parte vienen determinadas por la gran deuda acumulada, su evolución en 2014 nos muestra que para aumentar la actividad el 1,4% hemos cedido un superávit con el exterior equivalente al 1% del PIB. De mantenerse esa tendencia, la economía española volverá rápidamente al déficit con el exterior y a acumular deuda con terceros. Una posición muy poco interesante cuando la actual se eleva a 1,7 billones de euros.

Afortunadamente en el presente ejercicio 2015 parece que se va a contar con un factor muy favorable, los bajos precios del petróleo incluso con un euro muy depreciado pueden reducir la factura energética en mas de 1 punto del PIB. Este hecho junto con las posibilidades de mejorar las exportaciones vía precio gracias precisamente a la fuerte depreciación del euro (casi un 20%) abre una ventana de oportunidad al sector exterior español en un contexto en el que se prevé una fuerte expansión en el ritmo de la demanda interna. 

De cumplirse los parámetros manejados por la mayoría de los analistas, la economía española tiene la oportunidad de superar una tasa del 2,5% real en 2015 sin incurrir en un déficit en la balanza de pagos. Conviene, sin embargo ser conscientes de la fragilidad de los cimientos cuando se funciona dentro de una economía global, es decir, cuando se tiene en cuenta que no solo vale el crecimiento de la demanda interna (consigna de los profetas de la expansión sin límite) sino que se debe conseguir un equilibrio en las relaciones con el exterior (todo aumento de la demanda interna debe tener una contrapartida en una mejora de tu propia oferta). En el mejor de los casos el precio del petroleo puede que se mantenga en 2016 pero al no disponer de un nuevo margen de bajadas, se corre el riesgo de volver a tener necesidad de pedir prestado porque el sector exterior vuelva tener saldo negativo. Si el precio subiera, algo que no se debe descartar cuando los implicados en la decisión de bajada de precios consigan sus objetivos (penalizar Irán y el fracking), las consecuencias para España son evidentes.

Un aviso, por tanto, con la actual estructura productiva española es posible crecer a corto plazo y a buen ritmo, pero se atisban dificultades en un periodo no demasiado largo de tiempo. Se necesita un buen plan para conseguir crecimientos sostenidos en el tiempo, si es posible que no se apoye en el ejercicio de desear cosas buenas, bonitas y baratas, sin incluir la necesidad de esforzarnos todos.     






domingo, 21 de diciembre de 2014

Factores de influencia en la actividad y empleo de la economía española en el próximo año

Entrada elaborada después de ampliar las respuestas enviadas al diario El Mundo acerca de la posible evolución de la economía española y el empleo en 2015 recogidas en su edición del 21 de diciembre (aquí y aquí) y artículo del diario 20 Minutos (aquí).

El presente año 2014 acabará con un tasa de crecimiento de la actividad económica en España más favorable de lo esperado antes de su inicio (alrededor del 1,3% del PIB real). Igual sucederá con el empleo cuyo aumento en media anual medido en puestos equivalentes a jornada completa (0,7%-0,8%) supera las expectativas previas al comienzo del año. La evolución anual de estas dos variables genera un modesto incremento de la productividad aparente de factor trabajo (PAFT) muy similar al acostumbrado en la última etapa expansiva. El hecho de acabar el año con un deflactor negativo del PIB (mínimo del -0,6%) puede generar la paradójica situación de 
conseguir un crecimiento nulo de la productividad nominal al igualarse las tasas de crecimiento de empleo y la producción. Un resultado bastante atípico -las empresas contratan para dar cobertura a una mayor producción- que me atrevo a explicar por un cierto efecto embalsamiento en la oferta de empleo propiciado por la fuerte destrucción de empleo sufrida en años anteriores que permitió un intenso crecimiento (pasivo) de la productividad desde el inicio de la crisis.   



El cambio de ciclo observado en 2014 es una buena noticia pero todavía no constituye motivo suficiente para afirmar que hemos superado la grave crisis sufrida por la población española, aunque sólo sea porque la tasa de desempleo roza el 24% de la población activa. Esta constatación no impide ser un poco más optimistas ante el futuro, sobre todo, si acompañan algunas variables externas y la política económica donde se incluyen las decisiones de los agentes sociales y económicos) apuesta por priorizar el empleo.

Los fundamentos de la economía española han mejorado sensiblemente respecto a la situación en la que se encontraba al inicio de la crisis, como demuestra, sobre todo, la eliminación del abultado déficit con el exterior (saldo de bienes y servicios de -6,3% en 2007 a 1,3% en 2014). Este dato refleja una economía con capacidad para competir con terceros y, por tanto, crear empleo; aunque como no todo puede ser bueno, al haber estado la mejora muy apoyada en el precio de los productos (devaluación interna), la baja productividad ha estado acompañado de una reducida remuneración de los factores productivos (trabajo y capital). Otra cuestión distinta es la distribución entre ambos de la nueva renta creada, o del porcentaje de esa nueva renta dedicada a la reducción de la inmensa deuda acumulada por empresas y familias. En condiciones de menor endeudamiento, la mejora se habría trasladado más rápidamente a inversión pero el obligado proceso de desapalancamiento ha reducido claramente esa posibilidad restando dinamismo al proceso de recuperación.

La economía española afronta el nuevo año con varios factores favorables. Tiene a favor su mejor posición competidora acompañada de una progresiva recuperación de los nuevos créditos bancarios, después del lento proceso de recapitalización y cobertura de fallidos costeado en buena parte por los contribuyentes. También parece factible y lógico un cierto repunte de la actividad constructora después de su hundimiento al caminar hacia una normalidad más razonable. La depreciación del euro (casi un 15%) y la bajada del precio del petróleo son también factores favorables que se pueden aprovechar en el corto plazo. En contra de la recuperación, la economía española mantiene la restricción generada por la todavía elevada deuda de los agentes económicos privados y del sector público (amortización y gastos de financiación) aunque el peso se haya minorado sensiblemente debido a los muy bajos tipos de interés.   

Por otra parte, el grado de incertidumbre en la actividad mundial sigue siendo alto con un puñado de países emergentes acosados por el menor rendimiento de las materias primas y una burbuja previa de precios internos. Por eso en última instancia, el nivel de crecimiento de la economía española en 2015 dependerá mucho de circunstancias externas. El resultado final dependerá de un cambio hacia una política más expansiva de los "países sanos" de la Unión Europea junto con una cierta recuperación de la inflación creada por la política del BCE, y el comportamiento del resto del mundo en un contexto de retirada de la política monetaria expansiva en EEUU, altos precios de los activos financieros en las bolsas de valores y elevada deuda en general.


La creación de empleo en 2015, el objetivo prioritario de una sociedad castigada con un alto desempleo, dependerá de cómo se manejen los margenes disponibles a corto plazo. Un hipotético crecimiento del PIB del 2% (nominal y real al ser factible acabar el año con una inflación cercana a 0%) permite una creación de empleo máxima del 1,6% (equivalente a tiempo completo) para conseguir un mínimo del 0,4% de aumento de la productividad. Ese porcentaje sería la nueva renta disponible para remunerar a trabajo (salarios) y capital (excedente bruto de explotación). Cualquier otro implicaría una modificación de la actual estructura distributiva; algo que podría ser factible en algunas empresas pero no en otras, con las consiguientes consecuencias negativas sobre el empleo.
   
El mercado laboral español tiene dos grandes deficiencias: 

  1. un tejido productivo insuficiente en relación con el tamaño de la población tal y como refleja la tasa de desempleo, que además, tiene muy pocas empresas medianas,
  2. y una negociación colectiva poco amplia y profunda que adolece de la suficiente flexibilidad interna para conseguir integrar a los trabajadores en el proyecto empresarial y suavizar los efectos del ciclo económico mediante un mayor uso del precio (salarios y excedente) frente a la cantidad (empleo y desaparición de la empresa). 

La insuficiente capacidad para competir en el terreno de los productos con mayor valor añadido nos sigue haciendo muy dependientes del precio de los bienes y servicios. De esta forma, es más factible que el empleo pueda mejorar más en el próximo año en los sectores de hostelería y comercio, aunque también se están apreciando algunas mejoras en algunas industrias después del intenso ajuste realizado en empleo desde el inicio de la crisis. La construcción también mejorará su aportación al empleo debido a la progresiva recuperación del segmento de construcción residencial (no es una nueva burbuja sino una cierta normalización de la actividad) y la incidencia en la obra civil al ser 2015 un año electoral.

Un último comentario, el crecimiento de la actividad económica española en 2014 ha estado apoyado en mayor medida en la demanda interna con el consiguiente deterioro del ligero superávit conseguido en el saldo de la balanza de pagos con el exterior. Comprobada la escasa memoria histórica que campa en este país, conviene recordar que este cambio ha sido posible gracias al tremendo esfuerzo realizado previamente al aplicar una política de devaluación interna de precios en una situación extrema. Una situación en la que cabían muy pocas opciones después del desastre acumulado con la política económica aplicada en el periodo 2000-2008 por los sucesivos gobiernos. Para poder respirar primero había que salir del pozo porque había peligro cierto de ahogamiento.   

El crecimiento de la economía española en 2015 puede ser mayor o menor pero no se debe olvidar que su sostenibilidad futura pasa por mejorar los cimientos macroeconómicos y conseguir un reparto de la riqueza creada asumido por la sociedad. En el primer plano hay que procurar no romper el equilibrio alcanzado entre el componente interno y externo, porque de otra forma se volvería a incurrir en una deuda con el exterior que no creo fuera posible sostener durante demasiado tiempo, y transitar en una senda de progresiva consolidación fiscal. El sufrimiento de la actual crisis nos debería haber enseñado que los incrementos en la demanda (consumo e inversión) deben estar acompañados de cambios en la oferta productiva española que permitan absorber las expansiones para no generar más deuda y depender de la financiación de terceros. Un cambio en la oferta que no debe olvidar los precios finales de nuestros productos pero tampoco la adopción de las medidas más estructurales para mejorar su valor añadido y disponer de más renta para repartir.

miércoles, 15 de octubre de 2014

No confundir diagnóstico con solución. El programa económico de Podemos (para las Europeas)

Los perversos efectos de la crisis siguen castigando a millones de españoles y para otros tantos que no los sufren tan directamente persiste el enfado por la falta de castigo de quienes identifican como causantes del desastre. El conocimiento de casos de fraude y aprovechamiento ilícito del poder sin sufrir el castigo necesario son moneda corriente en la vida cotidiana. La acumulación de hechos reprobables ha creado el ambiente de haber sufrido una fenomenal estafa que sin embargo, olvida en muchas ocasiones la falta de interés mostrada por buena parte de la población cuando las cosas iban bien ante las advertencias realizadas por unos pocos (pesimistas o aguafiestas, les llamaban).

En este ambiente tan poco propicio al razonamiento se escuchan propuestas para salir de la difícil situación en la que se encuentra una parte de la sociedad española. El deseo de venganza tapa las posibles connivencias pasivas de otros tiempos pretéritos, hasta prevalecer sobre cualquier otra cuestión, no diferenciando entre coincidencia con el diagnóstico y las propuestas presentadas para afrontar la situación que en la práctica puede ser un modelo diferente no sólo económico sino también de convivencia.

Las continuas apariciones del líder principal del movimiento Podemos, Pablo Iglesias, en los medios de comunicación ha convertido su discurso en motivo de comentario y tertulia en las reuniones con mis amigos y conocidos. Las opiniones, como es habitual, son diversas aunque me ha sorprendido el amplio interés que despierta entre personas de distinta condición y nivel económico. La propuestas radicales de Podemos que repiten con entusiasmo algunos de los participantes en estas reuniones aumenta mi curiosidad sobre su contenido. Como me tomo muy en serio la influencia de esta formación en un momento tan delicado de la vida de este país, he leído con atención su no demasiado extenso programa electoral para conocer la letra pequeña de sus propuestas.

Si tuviera que sintetizar la esencia del programa económico de Podemos diría que está construido bajo dos premisas:

a)  Los autores del programa consideran la propiedad de los medios de producción y la gestión pública como fórmula óptima para garantizar un buen nivel de vida de los ciudadanos, bajo el criterio de atribuirles una eficiencia y funcionamiento ético máximo frente a los abusos de la gestión privada. Desde esta base no les importa la dimensión del gasto público que será financiado con tantos impuestos como sea necesario que según consideran no tendrán ningún problema en recaudar.  En el programa de Podemos no se cuestiona la posible existencia de problemas de eficiencia o equidad en las actuales políticas públicas (por ejemplo en educación, sanidad o inversiones en infraestructuras) y por ese motivo no propone la introducción de ningún cambio que no sea la bajada de tasas y precios públicos de acceso donde los haya.

b)  El Programa está planteado bajo el supuesto de considerar España una economía cerrada donde no hay que competir con terceros para generar riqueza, es decir no tienen en cuenta que no basta con producir los bienes y servicios sino que es necesario venderlos para pagar la renta a los trabajadores (y al capital invertido que no siempre es propiedad de los más ricos) y que para ello tienen que tener o el mismo precio que los de terceros o disponer de mayor calidad y ajustarse mejor a las preferencias de los compradores. Por este motivo piensan que cualquier estímulo (fiscal o monetario) repercute directamente en una mayor actividad en el país mediante un crecimiento del consumo y/o la inversión (demanda interna) y por ende en empleo y remuneración de los asalariados. Su consideración de economía cerrada se extiende a la Unión Europea porque aunque la menciona (muchas veces) no contempla la posibilidad de cosechar un rechazo de sus propuestas por la mayoría del resto de los países miembros. Como ejemplo no explicitan qué decisión tomarían ante el más que posible rechazo de la monetización del déficit sin incorporar previamente obligaciones de todos los países sobre consolidación fiscal para evitar problemas de riesgo moral (si el BCE compra toda la deuda que se emita no hay incentivos a consolidar el presupuesto ni siquiera a largo plazo y sin embargo, se comparte el riesgo entre todos).

Sus propuestas de aumento del gasto público son variadas. Antes de analizarlas, no obstante, conviene recordar que las cuentas públicas españolas finalizarán 2014, en el mejor de los casos, con un déficit del 5,5% del PIB (al final fue el 5,8%), de manera que ya hoy se necesitaría aumentar en ese porcentaje los ingresos públicos para sostener el actual nivel de gasto público. El horizonte a 2050 apunta nuevas obligaciones de gasto público por un mínimo de 2 puntos del PIB para asumir el mayor gasto en pensiones de la generación del baby boom, si se quiere garantizar una tasa de sustitución razonable (pensión/salario medio). La sociedad española, por tanto, ya tiene un reto muy importante en la búsqueda de ingresos públicos sin incorporar cambios significativos en la actual estructura de gasto público. Un reto que en mi opinión, se extiende a la mejora de su funcionamiento para que pueda colaborar a mejorar la equidad y la igualdad de oportunidades, pero también para que sea más eficiente en el uso de los recursos de todos; porque de no existir crítica y reformas su futuro estará cada vez más en cuestión al perder la legitimidad social.

El Programa de Podemos, como he mencionado, tiene muchas propuestas con repercusiones en las cuentas públicas, por lo que me centraré solo en las más voluminosas:

- Derecho a una renta básica para todos. El coste fiscal de la propuesta ha sido rebajado por los propios autores desde 240.000 millones de euros (428 euros al mes en 12 pagas) hasta 175.000 millones de euros, es decir el gasto adicional se "limita" a un 17,5% del PIB a cubrir con un aumento del IRPF y la lucha contra el fraude fiscal.
- Pensión a los 60 años con carácter general. El coste aproximado de esta medida sería actualmente de 2,5 puntos del PIB dentro de una tendencia creciente que puede llegar a 4 puntos en 2050 según sea el gasto total en pensiones sobre PIB alcanzado en ese ejercicio. No recoge su programa la forma de financiación de este aumento de gasto (impuestos o cuotas). 
- Pensión no contributiva (PNC) decente igual al SMI. Es cierto que la pensión no contributiva es baja pero el principal problema de esta medida estriba en que la elevación de la cuantía de las PNC obliga a subir los complementos por mínimos de las pensiones contributivas para no desincentivar las aportaciones durante la vida laboral. Por este motivo el coste inicial de la medida aumenta desde los  0,2 puntos del PIB a como mínimo 1 punto del PIB.

Las posibilidades de sumar 21 puntos de ingresos públicos adicionales (el último programa de junio de 2016 lo ha rebajado a "tan solo" 10 pp del PIB) al esfuerzo que ya hay que realizar para no seguir acumulando deuda pública al ritmo actual, los aumenta hasta un nivel considerable, 29,5 puntos de PIB (5,5+3+21) que ineludiblemente tiene que generar consecuencias muy importantes sobre el funcionamiento de una economía. La experiencia demuestra la imposibilidad de incrementar rápidamente los ingresos públicos en casi 30 puntos del PIB (más de 300.000 millones de euros) (la reflexión es igual de válida para 20 puntos del PIB) pero aunque se realizara progresivamente tendría efectos indeseados sobre las decisiones de los agentes económicos (consumo, ahorro e inversión) hasta el punto de necesitar una economía totalmente planificada por el Gobierno. Una opción experimentada en el pasado con un resultado muy poco interesante para aumentar el potencial de producción y la renta de la gente en general, con excepción de la élite del partido gobernante. Por cierto, me gustaría poder anticipar cual sería la opinión y las decisiones de Podemos en caso de no ser ellos el partido que controle un tinglado de esas características.  

En el más que posible caso de no encontrar los ingresos públicos suficientes para sustentar fiscalmente sus propuestas (su última propuesta concretada en apretar las clavijas solo al 2% de los más ricos; una decisión que como sabe cualquier persona conocedora de este tema permitiría obtener una cantidad de recursos insuficiente para abordar crecimientos de gasto de la cuantía que proponen), se incurriría en un déficit que habría que financiar con la emisión de más deuda publica, aumentando el ya abultado volumen actual (cercano al 100% del PIB). Para evitar este problema de la financiación el Programa de Podemos recurre a la monetización del déficit público, una posibilidad en este momento no contemplada en la Zona Euro que obligaría a solicitar la salida de España, con las consecuencias negativas que acarrea y de las que se habla muy poco. La salida del euro permitiría devaluar tu propia moneda (más bien lo obliga) pero sería necesario compensar la inflación creada por las más caras importaciones mediante una política de rentas aún mas severa que la actual para mantener las ventajas de la devaluación en las exportaciones y generar la confianza de los inversores.Todo ello con tipos de interés bastantes más altos que encarecerían el crédito nuevo y el antiguo. De no hacerlo así, el camino conduce al precipicio de la quiebra soberana (default). Impago de la deuda que parece solucionarse para los autores con la emisión de dinero propio sin importarles en exceso conocer que en una economía cerrada tiene asegurada una mayor inflación.  

El problema no se limita a la búsqueda de los ingresos públicos suficientes para sustentar sus propuestas (solo con las 3 mencionadas se alcanzaría el 68% del PIB de gasto público) sino que el modelo propuesto sustenta un modelo ético de pago de rentas públicas a todas las personas sin necesidad de colaborar a la generación de riqueza o demostración de la necesidad. Una fórmula desincentivadora del esfuerzo individual al no existir recompensa comparada con quien no lo hace, que finaliza en una pérdida de la eficiencia (de renta en términos coloquiales) y un empobrecimiento colectivo como ha quedado demostrado en la experiencia soviética de socialismo de estado. Por otra parte, un sector público de esa dimensión aumentaría el riesgo de incurrir en "fallos de gobierno" relacionados con un poder excesivo de la burocracia y del clientelismo, perdiendo peso el argumento sustentador de la intervención pública de solucionar o, como mínimo, paliar los fallos de mercado y el abuso de una parte de la sociedad, que defiende la teoría de la economía pública. 

Los problemas de un modelo de estas características aumentan (más bien se aprecian antes en el tiempo) cuando la economía es abierta porque hay más posibilidades de traslado territorial de la renta y el patrimonio pero también de las personas más cualificadas, en especial cuando está muy limitado el salario máximo como propone Podemos. Tomo prestado un argumento adicional que he leído en la red: si el salario máximo es bajo se dificulta el trabajo de recaudar para conseguir los ingresos públicos necesarios. 

Una economía abierta permite disfrutar de bienes y servicios más baratos producidos en otros lugares a cambio de ser más eficiente al abordar un proceso de especialización que aproveche mejor los recursos propios. La disminución de la jornada laboral a 35 horas o las elevadas subidas de salarios son medidas muy atractivas pero deben estar acompañadas del incremento de productividad suficiente para no perder capacidad de competir con terceros con los bienes y servicios producidos. Cambios sólo en la primera parte de la ecuación terminan en desequilibrios en la balanza de pagos debido al aumento de importaciones y dificultad de sostener las exportaciones que como hemos comprobado recientemente provocan cierre de empresas y destrucción de empleo, salvo que se considere que el actual beneficio neto de todas las empresas es desmesurado y pueden absorber ese cambio; una hipótesis cierta en algunos casos pero no a nivel general.

En mi opinión la reducción de la precarización del empleo no se consigue con decretos sino con empresas sólidas capaces de competir con terceros con el mayor valor añadido posible,para lo que se necesita inversión pública pero sobre todo privada. La mejor forma de mejorar las condiciones laborales tanto en jornada como en salario, es una negociación colectiva amplia y eficaz donde se consiga la flexibilidad interna necesaria (uso y remuneración de los factores de acuerdo a las condiciones del ciclo) con empleo más estable y un reparto equilibrado de la renta. 

El mercado puede y debe cumplir una misión determinante en las relaciones económicas pero esta afirmación no implica la inexistencia del sector público. Debe haber el que la sociedad considere oportuno para mejorar el potencial productivo (eficiencia) o dar cobertura a las personas evitando o limitando la situaciones de necesidad, pero al igual que el rechazo radical de la intervención pública en la economía no tiene sustento económico y social, tampoco cabe atribuir al sector público ninguna propiedad taumatúrgica y sobrenatural. Los buenos resultados sólo vendrán a partir de una correcta elección de los objetivos y disponiendo de procedimientos claros que garanticen un buen uso de los recursos utilizados. No hay prodigios ni milagros que no se sustenten en el esfuerzo, la responsabilidad, la honestidad y el respeto de las personas apoyado en una sociedad madura que sepa identificar y defender los incentivos individuales de quienes las forman y sus intereses comunes. 

De todos modos creo que el ejercicio de análisis de este post tiene bastante poca utilidad más allá del reto personal de pensar sobre algo, porque con sinceridad creo que la mayoría de los seguidores de Podemos, igual que los de otras formaciones, no deciden su voto por el contenido de los programas y, en la actual situación, la sola apelación a terminar con la corrupción se puede convertir en argumento suficiente para ganar el voto, restando importancia a su capacidad real de ejercer el gobierno y las posibles consecuencias negativas de sus propuestas. Un consejo, no obstante, la reciente experiencia ha demostrado la conveniencia de reflexionar sobre los temas importantes y no ponerse de perfil ante los riesgos esperando que los solucione el primo de Zumosol, porque no existe individuo con tanto poder.  

domingo, 28 de septiembre de 2014

La misma canción de todos los años a final de septiembre

La muy reducida información facilitada por el Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro en el que se aprobó el proyecto de Ley de los PGE de 2015 (cuadro macro y poco más) ha sido el detonante para la aparición de todo tipo de opiniones en los medios de comunicación por parte de (más o menos) expertos en la materia sobre la influencia de las cuentas públicas.

Ni siquiera se ha esperado a la presentación el próximo martes de la abultada documentación (decenas de libros con miles de páginas) para utilizar rotundos calificativos sobre el contenido e influencia de esta parte de las cuentas públicas. Repito el adjetivo parcial de los PGE, no como sesgo sino como parte de un todo, porque sin dudar de su evidente importancia al afectar no solo a personas sino también al ritmo de actividad económica, conviene recordar que la Administración General del Estado y la Seguridad Social son una parte de un estado muy descentralizado como es el español donde con conviven competencias desarrolladas en otros niveles de gobierno: Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Unos presupuestos de las administraciones territoriales que absorben casi el 50% de las cuentas públicas y que posiblemente no se hagan públicos en su totalidad, como mínimo, hasta final de octubre.

La repetición del comportamiento dentro de lo que se podría identificar como dictadura mediática, me permite sugerir la lectura de esta entrada escrita el año pasado que titulé desarmando tópicos sobre los PGE (aquí).

Dado que se trata de analizar el origen y destino de un mínimo de 400.000 millones de euros es conveniente utilizar más prudencia y rigor en el análisis de las cuentas públicas, aún a costa de hacer frente a las múltiples presiones para emitir juicios inmediatos .

 



viernes, 11 de julio de 2014

¿es preocupante el crecimiento de las importaciones?

Esta entrada es una ampliación de mi opinión recogida en el blog Economismo publicado por el diario El País 

El abultado déficit en el comercio exterior soportado en 2008 (-9,6% del PIB) era la demostración del grado de debilidad del tejido productivo español después de un largo ciclo expansivo (1996-2008). El hecho de importar productos extranjeros en una cantidad muy superior a los eramos capaces de exportar implicaba una transferencia de renta al exterior reflejada en una creciente deuda que ha llegado al billón de euros, más o menos, el valor de la producción nacional en un año. 


Era imprescindible acabar con esa insostenible e indeseable situación, primero porque no debíamos endeudarnos más y además tampoco nos prestaban, pero además porque las medidas de acicate de nuestra demanda interna no eran efectivas al finalizar en manos de terceros el esfuerzo fiscal que en cambio aumentaba nuestra deuda en circulación.


Después de un imponente esfuerzo realizado por la población española, de unos más que de otros como he mencionado, ha permitido no solo alcanzar un equilibrio sino incluso un muy saludable superávit en 2013 (1,4 % del PIB). Significa que hemos pasado de transferir a terceros países casi 10 euros por cada 100 de producción anual (producto interno) a que sean ellos quienes nos realizan una transferencia adicional de 1,5 por cada 100 en los que aumenta nuestra producción (que es a la vez nuestra renta anual). 

Muchas han sido las críticas realizadas por algunos opinadores sobre las políticas aplicadas para cerrar ese agujero negro pero cuando no tienes el suficiente tejido productivo de calidad para competir por preferencias de los compradores, es decir, en los escalones superiores del valor añadido, no te queda más remedio que hacerlo mejorando la situación comparada de los precios de tus productos de manera que puedas vender más al exterior y disminuir las importaciones en aquellos bienes y servicios en los que los productos españoles vuelvan a ser apetecibles por precios. Para conseguirlo es obligado reducir la remuneración de los factores que participan en el proceso productivo, trabajadores y empresas. Otra cosa diferente es como de equilibrado sea el reparto. 


La salida de la recesión con todavía pequeñas mejoras en la actividad económica está acompañada de un aumento de la demanda de bienes con más valor añadido, fundamentalmente asociados a procesos de inversión o de ampliación de la producción en algunos sectores con mucha dependencia del exterior en los productos intermedios como el el automóvil. El aumento de las importaciones de bienes en lo que llevamos de años (+6,2% nominal) superior al de las exportaciones (+3,1% nominal) lleva aparejado un deterioro del saldo comercial (-2% del PIB) pero el empeoramiento de la balanza comercial y la rémora de los intereses a pagar a terceros por la elevada deuda (-1,6% del PIB) en la que se apoyó el anterior ciclo expansivo, puede ser compatible con alcanzar un saldo ligeramente positivo en la balanza por cuenta corriente en 2014 (alrededor del 1% del PIB extrapolando a todo el ejercicio los datos hasta abril), sobre todo gracias al abultado superávit del componente de servicios donde se incluye el turismo.


En todo caso, conviene recordar que de mantenerse durante el presente ejercicio la conducta del primer cuatrimestre, el total de exportaciones de bienes y servicios ha aumentado el 26,4% nominal sobre la cantidad de 2008; una mejora que parece lógico asociar con una sensible mejora en la cuota de mercado en el exterior. Su crecimiento explica dos terceras partes de la mejora en el saldo con el exterior (68% del total), mientras que la disminución de las importaciones es responsable del resto (32% del total).





La pregunta a responder es qué se debe hacer para no desperdiciar el enorme esfuerzo realizado y configurar un modelo productivo más equilibrado entre el componente interno y externo que nos aleje de la debilidad histórica mostrada por la economía española. 


Para valorar la actual situación y las nuevas posibilidades de política económica que se abren, hay que incluir una reflexión fundamental, el proceso de equilibrio de la balanza de pagos ha sido un ejercicio de supervivencia de la economía española; titánico pero esencial para poder enfrentarnos al futuro con unas mínimas posibilidades de mejora. No comparto los juicios que olvidan esta variable cuando realizan sus análisis, de igual forma me parecen parciales aquellos que olvidan las causas que obligaron a realizar el durísimo proceso de ajuste. De igual forma, para valorar en su justa medida las posibilidades, hay que tener en cuenta el contexto en el que se mueve la economía española, la Zona Euro, con sus ventajas e inconvenientes. Se puede y se debe pelear por mejorar las ventajas del proyecto europeo, para  en caso de no conseguir los cambios pretendidos a corto plazo hay que tener un plan B, y si se opina que pasa por la salida de España de la moneda única, es obligatorio exponer a la opinión pública todos los detalles de este escenario alternativo, sin olvidar valorar en su justa medida los riesgos y desventajas en los que se incurre. El abandono de la Zona Euro no es mi opción porque creo que la ventaja inicial de devaluar la moneda se diluye en un corto periodo de tiempo si no se acompaña de una muy rigurosa política de rentas. En la práctica una devaluación interna que lleva acompaña los esfuerzos que ya conocemos, pero en esta ocasión estaría acompañada con total seguridad de una fuerte subida de los tipos de interés y una pérdida de confianza de los inversores internacionales que obligaría a intensificar incluso el calendario de consolidación fiscal. 

Para mejorar la producción y la renta creada hay que combinar las posibilidades a corto plazo (precios) con las mejoras a largo plazo (valor añadido). Los campos de actuación de la política económica son muchos pero en esta entrada me concentraré en algunos. A corto plazo es muy importante alanzar una moderación en el crecimiento de las rentas para como mínimo mantener las mejoras conseguidas en cuota de mercado externa e interna, pero con una distribución más equilibrada del esfuerzo entre trabajadores y empresa. No hay necesidad de volver a incurrir en pérdidas de poder adquisitivo a nivel agregado. A medio y largo plazo hay que mejorar las inversiones para aumentar el valor añadido de los productos en un entrono más empresas medianas que se han demostrado con mucha más capacidad de producir mejores bienes y servicios gracias a inversiones mejores  y más sostenidas en el tiempo. Entre las políticas de oferta debería jugar un papel central un cambio en la negociación colectiva que realmente se centre en conseguir la flexibilidad interna en salarios y condiciones de trabajo, a cambio de estabilidad en el empleo y mayores inversiones buscando la consolidación de los proyectos empresariales. 

No hay milagros pero hay opciones incluso cuando se soporta la mochila de una deuda un desequilibrio fiscal excesivos. Cuánto bien nos haría una disminución significativa del fraude fiscal. 


Además de nuestro esfuerzo, la ayuda de un tipo de cambio del euro menos potente le vendría muy bien a la economía española, al igual que un poco más de actividad en los países centrales que además de aumentar la demanda agregada europea, les provoque al menos una inflación del 2%.

Una reforma de pensiones desequilibrada que traspasa muchas cargas a las siguientes generaciones

He elaborado un largo artículo (26 páginas) sobre la reciente reforma de las pensiones realizada en el marco del cumplimiento del componente...