Uno de los principales problemas que mantiene la economía española es la elevada tasa de desempleo, con especial relevancia en algunos territorios. No obstante, solucionar este problema no parece fácil dado que el empleo está ligado a la actividad económica y ésta es consecuencia de muchas variables, algunas determinadas por factores externos sobre los que no tenemos capacidad de influencia a nivel autonómico o nacional, e incluso tampoco a nivel mundial como nos ha demostrado la pandemia.
Los acontecimientos acaecidos en los tres últimos lustros no han sido favorables para la sociedad española, al haber encadenado dos crisis económicas de forma casi ininterrumpida y la reciente aparición de un nuevo elemento perturbador que puede finalizar en una tercera crisis. La primera, provocada por el estallido de una enorme burbuja inmobiliaria y financiera apoyada en la emisión de deuda privada, finalizó con la desaparición de una parte de las empresas y la destrucción de millones de empleo cuando desapareció una parte de la demanda que estaba por encima de la que podía mantener la economía española de forma equilibrada. Una década después, la segunda crisis llegó de forma sorpresiva y abrupta cuando se acababa de superar los efectos de esta crisis. La pandemia provocada por el Covid 19 obligó a congelar una parte significativa de la actividad económica por la obligada limitación de movimiento de las personas para proteger su salud. Ahora, cuando se apreciaban signos de poder superar los efectos demoledores del virus sobre la salud de las personas y, por ende, de la economía, nos encontramos con la brutal e injustificable invasión de Ucrania por Rusia, que a falta de conocer su duración e intensidad, como mínimo, va a distorsionar las previsiones de recuperación que manejaban todos los planes de actuación.
Durante las dos primeras crisis, se aplicaron en España políticas distintas, en mucho coherentes con los distintos orígenes de la crisis. En la pandemia se han desplegado medidas para mantener la renta de las personas y colaborar en lo posible a la supervivencia del tejido empresarial en un contexto de hibernación de la actividad económica. Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y la prestación especial por Cese de Actividad de los trabajadores autónomos han sido figuras indiscutibles de la disminución de los negativos efectos de la pandemia. Es muy necesario recalcar, no obstante, que de haberse aplicado estas medidas en la crisis anterior habrían generado un elevado coste a las finanzas públicas para mantener empresas y empleo zombis, sin ningún futuro al haber estallado la enorme burbuja que sostenía el desmesurado e insostenible crecimiento de la actividad económica en España. De igual forma, merece la pena advertir sobre el riesgo de aplicar esas figuras en el futuro si no se ajustan a la ayuda de proyectos empresariales solventes que sufran una disminución muy coyuntural de su habitual nivel de demanda y, por tanto, puedan recuperar un óptimo ritmo de actividad en un corto periodo de tiempo.
El nuevo y brutal acontecimiento acaecido hace unos días llega en un momento delicado para Europa, pero sobre todo para España. El orden mundial ha cambiado mucho en las últimas décadas a nivel político y económico, y los países occidentales que transitaban en un escenario de estancamiento secular, es decir, con una perspectiva de bajos niveles de crecimiento y reducida inflación, han visto cambiar de repente el escenario. Cuando todavía se trataba de entender la situación y buscar recetas para afrontarla, entre las que estaban mantener durante largo tiempo una política monetaria ultra laxa con fuertes compras de activos por los Bancos Centrales y muy reducidos tipos de interés, aparecieron síntomas inflacionistas provocados por las medidas asociadas a la lucha contra el cambio climático, entre los que destacaban el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2. Las incipientes tensiones en los precios, más acusadas en España que en el resto de Europa, se han disparado con la reciente invasión de Ucrania por Rusia. Así, en un periodo corto de tiempo, además de sufrir el embate de la naturaleza estamos sintiendo la brutalidad del dictador ruso (que parece contar con un solido respaldo en su país), cambiando radicalmente el contexto macroeconómico previo. Las pocas certezas que teníamos se han esfumado, y lo que era incertidumbre se ha convertido en severos riesgos, cuando no peligrosas realidades. El futuro próximo se ha complicado mucho en todos los aspectos, incluyendo la posibilidad de una no deseada confrontación nuclear, que de pronto ha aparecido como una amenaza real.
Hasta hace una semana se apreciaban tensiones inflacionistas por los altos precios de la energía, de algunos productos agrícolas y por la falta de suministros para la producción de algunos productos. Se especulaba con una presión coyuntural de los precios por la elevación del precio de la energía. Ahora se han añadido otros, y los adicionales aumentos en el precio del gas y petróleo pueden estar acompañados de productos básicos como el trigo, el maíz, la cebada y el girasol, al ser Rusia y Ucrania grandes productores mundiales. La suma de incrementos pueden consolidar la alta inflación y con ella una limitación del consumo de las personas en otros bienes al tener que destinar más recursos al pago de los productos energéticos. El dinero que se utiliza para poner gasolina en el coche o pagar la calefacción es un dinero que no se utiliza para ir al restaurante o consumir otras cosas, además se marcha fuera de Europa aumentando los recursos de terceros países, uno de ellos la propia Rusia. Adicionalmente, una situación de estas características puede aumentar el ahorro por precaución y retraer las decisiones de inversión de las empresas.
En un escenario de esas características la mayoría de la población perderá poder adquisitivo pero las personas con menor renta lo pasarán peor, y se reducirá la tasa de crecimiento de la economía y el empleo. La posibilidad de un escenario de estanflación, bajo crecimiento con altos precios, ha ganado enteros en las últimas previsiones. El impacto de las nuevas condiciones dependerá de la duración e intensidad del conflicto bélico, pero desgraciadamente, ha generado ya un daño para todos y el sufrimiento para quienes soportan directamente la guerra se ha convertido en una brutal realidad.
La rápida y dura respuesta de la Unión Europea en el ámbito económico decretando la prohibición de exportaciones a Rusia en una amplia relación de productos y relaciones financieras, es necesaria para intentar ahogar su economía. No obstante, debemos ser conscientes que también tiene un precio para la Unión Europea que será necesario pagar. La ampliación de prohibir la importación a productos energéticos rusos permitirá apretar el cerco a la economía del país invasor, pero también tendría costes adicionales para los paises europeos. Nada es gratis, la defensa de la libertad y del orden internacional debe de ser una prioridad para la Unión Europea al ser la clave de bóveda de su existencia, aunque pueda costar incluso una recesión económica. Una decisión así, por otra parte, debe ser calculada para evitar una subida del precio del petróleo y el gas que pueda compensar a Rusia la menor demanda, obteniendo los mismos ingresos con menos esfuerzo.
En este nuevo escenario merece hacer un pequeño repaso de la situación española. Nuestra economía mantiene deficiencias estructurales en el uso de sus recursos: trabajo y capital. El tejido productivo es insuficiente en volumen para incorporar las personas que desean trabajar, de ahí el elevado desempleo (13% vs 7% en la UE) y también es mejorable en calidad para producir bienes y servicios equivalentes a los de los países más avanzados de la Unión Europea. El crecimiento de la productividad se ha deteriorado en todos los países de Occidente, pero su evolución en España es sensiblemente peor, lo que nos perjudica para avanzar en la convergencia con la media comunitaria: productividad por ocupado 94 vs 105 UE19.
Mejorar la productividad de una economía y crear empleo son tareas muy complejas para las que se necesita un entorno favorable a la inversión, recursos humanos cualificados y un marco adecuado y estable de relaciones económicas, incluidas las laborales, dentro de una eficaz y eficiente participación del sector privado y público con una elegida distribución de funciones. Las condiciones anteriores a la llegada de la nueva crisis no eran las más favorables en nuestro país.
La evolución de la inflación en España antes de la invasión de Ucrania por Rusia mostraba una tendencia preocupante. El muy fuerte aumento de los precios de la energia provocado en parte por la acumulación de medidas poco afortunadas desde 1995 en este poco transparente mercado y el empujón de un encarecimiento del gas y de los derechos de emisión, se concretó en un relativamente alto crecimiento de los precios en 2021 como demuestra una tasa anual media del 3,1% (tasa interanual del 6,5% en diciembre). En una situación de estas características es muy importante no incurrir en los denominados efectos de segunda ronda, es decir, no trasladar de forma automática la inicial subida de precios a salarios y márgenes empresariales, convirtiendo en estructural un fenómeno en un principio coyuntural. Una espiral inflacionista reduciría la competitividad de los bienes y servicios españoles en un porcentaje igual a la diferencia de precios con nuestros más directos competidores, incidiendo en pérdidas de ventas a terceros y menor empleo agregado, y además, a medio plazo disminuye el poder adquisitivo de las personas con menos capacidad de protección ante las subidas de precios.
El peligro aumenta con la aplicación de la reciente reforma de las pensiones que actualiza anualmente su cuantía con el IPC, al aumentar fuertemente la principal partida de gasto público dado que las pensiones son una tercera parte del gasto total de las administraciones públicas.
Un escenario de consolidación de una alta inflación limita los márgenes de actuación de la política monetaria del Banco Central Europeo. De adoptarse un cambio en esta política en dirección de limitar las compras de activos y subidas de tipo de interés, ambas previstas hace tan solo un mes, el impacto sobre el pago de la deuda pública sería grave en un momento en el que por las necesidades generadas por una nueva crisis, la política fiscal (más gasto o menos impuestos) debería asumir mayor protagonismo dentro de la política macroeconómica.
En materia fiscal, España tampoco presenta una buena posición. La aplicación de medidas de protección de las personas y al tejido productivo en un momento de disminución de generación de riqueza durante la pandemia, ha incidido negativamente en unas cuentas públicas, ya muy deterioradas por la aprobación de bastantes medidas de aumento de gasto estructural (sobre todo pensiones y salarios públicos) sin estar acompañadas de los correspondientes ingresos. El Gobierno de la Nación y el resto de los niveles de gobierno, han acertado aplicando gasto coyuntural a una crisis coyuntural, pero no lo ha hecho tanto al generar gasto estructural que ha deteriorado los ya débiles fundamentos fiscales.
Así, el deficit fiscal estructural de las administraciones públicas españolas, es decir, el que no se puede corregir con una mejora del ciclo económico, podría estar situado en torno al 4,5 % del PIB en 2021 con una deuda pública que ronda el 118% del PIB. La yuda del Banco Central Europeo comparando practicamente toda la deuda emitida (22 puntos del PIB) ha sido clave para sustentar esa situación, pero genera dudas sobre su mantenimiento en el futuro.
La ampliación en un año del periodo de no aplicación de las normas fiscales decidido por la Unión Europea se podría interpretar como una válvula de escape para no tener que afrontar el necesario proceso de saneamento fiscal, pero en la práctica, los márgenes para encarar una nueva situación de crisis son muy reducidos si no se quiere deteriorar en exceso la precaria situación de las finanzas públicas españolas. Un abuso de esos márgenes puede implicar una posterior pérdida de reputación ante los inversores, traducida en una prima de riesgo que aumente el coste de financiación de la abundante deuda pública. De hecho, ya había aumentado en 100 puntos básicos antes de la invasión rusa de Ucrania. Y ese escenario sin la ayuda del BCE y con tipos de interés superiores, sería letal para España.
La economía española afronta también la aplicación de la recientemente aprobada reforma laboral con pretensión de avanzar en la reducción de la excesiva temporalidad. Un objetivo compartido por la mayoría que, sin embargo, está lleno de complejidad al tener que convertir en contratos indefinidos millones de contratos de obra y servicio en un periodo relativamente corto de tiempo. Este obligado proceso puede llevar implícito un aumento de los costes laborales, que añadir a los asociados al importante aumento del Salario Mínimo Interprofesional (+41,3%) en tan sólo 5 años. Si bien los objetivos son deseables, mayor estabilidad en el empleo y mejor remuneración de las personas trabajadoras, hay que esperar para comprobar los efectos sobre la oferta agregada de empleo, es decir en el número agregado de personas ocupadas y su remuneración total, en un país con una muy elevada tasa de desempleo porque el resultado final está determinado por más variables, por ejemplo el grado de flexibilidad ante contigencias sobrevenidas y coste laboral total incluido el pago de indemnizaciones por despido.
El diseño y puesta en práctica del marco regulatorio es importante en las relaciones económicas, peto también lo es y mucho disponer de una administración pública eficiente. En este apartado, desafortunadamente, se puede hacer bastante, tal y como se recoge con más detalle aquí. Dentro de la amplia tarea se encuentra la mejora de la participación y la colaborción de los diferentes niveles de gobierno en todas aquellas decisiones que afectan a las competencias distribuidas de forma muy descentralizada.
El punto de partida, por tanto, está lejos de lo deseable, al mantener la economía española un evidente deterioro de sus fundamentos macro: elevado desempleo, déficit fiscal y menor productividad.
En este nuevo y muy adverso contexto político y económico es en el que nos movemos, y hay que tomar decisiones; muy posiblemente debiendo conformarnos con limitar los costes de estas sucesión de elementos muy negativos que han llegado de forma casi continuada.
En el corto plazo, una de ellas puede ser aplicar un pacto de rentas para evitar los efectos inflacionistas de segunda ronda. En última instancia, se trataría de distribuir las pérdidas provocada spor la subida de precios entre trabajadores y beneficios empresariales, incurriendo en una pérdida de poder adquisitivo a corto plazo que evite una mayor a medio y largo plazo. Una encomienda nada fácil porque si bien es relativamente sencillo garatizar el crecimiento de los salarios, es más complejo conseguirlo con los márgenes empresariales al no disponer de un instrumento apropiado y ni siquiera de la información necesaria, a lo que sumar que algunas empresas puedan incurrir directamente en pérdidas por ese ejercicio de absorción de márgenes que podrían llevarles a su desaparición.
Un pacto de estas características genera una pregunta adicional ¿deben los pensionistas participar con su esfuerzo? La respuesta debería ser afirmativa porque de otra manera estamos deteriorando el principio de equidad en la distribución de esfuerzos. Un principio que no se ha tenido en cuenta en la última reforma porque el deseable objetivo de proteger la renta de las personas que han finalizado su actividad laboral remunerada, debe ser compatible con su colaboración en conseguir los objetivos comunes de la sociedad española. En especial en tiempos de crisis, en donde todas las personas debemos arrimar el hombro de acuerdo a nuestras posibilidades.
Actualizar las pensiones con una elevada inflación tiene un fuerte impacto sobre el gasto público: en torno a 7.500 millones de euros consolidables con un IPC medio del 5%. Una cifra a la que habría que añadir el coste del aumento en el número de pensiones y el efecto sustitución (en torno a 3.800 millones de euros). Una hipótesis prudente de evolución que generaría un déficit del 1% del PIB en las cuentas de la Seguridad Social en 2023, que aumenta hasta el 2,3% del PIB si no se tienen en cuenta los (poco justificadamente) denominados gastos impropios. El instrumento creado sin metodología objetiva, que da cobertura al traspaso de ingresos del Estado a capítulos de gasto del sistema de Seguridad Social de dudosa calificación como no contributivos. Una peligrosa foto del sistema de pensiones de la Seguridad Social (el de Clases Pasivas se financia actualmente en su integridad con deuda pública por valor de 1,4 pp del PIB) antes de la llegada a la jubilación de la generación del baby boom esperada a partir de 2023. El aumento en el gasto en pensiones absorbería el reducido márgen para desarrollar medidas fiscales de protección a los más vulnerables vía gasto o menores impuestos.
Las medidas fiscales de carácter coyuntural deberían estar encardinadas en un plan creíble de saneamiento de las cuentas públicas utilizando los ingresos y los gastos. De otra manera sufriremos, y mucho, en el futuro próximo.
Las medidas fiscales a corto plazo para afrontar la actual crisis deben estar acompañadas de
otras estructurales que mejoren la productividad de la economía pero también la igualdad de
oportunidades. Las teclas a tocar son
muchas y no fáciles de conseguir a corto plazo. Una detemrinante es mejorar el insuficiente nivel educativo
es una de las principales deficiencias, casi imposible de corregir en un
periodo de tiempo corto, entre otras cuestiones porque ni siquiera se reconoce
abiertamente. No se trata solo de gastar más dinero sino de reorientar la educación hacia otros contenidos y probablemente con un código de valores algo diferente donde la responsabilidad y el esfuerzo jueguen un papel más destacado.
Los fondos Next Generatión y los nuevos fondos europeos del Marco 2021-2027 son una herramienta valiosa para abordar los retos estructurales. Por ese motivo tendrían que dirigirse a las actividades que permitan mejorar la productividad, y para ello es necesario disponer de administraciones públicas competentes y capaces, que colaboren en los diferentes niveles de gobierno. Desafortunadamente, España, un estado muy descentralizado en la distribución de competencias, no cuenta con las herramientas suficientes para aprovechar este modelo al no existir la debida colaboración y participación en el diseño y gestión de las políticas de las administraciones implicadas. Es una deficiencia que no nos podemos permitir si queremos avanzar en la convergencia con Europa.
Un análisis detallado de la situación de los fundamentos económicos españoles no genera una perspectiva optimista para enfrentarse con una minina garantía de éxito al muy difícil contexto internacional en el que nos encontramos. Buscar soluciones con el máximo consenso político y social sería una gran decisión, pero para ello es preciso ser conscientes de las deficiencias y en este asunto la prevalecía de las posiciones populistas no va a ayudar mucho.
