La severa crisis económica iniciada el segundo trimestre de 2008 ha tenido consecuencias graves en términos de desigualdad en la distribución de la renta entre la población española. Una parte fundamental ha sido originada por el aumento del desempleo, pero también es interesante conocer hasta que punto las políticas públicas han sido capaz de influir en su evolución mediante la redistribución de la renta primaria realizada por el mercado.
Con fecha reciente la Fundación Alternativas ha publicado su 2º Informe sobre desigualdad en España en el que se continua la línea de trabajo iniciada con el Primer Informe publicado en 2013. En el presente Informe se recoge un análisis pormenorizado la evolución de las diferentes políticas públicas. Tal y como recoge el Prefacio del Informe:
"Para ofrecer una visión comprehensiva de los problemas de equidad en cada política
se encargó a diferentes especialistas, buenos conocedores de las distintas parcelas
abordadas, distintos tipos de análisis. Cada política se analiza combinando las
aproximaciones técnicas especializadas con visiones más sociopolíticas, ofrecidas
por diversos expertos del mundo académico y de la sociedad civil. Por esa razón el
Informe incluye, en cada política analizada, una perspectiva más técnica y otra más
propositiva y de carácter político. Se trata de aproximaciones plurales, no siempre
coincidentes, que pretenden abarcar diferentes tipos de juicios sobre la viabilidad
y deseabilidad de las políticas analizadas. El Informe no aspira, por tanto, a dejar
cerrada la discusión sobre los efectos de las políticas y sus posibles reformas sino a
ofrecer una amplia panorámica de los elementos en juego desde la visión crítica de
algunos de los principales especialistas en el análisis económico de las políticas de
gastos e impuestos."
Me satisface mucho haber podido participar en este trabajo con la elaboración del apartado 1.1. Influencia de las pensiones públicas en la desigualdad
en la distribución de la renta en España. En este capítulo, después de realizar algunas precisiones metodológicas importantes, alcanzó algunas conclusiones sobre la influencia del sistema español de pensiones sobre el grado de desigualdad de los ingresos.
Una cuestión de suma importancia recogida en el capítulo que he escrito tiene que ver con la forma de medir la incidencia de las pensiones sobre la redistribución de la renta. Se pueden utilizar dos métodos. El más más habitual parte del hecho que el beneficiario de la pensión no tiene ninguna renta y, por tanto, todo el gasto público dirigido a esta política modifica la asignación inicial de recursos. El gasto anual en pensiones se considerada un aumento neto de la renta de los preceptores fruto de una transferencia de los trabajadores ocupados. Este enfoque teórico, le atribuye a las pensiones un intenso efecto redistributivo sobre la renta inicial de la población, posterior a la primera asignación realizada por el mercado y que modifica el mayor o menor grado de desigualdad generado en este estadio. Esta forma de ver las pensiones les confiere el mayor protagonismo en el proceso de redistribución de la renta en España, por su gran magnitud (12% del PIB en 2014) y su gran peso dentro del gasto público dentro del presupuesto público español (27% del total).
La conclusión, sin embargo, cambia cuando se adopta un enfoque distinto que asocia el origen de la pensión con el pago de la aportación del trabajador durante toda la vida profesional (cuota por contingencias comunes). Este enfoque concuerda con la práctica de incluir la aportación vía cuotas, tanto el componente del trabajador como del empleador, dentro de la remuneración de asalariados en la distribución factorial de la renta calculada con el criterio de Contabilidad Nacional. Desde esta perspectiva, la pensión es el retorno del ahorro individual canalizado en un sistema de gestión colectiva (salario diferido) que, permitirá al trabajador mantener durante la jubilación de un porcentaje de la renta percibida durante la vida profesional activa, mayor o menor, según sea la tasa de reposición (prestación definida en cada momento temporal). La pensión total recibida en los años de percepción representa en última instancia la suma de las aportaciones realizadas y una tasa de rentabilidad determinada por el crecimiento de la renta del conjunto de la sociedad.
Desde esta perspectiva, los recursos dirigidos a las pensiones contributivas del sistema público de reparto no deberían en un sentido estricto considerarse parte del proceso de redistribución personal de la renta en cada ejercicio y, por tanto, tampoco cabría considerar su influencia en un hipotético cambio en el grado de desigualdad dentro de esa distribución, sino de un ejercicio de solidaridad entre generaciones (proceso intertemporal). En este orden de ideas, la mayoría de las teoría de la Hacienda Pública reconoce la diferencia entre cuotas sociales e impuestos. De no reconocerles el carácter de salario diferido a las cuotas sociales, se da por válida la calificación alternativa de impuestos sobre el trabajo otorgada desde algunos sectores de opinión, con lo que se olvidaría su carácter de renta individual no consumida, con un destino específico en el futuro.
De acuerdo a esta última forma de medición, la función redistribuidora de las pensiones públicas españolas estaría limitada al efecto de los complementos por mínimos y de las pensiones no contributivas.
Espero que el contenido del capítulo pueda ser útil en el obligado debate que se debe realizar sobre el futuro de este importante instrumento del Estado del Bienestar.
Una cuestión de suma importancia recogida en el capítulo que he escrito tiene que ver con la forma de medir la incidencia de las pensiones sobre la redistribución de la renta. Se pueden utilizar dos métodos. El más más habitual parte del hecho que el beneficiario de la pensión no tiene ninguna renta y, por tanto, todo el gasto público dirigido a esta política modifica la asignación inicial de recursos. El gasto anual en pensiones se considerada un aumento neto de la renta de los preceptores fruto de una transferencia de los trabajadores ocupados. Este enfoque teórico, le atribuye a las pensiones un intenso efecto redistributivo sobre la renta inicial de la población, posterior a la primera asignación realizada por el mercado y que modifica el mayor o menor grado de desigualdad generado en este estadio. Esta forma de ver las pensiones les confiere el mayor protagonismo en el proceso de redistribución de la renta en España, por su gran magnitud (12% del PIB en 2014) y su gran peso dentro del gasto público dentro del presupuesto público español (27% del total).
La conclusión, sin embargo, cambia cuando se adopta un enfoque distinto que asocia el origen de la pensión con el pago de la aportación del trabajador durante toda la vida profesional (cuota por contingencias comunes). Este enfoque concuerda con la práctica de incluir la aportación vía cuotas, tanto el componente del trabajador como del empleador, dentro de la remuneración de asalariados en la distribución factorial de la renta calculada con el criterio de Contabilidad Nacional. Desde esta perspectiva, la pensión es el retorno del ahorro individual canalizado en un sistema de gestión colectiva (salario diferido) que, permitirá al trabajador mantener durante la jubilación de un porcentaje de la renta percibida durante la vida profesional activa, mayor o menor, según sea la tasa de reposición (prestación definida en cada momento temporal). La pensión total recibida en los años de percepción representa en última instancia la suma de las aportaciones realizadas y una tasa de rentabilidad determinada por el crecimiento de la renta del conjunto de la sociedad.
Desde esta perspectiva, los recursos dirigidos a las pensiones contributivas del sistema público de reparto no deberían en un sentido estricto considerarse parte del proceso de redistribución personal de la renta en cada ejercicio y, por tanto, tampoco cabría considerar su influencia en un hipotético cambio en el grado de desigualdad dentro de esa distribución, sino de un ejercicio de solidaridad entre generaciones (proceso intertemporal). En este orden de ideas, la mayoría de las teoría de la Hacienda Pública reconoce la diferencia entre cuotas sociales e impuestos. De no reconocerles el carácter de salario diferido a las cuotas sociales, se da por válida la calificación alternativa de impuestos sobre el trabajo otorgada desde algunos sectores de opinión, con lo que se olvidaría su carácter de renta individual no consumida, con un destino específico en el futuro.
De acuerdo a esta última forma de medición, la función redistribuidora de las pensiones públicas españolas estaría limitada al efecto de los complementos por mínimos y de las pensiones no contributivas.
Espero que el contenido del capítulo pueda ser útil en el obligado debate que se debe realizar sobre el futuro de este importante instrumento del Estado del Bienestar.
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